Tras ocho años de tramitación, el Congreso aprobó el proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, y que deroga el otorgamiento de recursos para las FF.AA. mediante la Ley Reservada del Cobre.
Este último punto ha marcado el debate y la tramitación de la iniciativa, ya que el traspaso de recursos de las ventas de Codelco para las FF.AA. se había mantenido por 61 años, desde que fue promulgada en 1958 bajo el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Y fue en agosto de 2018 cuando el Presidente Sebastián Piñera firmó las indicaciones a la iniciativa incluyendo el fin a este cuestionado sistema.
La sala de la Cámara aprobó la iniciativa completamente, pero en algunos puntos con votos en contra de Revolución Democrática.
Las gestiones realizadas por el ministro de Defensa, Alberto Espina, y el compromiso con la oposición de estudiar un proyecto que permita que el sistema de compra de las FF.AA. sea realizado por las autoridades civiles -el cual debiera presentarse en los próximos seis meses al Congreso- ayudaron a destrabar la iniciativa en el Parlamento.
“Son 60 años de un sistema de financiamiento de nuestras FF.AA. que no tiene justificación”, indicó Espina previo a la votación. Asegurando que los parlamentarios inscribirían su nombre en la historia de Chile para dar “un paso trascendente” en el sistema de otorgamiento de recursos para las ramas de la Defensa.
“No hay ninguna razón para que el Cobre y Codelco tengan que ser quienes financien las FF.AA., que debieran ser financiadas por los recursos de la nación”, agregó Espina.
Desde la oposición valoraron el gesto realizado por Espina respecto al sistema de compras, lo que permitió que comprometieran su voto a favor de la derogación de la Ley Reservada del Cobre.
A pesar de la derogación del financiamiento mediante el cobre, subsistirá el impuesto del 10% a beneficio fiscal por un período de nueve años, disminuyendo desde el año diez un 2,5% por año hasta llegar a 0% 12 años después.
La modificación de los “pisos mínimos” por un aporte basal de financiamiento de las FF.AA. fue uno de los puntos más polémicos de la iniciativa durante su votación en la sala.
En las intervenciones previas, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara, Jorge Brito (RD), ya hacía hincapié en este tema. “No se justifica mantener un aporte basal mínimo de casi 500 millones de dólares para material de guerra (…). Si vamos a financiar plurianualmente a 5 años de lo que necesitamos, ¿por qué se fundamenta un aporte basal mínimo de casi 500 millones de dolares?”, sostuvo Brito.
Asegurando que esto se daba por la “desconfianza” y que para enfrentarla “necesitamos trabajar y mejorar las políticas públicas”.
Este punto marcó la previa de la votación. Tras la sesión de la comisión de Defensa, ayer en la tarde donde se analizó las indicaciones del Senado, el ministro de Defensa, Alberto Espina, se reunió con Brito en su oficina para poder definir la forma en que se votaría en la sala el proyecto.
Hoy las gestiones continuaron temprano por teléfono, y después con gestiones en la sala. El gobierno buscaba que no se votara en particular, que es lo que buscaba Brito, esto para evitar que se votara en contra el artículo relativo al aporte basal de financiamiento, ya que RD había anunciado que votarían en contra este punto.
Previo a la votación, Espina salió a aclarar el tema frente a los diputados presentes en la sala: “El aporte basal no es un piso mínimo. No es un piso. El aporte basal significa que el Parlamento resuelve un porcentaje de lo que es ele mantenimiento de nuestras capacidades que se incorpora o sino no podemos mantenerlas. Este aporte basal es el mantenimiento actual de nuestras capacidades”, indicó.
“Si no tenemos ese aporte basal, tal como se dijo, la señal que se envía de debilidad de la capacidad de nuestro país de a lo menos mantener nuestros ingresos es imposible”, agregó.
Finalmente, este punto también fue aprobado por los diputados.
Según información del Ministerio de Defensa, éstos son los puntos claves que explican el nuevo sistema:
1- Se elimina el piso mínimo para actividades generales de las Fuerzas Armadas establecido en la Ley de Presupuestos.
2- Se establece la Política de Defensa como criterio orientador de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional, la que se verá concretizada en la Planificación para el Desarrollo de la Fuerza que tendrá una duración no inferior a 8 años. De dicha planificación se derivará un plan cuatrienal de inversiones.
3- Se crea el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas, cuya finalidad es darle estabilidad a las inversiones en el sector defensa que se realizan a mediano y largo plazo. Es de asignación presupuestaria y ejecución extrapresupuestaria, y está destinado a financiar, en base a un programa de inversiones a cuatro años conforme a la planificación del desarrollo de la fuerza:
-Material bélico
-Infraestructura asociada
-Gastos de sostenimiento
4- Se crea un Consejo del Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas que estará encargado de la programación y control de flujos financieros. La administración financiera de los recursos del fondo estará a cargo del Banco Central.
5- Ley de Presupuestos de cada año deberá contener la proyección del aporte anual del año cuarto, considerando el programa cuatrienal de inversiones, para la aprobación del Congreso Nacional.
6- Se establece un aporte basal para el mantenimiento, sostenimiento y actualización de las capacidades estratégicas existentes, corresponderá al monto promedio de los aportes basales enterados al Fondo en el periodo de los seis años inmediatamente anteriores al año en que se aprueba el aporte anual.
Este punto fue el más debatido durante la votación en sala, ya que desde Revolución Democrática deslizaron dudas sobre este sistema. Finalmente, la Cámara lo aprobó.
7- Se crea un Fondo de Contingencia Estratégico para enfrentar situaciones de crisis y financiar material bélico severamente dañado como consecuencia de emergencias o catástrofes. También se puede utilizar para anticipar una adquisición de material bélico contemplada en la planificación del desarrollo de la fuerza, cuando por las características y disponibilidad sea necesaria dicha adquisición para mantener o desarrollar las capacidades estratégicas. La administración financiera de los recursos del fondo estará a cargo del Banco Central.
8- Se crean siete controles civiles y democráticos. Se incorporan nuevos controles por parte de la Contraloría General de la República (CGR) y por elCongreso Nacional.
Estos son:
*Control ejercido por las Comisiones de Defensa del Congreso Nacional, previo a la discusión presupuestaria. Durante el primer semestre de cada año y previo a la discusión presupuestaria, el Ministerio de Defensa Nacional deberá presentar, ante las comisiones técnicas de cada Cámara, la actualización del programa cuatrienal de inversiones debiendo explicitar los ajustes correspondientes al cuarto año, de acuerdo a la planificación del desarrollo de la fuerza que se deriva de la Política de Defensa.
*Control ejercido por el Congreso Nacional, en la discusión de la Ley de Presupuesto. La Ley de Presupuestos de cada año deberá contener la proyección del aporte anual que se deba efectuar correspondiente al cuarto año del programa cuatrienal de inversiones, para su aprobación por el Congreso Nacional.
*Control de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los decretos que aprueban los proyectos del programa cuatrienal de inversiones. La CGR podrá formular observaciones al decreto y ordenar una auditoría, remitiendo los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado o al Ministerio Público, si correspondiere. También, el organismo fiscalizador podrá ejercer revisión sobre el financiamiento e inversiones de las capacidades estratégicas. Estableciendo el procedimiento para llevar a cabo la fiscalización y control sobre la inversión y gastos en defensa, la que será reservada.
*Control ejercido por las comisiones técnicas del Congreso Nacionalrespecto de las políticas y planes de la defensa nacional. El Ministro de Defensa Nacional deberá informar a la Cámara de Diputados y al Senado respecto de las políticas y planes de la Defensa Nacional, especialmente, sobre la planificación de desarrollo de la fuerza, los proyectos específicos en que se materialice y las observaciones formuladas por la CGR a estos decretos.
*El Parlamento también ejercerá un rol sobre la forma de materialización de las capacidades estratégicas. El Ministro de Defensa Nacional deberá informar una vez al año, en sesión conjunta y secreta de las comisiones de Defensa Nacional del Congreso Nacional, cómo se están materializando las capacidades estratégicas definidas en la planificación del desarrollo de la fuerza. Así mismo jugará un rol fundamental en relación al anticipo de adquisiciones. Deberá informarse en sesión secreta a las comisiones técnicas de cada Cámara del Congreso Nacional.
9- Se suprime el piso mínimo de gastos reservados contemplado para las Fuerzas Armadas, en virtud del ingreso del proyecto de ley sobre información y rendición de gastos reservados.
10- Se incorpora obligación de presentar un proyecto de ley que regule el sistema de compras de capacidades estratégicas. En éste, se establece que, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la ley, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley que regule el sistema de compras que se realice con cargo al Fondo Plurianual para las capacidades estratégicas. El proyecto de ley deberá incorporar mecanismos de control civil y democrático, resguardando el secreto o la reserva cuando corresponda. Además, se incorpora la obligación de dictar.
Fue justamente este compromiso realizado por el ministro de Defensa, Alberto Espina, el que permitió destrabar la votación de la iniciativa en la sala.
11- Se establece que los recursos remanentes de la Ley Reservada del Cobre, serán incorporados al Fondo de Estabilización Económica y Social, establecido en la ley N° 20.128, sobre responsabilidad fiscal.
12- Se deroga la ley N° 13.196, Reservada del Cobre, subsistiendo el impuesto del 10% a beneficio fiscal por un período de nueve años, disminuyendo desde el año diez un 2,5% por año hasta llegar a 0% en el año doce.
En el ideario popular, es muy probable que se crea que la Ley Reservada del Cobre fue instaurada durante el régimen de Augusto Pinochet. En rigor, lo que hizo la dictadura fue reformarla en siete oportunidades, entre 1973 y 1987. Sin embargo, el origen de esta normativa que obliga a destinar ingresos de la venta del metal rojo para la adquisición de armas y pertrechos para la defensa nacional en un esquema de completa reserva es mucho más antiguo.
La Ley Reservada del Cobre fue promulgada en enero de 1958, durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Desde el comienzo, el texto de esta Ley N° 13.196 fue concebido como secreto, motivo por el que su publicación se realizó en una edición limitada del Diario Oficial. Recién en 2016, los chilenos pudieron conocer el contenido de esta controvertida normativa.
El hecho clave para que el Congreso aprobara la Ley Reservada del Cobre fue el denominado Incidente del islote Snipe, emplazado en el Canal Beagle y cercano a las islas Picton, Lenox y Grande.
Durante el transcurso de 1958, Chile y Argentina reclamaban la soberanía del Snipe. Y la mayor tensión se produjo el 9 de agosto de ese año, cuando el destructor argentino ARA San Juan disparó cuatro cañozanos, acto que precedió al desembarco al islote de 120 infantes del país vecino. El gobierno de Ibáñez reaccionó con dureza: retiró al embajador en Buenos Aires, y ordenó el envío de la Armada para desalojar a los argentinos. Sin embargo, el 17 de agosto se firmó un acuerdo entre ambas naciones, que evitó lo que parecía el inicio de una guerra.
Sin embargo, las hostilidades entre Chile y Argentina no se detuvieron. De hecho, en 1978 se estuvo muy cerca de una guerra. Por esta razón, y con la finalidad de potenciar las Fuerzas Armadas ante un eventual conflicto bélico, el parlamento dio luz verde a la Ley Reservada del Cobre, que este miércoles vivió su capítulo final luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto que establece su derogación después de 61 años de vigencia.
La Ley Reservada del Cobre mantuvo su condición de secreta hasta el 22 de diciembre de 2016. Para que la perdiera, el Congreso aprobó la Ley 20.977 -originada en moción de los diputados de la época Jaime Pilowsky, Ricardo Rincón, Marcelo Schilling, René Saffirio, Guillermo Ceroni y Yasna Provoste-, que en su artículo único señaló que esta Ley del Cobre “dejará de tener el carácter de secreto o reservado a contar de la fecha de publicación de esta ley”.
Aquel 22 de diciembre, y apenas los chilenos pusieron un ojo en el texto, uno de los ítemes que más sorprendió fue el piso de US$ 180 millones que la ley establecía como aporte del cobre para las Fuerzas Armadas, según está consignado el artículo primero.Este fin del secretismo, además, se produjo en el contexto del denominado caso “milicogate”, en el que miembros de las Fuerzas Armadas perpetraron delitos de fraude y desviación de fondos públicos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
La gestión de Nelson Pizarro como presidente de Codelco será recordada por lo llamativo de sus frases. De ellas, la más emblemática fue “no hay plata, viejo, entiéndeme, no hay un puto peso”.Aquella peculiar sentencia la mencionó en el seminario Aporte de la Minería al Desarrollo de Chile, en agosto de 2016. Y con ella, el directivo graficó los fuertes ajustes económicos que tuvo que realizar en estatal para revertir la compleja situación financiera que acarreaba.Y el delicado momento económico, además, obligó al gobierno a capitalizar a Codelco de manera adicional en 2016 para que evitar que la minera se endeudara para cumplir con las obligaciones de la Ley Reservada del Cobre. No eran días fáciles.¿Cómo se financiarán las FF.AA.?
