El Consejo Regional de Puno aprobó por mayoría declarar de interés la importación de gas de Bolivia. La medida se tomó, según los consejeros que votaron a favor, por la necesidad que hay del combustible y porque el país vecino mostró interés, a través de su presidente Evo Morales, en vender gas a Puno y otras regiones del sur de Perú.
El consejero Jorge Zúñiga, quien se abstuvo, aseguró que la votación supone la emisión de una ordenanza, pero no existe proyecto de su contenido. “Se impuso la mayoría”, declaró.
El acuerdo ha generado diferentes reacciones a favor y en contra. Por un lado, los dirigentes de Puno respaldan la medida, pese a que ha sido calificada como antitécnica. Incluso amenazan con iniciar protestas si el Gobierno no permite a la región altiplánica importar gas.
Para el expresidente de Petroperú, Humberto Campodónico, se trata de una medida de carácter político, que viene a ser una llamada de atención de las autoridades de Puno al gobierno peruano ante la necesidad de contar con gas barato para su región, lo que está postergado desde hace años por intereses de empresas que se oponen a la construcción del gasoducto.
Explicó que, más allá del mensaje, se trata de una iniciativa complicada de realizar, pues un ducto que atraviese la frontera de un país tiene que ser un tema nacional y se tiene que definir quién va a pagar las inversiones, qué precio va a tener y cómo se recuperará la inversión, publicó El Deber.
El especialista en Hidrocarburos Antonio Gamero Márquez y el abogado especialista en Derecho Administrativo Jorge Sumari Buendía calificaron como “un saludo a la bandera” la emisión de la ordenanza del Consejo Regional de Puno.
Jorge Sumari Buendía señaló que un gobierno regional no puede mantener un convenio con un país como Bolivia para comprar gas, porque no son sus competencias. Eso se especifica en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Los únicos que tienen injerencia en esos temas son el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Energía y Minas. Por lo tanto, es inconstitucional.
Aclaró que la sola aprobación de una declaración de interés por la importación de gas de Bolivia podría acarrear sanciones contra los consejeros regionales.
Explicó que el impedimento no solo es legal, sino también económico, pues para ejecutar proyectos de esta magnitud el Ministerio de Economía y Finanzas tendría que dar presupuesto, ya que un gobierno regional no puede cubrir las sumas millonarias por la transferencia del hidrocarburo.
Para Sumari, si Puno continúa con esta iniciativa, el Ministerio Público y la Contraloría iniciarán investigaciones por usurpación de funciones. “Un gobierno subnacional no está facultado para importar gas. Es una provocación al Estado de parte del gobernador de Puno (Walter Aduviri)”, indicó.
Por su parte, Antonio Gamero sostiene que la idea que tendrían las autoridades de la región Puno es beneficiar a la población con gas más barato. Sin embargo, ello no se logrará con una ordenanza porque el Estado no funciona así. Es más, hay un proyecto que se está desarrollando actualmente en el sur del país y busca masificar el gas natural en siete regiones, entre ellas Puno.
Si la propuesta se concreta, Puno no podrá adquirir el gas de otro país que no sea el ganador de la licitación. Gamero señaló que, por lo menos, deberían pedir al Estado que los excluya del proyecto si quieren concretar algo con Bolivia, pero a la fecha no lo hicieron
En Puno, los dirigentes apoyan la importación de gas a Bolivia; por ello, se reunirán para sentar una posición sobre el tema.
Víctor Huarcaya, dirigente del distrito de Ácora, consideró que son grandes intereses los que están impidiendo que el gas de Bolivia llegue al Altiplano.
“Nunca le hemos importado al Gobierno. Y sí estamos de acuerdo con que venga de Bolivia. Si es más barato, por qué no”, aseguró.
José Cutipa aseguró que el tema será llevado a un debate; en el cual si se aprueba apoyar la propuesta, lo harán con huelgas y paros.
Para el congresista por el Frente Amplio, Justiniano Apaza, las autoridades y dirigentes de Puno deben presionar al Estado para que se ejecuten los proyectos de gas natural en su jurisdicción y que otras regiones se sumen para exigir la aceleración de las iniciativas.
“Tienen que ser realistas (en Puno), por más que quieran importar gas, todos los tratados internacionales se hacen entre países y no por regiones. Se debe exigir al Gobierno el gasoducto peruanopara beneficio no solo de los hogares, sino del comercio e industrias”, indicó.
