El presidente boliviano, Evo Morales, promulgó una ley que autoriza a un consorcio a realizar operaciones para la exploración y explotación de gas y petróleo, con una inversión de unos US$900 millones, en Iñiguazu, en la región fronteriza de Tarija (sur).
El consorcio está integrado por las empresas petroleras YPFB Andina, YPFB Chaco, Repsol, Shell y PAE.
"Estamos trabajando mediante el Ministerio de Hidrocarburos y YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos). Con este contrato se prevé confirmar la potencialidad del área de Iñiguazu, descubriendo e incorporando nuevas reservas hidrocarburíferas y generando más renta petrolera" en beneficio de los bolivianos, dijo Morales durante un acto en Tarija.
Según datos de la estatal YPFB, el área Iñiguazu tiene un potencial estimado en 1,2 trillones de pies cúbicos de gas natural y 43,9 millones de barriles de petróleo, detalló Xinhua.
Se prevé una producción de gas de ocho millones de metros cúbicos por día para una renta de US$5.150 millones.
De acuerdo con la petrolera boliviana, la participación accionaria de las empresas del contrato está compuesta por YPFB Andina con 46,5%, YPFB Chaco con 13,4%, Repsol con 15%, Shell con 15% y PAE con 10%.
Por su parte, el ministro boliviano de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, señaló que el futuro de las poblaciones del Gran Chaco, de Caraparí, Villamontes y Yacuiba está asegurado por las próximas décadas.
Agregó que ya ha sido identificada la ubicación del pozo exploratorio, el cual se tiene previsto perforar el próximo año.
La empresa Repsol será la encargada de operar el área Iñiguazu, que comprende una extensión de 64.375 hectáreas y se encuentra ubicada en la provincia Gran Chaco, Tarija, dentro de la zona tradicional hidrocarburífera de Bolivia.
En un inicio se realizarán trabajos de reinterpretación geológica y geofísica para definir el prospecto exploratorio y la consiguiente perforación de un pozo que alcanzará una profundidad estimativa de 6.600 metros, explicó Sánchez.
El ministro de Hidrocarburos señaló que toda la inversión para esos campos es a cuenta y riesgo de las empresas, no de las gobernaciones y municipios.
Además, puntualizó que se cumple con las normas ambientales.
FP
