Mientras se espera el posible tratamiento en la Legislatura del proyecto de zonificación minera, un grupo de docentes e investigadores de universidades nacionales de varias provincias, entre ellas Chubut, manifestó su apoyo a la iniciativa impulsada por jefes comunales de la región.

Nucleados en la “Red de académicos por una minería sustentable”, los docentes e investigadores expresaron que el proyecto para cumplir el artículo 2º de la Ley 5.001, en caso de aprobarse, “servirá para el desarrollo personal, familiar y social de los habitantes de la Meseta”, informó Diario Jornada.

“Lejos de los extremismos y los mitos, es la ciencia la que debe enseñarnos sobre lo desconocido, en particular sobre toda preocupación de los ciudadanos respecto de la actividad minera”, afirmaron.

La posición de la Red se contrapone a lo expresado por el Consejo Directivo de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco que se manifestó contra el proyecto de zonificación.

En este caso, los docentes e investigadores emitieron un comunicado con “su satisfacción por el debate público que se lleva adelante con respecto a posibilitar el desarrollo minero en Chubut”. En tal sentido celebraron “la realización de un debate amplio y sin preconceptos, donde se expongan democráticamente todas las opiniones, en un marco de respeto, con fundamentos técnicos y científicos”.

El comunicado lleva las firmas de Ricardo Alonso, de la Universidad Nacional de Salta; Marcelo Bellini, de la Universidad Nacional de San Juan; Rinaldo Herrera, de la Universidad Nacional de Catamarca; Roberto Lencina, de la Universidad Nacional de Tucumán; Juan Carlos Morando, de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, Hugo Nielson, de la Universidad Nacional de San Martín; Bernardo Parizek, de la Universidad Nacional de Cuyo; y de Roberto Sarudiasnky, de la Universidad Nacional de San Martín.

“Somos un grupo de trabajo independiente e inclusivo, que pretende generar y transferir conocimientos y experiencias sobre el desarrollo sustentable de los recursos naturales, ejecutando para ello acciones dirigidas a dar respuesta a las demandas sociales vinculadas con el uso de esos recursos; contribuir a la resolución de conflictos; asistir a los actores sociales involucrados; difundir información a las comunidades, a las empresas y a las autoridades políticas; y contribuir a la obtención de la licencia social”, señalaron.

“Sumamos nuestra opinión para contribuir a la discusión respetuosa y constructiva, basados en nuestros conocimientos, como profesionales formados en el país con el objetivo de contribuir al desarrollo sustentable de su riqueza”, agregaron.