La disolución del Congreso del 30 de septiembre reduci/rá el crecimiento de la economía peruana. La incertidumbre política que genera la medida del presidente Martín Vizcarra afecta la inversión privada y la capacidad del gobierno de ejecutar inversión pública. “Este doble efecto nos lleva a reducir nuestras proyecciones de crecimiento de 3.1% a 2.3% para el 2019, y de 3.7% a 3% para el 2020”, señala un reporte de Scotiabank de esta semana.
Pero el panorama podría empeorar. Los recortes en las proyecciones serían mayores si el Tribunal Constitucional (TC) falla en contra del gobierno (ver gráfico Escenarios). No obstante, ese sería el escenario de mayor riesgo y los analistas consultados coinciden en que lo más probable es que Vizcarra llegue como presidente a las elecciones del 2021, con un Congreso menos adverso al disuelto tras las elecciones parlamentarias del 2020.
El impacto económico del 30 de septiembre depende del resultado de la ruleta del Tribunal Constitucional.
El escenario más probable sería el menos negativo para la economía: que el proceso previsto en la Constitución continúe y haya nuevas elecciones parlamentarias el 26 de enero. El riesgo de este proceso radica en que fuerzas de izquierda logren una representación importante en el Congreso, lo que podría llevar a un cambio en las reglas de juego para los empresarios y a una menor inversión.
En el otro extremo de la ruleta está el escenario en el que el TC declara fundada la demanda competencial anunciada por la Comisión Permanente. Esto derivaría en una eventual destitución de Vizcarra como presidente y en que Pedro Olaechea asuma la posición hasta que convoque nuevas elecciones generales. Ello prolongaría la incertidumbre y tendría el mayor impacto sobre la confianza empresarial, según Abhijit Surya, analista de The Economist Intelligence Unit.
Este escenario es poco probable. La demanda tendría que ser aprobada por el Pleno del Congreso, y algunas voces sotienen que ello no podría darse porque el Pleno fue disuelto. “Quien tiene que decidir sobre la admisibilidad es el Tribunal Constitucional”, comenta Milagros Revilla, profesora de derecho constitucional de la Universidad del Pacífico. Tras la admisión de la demanda, ésta tendría que ser declarada como fundada por cuatro magistrados —de un total de siete— del TC, y la actual composición del organismo tiene mayoría con tendencias contrarias al fujimorismo. Así, la aprobación de la demanda dependería de que el abogado Gonzalo Ortíz de Zevallos —controversialmente nombrado por el Congreso como miembro del TC — jure como magistrado de la entidad.
En cualquiera de los dos escenarios habría una reducción de la actividad económica del próximo año, aunque en distintas medidas. La incertidumbre sobre el resultado de la ruleta reducirá la confianza empresarial, lo cual hace que los inversionistas aplacen decisiones de inversión. “El golpe en las expectativas debería verse en el primer semestre del 2020. En nuestro escenario base [que supone la continuidad de Vizcarra] hemos revisado a la baja el crecimiento del próximo año de 3.2% a 2.8%. El peor escenario cambia todos los supuestos; aún no lo puedo cuantificar”, dice Eduardo Jiménez, analista senior de Macroconsult.
Pese a los recortes de proyecciones, los analistas coinciden en que la fortaleza macroeconómica del Perú mitigará el impacto de la crisis actual. Las tres calificadoras de riesgo más importantes —Fitch, Moody’s y S&P— emitieron comunicados luego de la disolución del Congreso ratificando la calificación crediticia del país. “Esperamos que la crisis política golpee a la confianza empresarial, inversión y crecimiento económico, pero esperamos que la solidez de las instituciones económicas resista la crisis, como ha ocurrido en el pasado”, dice el reporte de Moody’s. La agencia recortó sus proyecciones de crecimiento de 3.2% a 2% para el 2019 y de 3.7% a 3% para el 2020.
La revisión para este año responde a que la tensión política reduce la probabilidad de una recuperación de la inversión privada en los tres meses que quedan. “Pensábamos que la incertidumbre que venía limitando la inversión no minera se iba a resolver con la elección adelantada, o iba a caer hacia el 2021. Ahora pensamos que ya no habrá recuperación”, explica el comunicado de Moody’s. La disolución del Congreso ha alineado las proyecciones de los analistas más optimistas a las de los pesimistas, que ya esperaban un crecimiento alrededor de 2% desde agosto, por la baja actividad económica del segundo trimestre (SE 1674). Consultoras como Macroconsult —que proyecta un PBI de 2.4% para el 2019 desde agosto y no ha revisado la cifra— incluso esperan una recuperación.
La mayor tensión política no ha gatillado una salida de capitales extranjeros del país. El tipo de cambio se mantuvo estable tras la disolución, y los spreads de los bonos soberanos —que reflejan el riesgo país— “no se ampliaron más que en Colombia, Chile y México”, según un informe de Capital Economics.
Tampoco habría un cese de las inversiones extranjeras de largo plazo. “Los inversionistas entran a Perú para quedarse 10, 20 o 30 años. Claramente la compra de China Yangtze Power a a Luz del Sur se está dando en un contexto de ruido político y no por eso se están retirando”, explica José Antonio Blanco, CEO de BTG Pactual Perú.
La disolución del Congreso no tuvo consecuencias financieras en el corto plazo por la estabilidad macroeconómica del Perú. Sí alejó la posibilidad de una sorpresa en la inversión privada hacia el cierre de este año y llevó a que los analistas más optimistas sinceren sus proyecciones. El impacto concreto sobre la actividad económica del ruido generado se materializará el próximo año. La magnitud dependerá de la decisión del Tribunal Constitucional. ■
