En un hecho inédito dentro de sus cuatro décadas de operación, la Comisión Nacional de Energía (CNE) debió invalidar uno de los procesos que forma nparte de la tarificación del transporte de electricidad, la cual se está realizando por primera vez según lo establecido en la nueva Ley de Transmisión, normativa vigente desde 2016.
La CNE invalidó la calificación de las instalaciones de transmisión, un procedimiento que permite determinar quién pagará por el uso de los tendidos. Si se define que una línea es de tipo dedicado o de uso exclusivo, quien asume el costo del traslado de la electricidad por ella es el generador o bien el cliente libre al que abastece. Por el contrario, si de determina que la red es de tipo nacional (ex troncal) o zonal (subtransmisión antes del cambio legal) le corresponde pagar a todos los usuarios del sistema y entre ellos a los clientes residenciales, que representan más del 60% del consumo de electricidad del país, Diario Financiero.
La calificación de las líneas y subestaciones en estas tres categorías es la fase inicial de la tarificación de este servicio porque permite, posteriormente, la valorización de estas instalaciones y esto a su vez, arroja el valor anual a pagar la tarifa de transmisión, monto que se divide entre todos los consumidores de la energía en el sistema, en función de un sistema de estampillado.
El ente dependiente del Ministerio de Energía debió echar marcha atrás con lo dictaminado en los informes técnicos preliminar y final de calificación de instalaciones de transmisión para el período 2020-2023, porque detectó una serie de inconsistencias respecto de la denominación que recibieron al menos 16 instalaciones, de un total de 2.655.
“A raíz de la solicitud de información efectuada por el H. Panel de Expertos con fecha 5 de junio del presente año, esta Comisión ha identificado ciertas inconsistencias en la aplicación de la etapa 3 de la metodología de calificación, de ‘análisis de continuidad’” reconoció la entidad en una carta que el viernes recién pasado le remitió a todas las empresas y organismos que en el proceso de calificación se declararon como interesados.
En la misiva, la secretaria ejecutiva en ejercicio de la CNE, Carolina Zelaya, informa que esta situación afecta las resoluciones de aprobación de los dos informes mencionados, así como aquellas relativas a las respuestas a las observaciones recibidas al proceso.
“Estas inconsistencias, asimismo, afectarían las etapas regladas de presentación de observaciones y discrepancias, como la emisión del dictamen respectivo” dijo Zelaya, quien añadió que para asegurar la eficacia de este proceso se optó por iniciar un procedimiento de invalidación de todos los actos administrativos vinculados con este procedimiento de tarificación, lo que implica también la suspensión de la discrepancia ante el Panel de Expertos.
Lo que despertó la polémica en la industria, que por sus implicancias económicas observa de cerca la situación, es que el error no fuera detectado por los equipos técnicos de la CNE, sino que por el Panel de Expertos, instancia especializada que resuelve las discrepancias en el sector energético, a la que diez empresas del sector y un gremio acudieron para tratar de impugnar la calificación realizada por la autoridad.
“Debido a que estas inconsistencias podrían incidir en la valorización de las instalaciones (proceso posterior al de la calificación) la CNE ha iniciado un proceso de corrección. En lo práctico significa que el proceso de Calificación de Instalaciones de Transmisión se retrotraerá a las etapas previas, cuidando no afectar la posibilidad de todos los participantes de hacer valer sus derechos, y de terceros de efectuar sus observaciones y discrepancias posteriores a la decisión de calificación, en caso de estimarlo pertinente. De esta manera, la CNE garantiza el principio de juridicidad, consagrado en la Constitución Política de la República” dijo la entidad en forma oficial.
En la industria comentan que por sus características altamente técnicas era muy difícil que este error pudiera ser advertido por quienes dirigen la CNE, en este caso el anterior secretario ejecutivo, Andrés Romero, en cuya gestión se realizaron estos estudios, o su sucesora subrogante, razón por la que deslindan las responsabilidades en el área eléctrica.
Otras fuentes advierten que este hecho levanta suspicacias respecto de este y otros procesos y cálculos que son parte de la Ley de Transmisión y que debe realizar la CNE. Por lo pronto, temen que el número de instalaciones mal calificadas pudiera elevarse al realizarse de nuevo el proceso, o bien que sea necesario revisar las otras actuaciones que la comisión ha realizado conforme a esta reforma, con los consiguientes impactos y retrasos que pudiera implicar.
En tercer lugar, plantean que estos errores podrían responder también a vacíos en los modelos que están en la ley y que se produjeron por la rápida tramitación de la normativa en el Congreso.
FP/JC
