La primera sala se reunirá este miércoles para escuchar alegatos de la Asociación de Mariscadores de Los Choros, quienes declaran inconstitucional la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta en su aprobación al proyecto de Andes Iron.
Ajetreadas han estado las últimas jornadas en el Tribunal Constitucional. El organismo ubicado en calle Huérfanos y que el lunes recibió a los abogados de Tianqi, Nutrien, grupo Pampa, Conadecus y a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), para ver la admisibilidad del recursos que interpuso Julio Ponce para dilatar el ingreso de Tianqi a la propiedad de SQM, ahora recibirá a los oponentes de Dominga.
El proyecto de hierro que lidera Andes Iron revivirá este miércoles, cuando a las 15 horas se reúnan los ministros de la primera sala del TC, presidida por el abogado Iván Aróstica, para escuchar los alegatos de la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros, quienes el 14 de septiembre pasado presentaron un requerimiento por inaplicabilidad ante el organismo constitucional y que busca revertir el veredicto del Tribunal Ambiental de Antofagasta por considerar que se infringe la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.
En general, el gremio que se ubica en las cercanías donde se emplazará el terminal portuario que está contemplado en el proyecto minero, señala en su documento patrocinado por el abogado Diego Lillo, de la ONG Fima, que el Tribunal Ambiental fue discriminatorio al declarar suficiente la línea de base marina presentada por Andes Iron, pese a que no existe una guía metodológica que oriente a los participantes, precisó La Tercera
“Así, la aplicación del artículo 81 letra d) de la Ley 19.300 se torna inconstitucional para el caso de autos, ya que siguiendo el razonamiento empleado por el Tribunal, la Administración se encontraba impedida de establecer que la línea de base era insuficiente debido a la ausencia de una guía metodológica marina.
Esto trae como consecuencia inhibir todo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como mecanismo generado para prevenir la generación de impactos, y como uno de los principales instrumentos ambientales garantes del derecho constitucional a vivir en un medioambiente libre de contaminación”, indica el documento.
Con esto, el avance del proyecto que busca emplazarse en la IV Región y cuya propiedad está a nombre de las familias Délano y Garcés, seguirá paralizado, pues recién el jueves se podría conocer si el TC declara la admisibilidad o no del recurso y si se comenzará a analizar el fondo de la causa. De declararse admisible, el caso se dilataría en 292 días en promedio y retrasaría además el proceso que en paralelo la ONG Oceana inició en la Corte Suprema luego de que en abril de este año, el Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenara retrotraer el proceso de aprobación ambiental de Dominga hasta la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (Coeva), instancia que una vez solucionado estos recursos, debería nuevamente votar y argumentar su postura respecto de la iniciativa.
En Andes Iron están expectantes de lo que pueda suceder mañana. La firma también se presentará ante el TC, y en sus 10 minutos de exposición destacará los alcances del informe en derecho que han presentado en la instancia, diseñado por Enrique Navarro, profesor titular de derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En el documento se indica que la “la acción presentada debería ser declarada inadmisible en atención a que carece de fundamento razonable al no explicar y justificar las supuestas infracciones en el caso concreto”.
Según el informe, el recurso se encuentra dirigido más bien contra el mérito de la resolución judicial dictada por el Tribunal Ambiental. Añaden que “se plantea un problema de legalidad o de discusión abstracta acerca del alcance de la norma”. Y finalmente alegan que “el precepto en cuestión no tiene el carácter de decisivo en la gestión judicial pendiente seguida ante la Corte Suprema, lo que el propio Tribunal Ambiental hizo presente en la sentencia”.
