Novedades judiciales que impactan en el sector minero.
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la detención del el ex secretario de Minería, Jorge Mayoral, del ex ministro de Planificación Julio De Vido, de su ex segundo Roberto Baratta, y el ex gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta en el marco de la causa por presunto pago de sobreprecios en las obras de la usina Río Turbio.
El pedido incluyó al empresario Juan Carlos De Goycochea, de Isolux, quien estuvo detenido en la causa de los cuadernos de las coimas de la obra pública; a Ernesto Maxit de la misma empresa; y a Miguel Larregina, ex coordinador de YCRT.
La causa está en poder del juez federal Claudio Bonadio, que había sobreseído a los acusados, pero un fallo de la Cámara Federal que hizo lugar a una apelación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el caso se reabrió.
Luego de esa resolución, un peritaje arrojó que se habían pagado sobreprecios, tal como había establecido en un informe la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).En ese documento, la SIGEN estableció que el precio de la obra se modificó 11 veces desde su costo inicial, llevando su valor de US$ 857.341.128 a 1.631.355.105, según recordó El Zonda.
“La oferta realizada por la UTE, quien fijó los costos en un valor de U$S 857.341.128, equivalente a $ 2.662 millones. Sin embargo, como consecuencia de las variaciones y posteriores contrataciones otorgadas a Isolux Corsán en el marco del mismo proceso licitatorio el nuevo valor de contrato ascendió a la suma de U$S 1.726.251.982”, remarcó el fiscal Marijuan en su pedido.
En ese sentido, el fiscal sostuvo que existió “ausencia de controles, falta de evaluación de las áreas competentes encargadas de salvaguardar el patrimonio del Estado y el incumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en la licitación”.
El pedido hecho por Marijuan ante Bonadio es la raíz de una denuncia presentada por el diputado Juan Carlos Morán, a partir de la intervención de la firma Isolux Corsan, de origen español, a partir de irregularidades en la construcción de la usina de Río Turbio.
En su denuncia, el actual interventor de YCRT destacó que “el Yacimiento, la Central Térmica y los Servicios Ferroportuarios, recibieron transferencias de dinero en el período comprendido entre el año 2005 y 2015 una suma aproximada a los $26.000.000.000 (monto histórico), siendo que en los dos últimos años, se concentró un gasto estimado en la suma de $ 10.000.000.000.
No obstante semejante inversión, el nivel de deterioro y abandono que exhibe el Yacimiento conforme el material documental , deviene inversamente proporcional a aquellas transferencias de fondos·.
Mayoral, se encuentra además procesado por el juez federal Sebastián Casanello- sin prisión preventiva - junto al ex secretario de Ambiente Sergio Lorusso, por “abuso de autoridad”, con embargos de dos millones de pesos.
En dicho proceso, a Mayoral “se le reprocha el incumplimiento de promover estudios e investigaciones para evaluar, planificar y coordinar el racional aprovechamiento de los recursos mineros del país, contemplando la preservación del medio ambiente” y de “promover e instrumentar un sistema de monitoreo ambiental”, sostuvo el magistrado.
