Una comitiva viajará en dos semanas a Nueva York. Deberán presentar un recurso de certiorari antes del 1 de noviembre para que la demanda millonaria por la estatización de YPF quede en "stay".

El Gobierno espera ganar tiempo y aire cuando, antes del 1 de noviembre, presente un recurso de certiorari a la Corte Suprema de Estados Unidos, ante una demanda millonaria por la estatización de YPF.

 De esta manera, podría ganar meses mientras se define si la demanda que inició Burford por las acciones que estaban en poder del grupo Petersen (más de u$s 4000 millones), se resuelven en jurisdicción nacional.

 El Procurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, festejó la resolución de la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, este martes, cuando concedió un stay (o cautelar) por 30 días al Estado nacional y a YPF. La magistrada respondió así luego de que el Estado apelara ante la Cámara, para que el juicio se mude a tribunales locales.

 La estrategia del Estado e YPF es presentar antes del 1 de noviembre un recurso de certiorari (o recurso extraordinario) a la Corte. De esta manera, la demanda contra YPF se mantendrá automáticamente en "stay" hasta que defina el máximo tribunal de Estados Unidos. Ese período se puede extender hasta un año, lo que daría a la gestión de Macri aire, mientras busca equilibrar las cuentas, a través del acuerdo con el FMI, precisó El Cronista

En cambio, si el Gobierno presenta el recurso de certiorari después del 1 de noviembre, el mandato deberá ser emitido en 30 días. En este escenario, la jueza Preska tendrá jurisdicción sobre la demanda y el Estado deberá pedirle a la magistrada que mantenga los casos en "stay" mientras la Corte resuelve el recurso de "certiorari".

Pero en Casa Rosada temen que este escenario presentará más riesgos ya que la jueza podría no esperar la resolución del máximo tribunal. De hecho, la reemplazante del fallecido juez Thomas Griesa en julio ya asestó un revés al Estado.

El próximo 17 de octubre una misión argentina viajará a Nueva York para ingresar al certiorari a la Corte de Estados Unidos. Desde ese momento, la cautelar se extenderá hasta que defina el máximo tribunal. La comitiva estará integrada por el procurador Saravia Frías, en representación del Estado, y el asesor presidencial Fabián Rodríguez Simón, en representación de YPF.

A ellos se sumará el letrado Marcelo Rufino, que pertence al estudio Romero, Carranza, Rufino & Otero Monsegur, y está en el armado de la estrategia de la petrolera. En el Gobierno tienen esperanzas de que la Corte revea la decisión de la jueza Preska.

Para eso contrataron a Kathleen Sullivan —de la firma Quinn Emanuel Urquhart & Preska Petersen Sullivan— quien se destaca por presentarse ante el máximo tribunal de Estados Unidos. Toda esta estrategia se abrió desde que la jueza resolvió un "stay" este martes por 30 días. La resolución fue una sorpresa ya que la magistrada había fallado en julio que el caso se debe resolver en Estados Unidos.

 La jueza considera que afecta el derecho comercial porque la estatización de YPF en 2012 no incluyó ofertas a los socios minoritarios, como el grupo Petersen, de la familia Eskenazi. De ahí que Burford Cpaital encabezó una demanda contra el Estado e YPF, tras adquirir los derechos para litigar por las compañías del grupo Petersen. En esa línea, la jueza el martes podría haber resuelto comenzar con el juicio, pero concedió un "stay" lo que habilitará al Gobierno a recurrir ante la Corte Suprema.