Se trata de Xavier Luis Ochoa Paressini, quien ayer fue indagado en el Juzgado Federal Nº2, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, y se desligó de cualquier omisión en la tarea de control y conservación del lugar. Según fuentes ligadas a la causa, manifestó que no estaba claro el límite entre Argentina y Chile, por lo que no podía saber si los desechos estaban de un lado o de otro o dentro o fuera de la propiedad cuando se arrojaron. 

Los Pelambres trasladó unas 40 millones de toneladas de rocas y desechos de su mina en el país vecino hacia la montaña calingastina desde 2006 a 2012. En ese último año, en Pachón SA comenzaron con las intimaciones luego de que la Comisión Mixta de Límites Chile-Argentina densificara la zona. En 2014 el conflicto subió de tono, ya que entabló la demanda contra la minera trasandina y un año después radicó la denuncia. Si bien el área se densificó en 2012 (es decir, se remarcaron los hitos), los límites entre ambos países están establecidos desde el año 1900, explicaron las fuentes.

Tanto en el Juzgado como en Fiscalía y la defensa hubo hermetismo sobre la declaración de Ochoa Paressini. De hecho, éste se negó a hacer manifestaciones antes los medios, pero aún así trascendió su estrategia defensiva y que hubo un pedido de sobreseimiento por parte de sus abogados. El exejecutivo está en la mira por su presunta infracción a la ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Esto es, la intervención de directores, gerentes y administradores de una empresa en el delito de contaminación.

 

El juez como el fiscal Francisco Maldonado buscan determinar si Ochoa Paressini, por entonces uno de los responsables del proyecto de cobre, omitió realizar un "efectivo control sobre el medio ambiente, procurando mantenerlo a salvo de riesgos externos". Es que Pachón SA, como propietario del terreno en posesión de la pertenencia minera, tiene un deber de custodia y la obligación de conservar la zona de cualquier tipo de peligro. No es el único que está bajo la lupa, ya que hoy serán indagados Luis Enrique Lucero (exdirector titular) y Julián Patricio Rooney (exvicepresidente).

Pachón SA, que a su vez pertenece a la multinacional Glencore, también fue sancionado con una dura multa por la gestión uñaquista por el tema de la escombrera. Inclusive, el Gobernador y el ministro de Minería, Alberto Hensel, se reunieron con las actuales autoridades para exigirles que definan qué van a hacer con el proyecto de cobre. Además, salió a la luz que el Consejo Minero le dio de baja a la concesión que la empresa tiene sobre otra mina (Ver aparte).

En cuanto a la investigación judicial, Rago Gallo ya indagó a Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery, Robert Mayne-Nicholls, de la minera Los Pelambres, y a Francisco Veloso, de Antofagasta Minerals, el grupo que controla la empresa trasandina. Así, debe definir si los procesa o no por la construcción de la escombrera.

Máxima sanción

El Gobierno le aplicó a Pachón la sanción más dura que contempla el Código de Minería por el tema de la escombrera. Además, es la primera que se instrumenta a una empresa que se encuentra en la etapa de exploración de un emprendimiento. La multa fue de 41.491.200 pesos por cuatro cargos, entre los que se encuentra la negligencia y la falta de protección ambiental al omitir o no haber comunicado en forma inmediata a la autoridad minera la existencia de la escombrera. Tras una cautelar ordenada por Rago Gallo, la minera Los Pelambres ya ha sacado unos 13 millones de toneladas, por lo que el retiro puede finalizar en cuatro años y medio.

Baja a una concesión

El Consejo de Minería le dio de baja a una concesión que la empresa Pachón SA tenía sobre una mina. La resolución impacta sobre una zona denominada Carnicería I, al Norte del área principal del yacimiento El Pachón. De acuerdo a lo que explicó Carlos Astudillo, secretario Técnico del Ministerio y miembro del Consejo, la quita se debió porque la empresa no llevó adelante la "labor legal", esto es, el trabajo de campo y las perforaciones necesarias correspondientes a una exploración minera. Se trata de un área que supera las 100 hectáreas. Por otro lado, confirmó que hay otras tres zonas en estudio que se podrían dar de baja.