Termómetro social, el 80% de los chilenos considera necesario cambiar la Constitución
La Moneda busca que, a partir de la próxima semana, los alcaldes inicien el proceso, que durará entre 60 y 90 días. Aunque habrá un temario, se permitirá incluir nuevas materias. Tendrá un comité directivo y otro de observadores.
“Un gran diálogo ciudadano”. Así se llamará el proceso de consultas ciudadanas que iniciará el gobierno para enfrentar la crisis social que se desencadenó a raíz del alza de la tarifa del Metro y que se extrapoló a otras demandas.
Aunque suena similar a los cabildos del proceso constituyente que impulsó la expresidenta Michelle Bachelet y en los que participaron poco más de 200 mil personas, en La Moneda dicen que aspiran a una mayor convocatoria y a que abarque todo el territorio nacional.
La organización del proceso fue delegada por el Presidente Sebastián Piñera al ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel. Y en un escenario en que las movilizaciones ciudadanas se mantienen y en que la oposición ha impulsado con fuerza la idea de una nueva Constitución, el Ejecutivo, aunque definirá un temario inicial, anunció que no vetará ningún tema.
Fuentes de gobierno señalan que el ministro Sichel ha estado trabajando desde hace varios días en la metodología, la que se anunciará durante esta semana.
Según dicen las mismas fuentes, La Moneda busca que los diálogos sean convocados por los alcaldes -de Chile Vamos y la oposición- y que comiencen la próxima semana. Para eso, el gobierno entregará los recursos necesarios a cada municipalidad. También dicen que las consultas se realizarán de manera presencial y también de forma remota, a través de un portal web.
En el proceso de diálogo, La Moneda tiene contemplado consultar la opinión de la ciudadanía por nueve temas, los que están relacionados principalmente con la agenda social que el Presidente Piñera anunció buscando amainar el descontento social. En ese sentido, se preguntará por educación, pensiones, trabajo, salud y servicios básicos, entre otros.
Asimismo, se incluirán consultas relativas a “abusos y privilegios”. Enfatizando la lógica de que no habrá temas vetados, desde el gobierno se explicó que se dejará abierta la opción de que se puedan ir incorporando otras materias propuestas por la ciudadanía.
En ese sentido, dicen, asumen que podrían surgir planteamientos por una nueva Constitución. Aunque está semana el Mandatario no descartó ninguna “reforma estructural”, en el oficialismo hay sectores que resienten la posibilidad de establecer una nueva Carta Magna. Y también ven con preocupación que a la par de los diálogos convocados por el gobierno, en el Congreso la oposición active reformas para posibilitar una nueva Constitución.
Aunque en el Ejecutivo afirman que aún falta por zanjar cuánto durará el proceso, esperan que sea entre 60 y 90 días. Además, sostienen que habrá un comité directivo -que estará integrado por miembros del gobierno e independientes-, y un comité de auditores u observadores, que velará por el proceso y estará conformado por personas externas al Ejecutivo.
De manera paralela, el gobierno tiene pensado incluir en el proceso los resultados de los cabildos autoconvocados que se han realizado hasta la fecha. El intendente metropolitano, Felipe Guevara, será el encargado de recopilar esa información. “Ese es un trabajo que me ha encargado el Presidente Piñera”, dijo la autoridad regional.
La idea -dicen en el gobierno- es que las personas se inscriban y asistan, ya sea a los diálogos del Ejecutivo o a los autoconvocados.
Cuando el jueves la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) se reunió con Sichel en La Moneda, los alcaldes plantearon que los diálogos del gobierno fuesen vinculantes, que se den en un plazo acotado y que los resultados se puedan plebiscitar. En el gobierno sostienen que una opción es que sean vinculantes, y que de todas maneras se abrirá una consulta ciudadana con los resultados obtenidos.
UChile
Un amplio respaldo en la población tiene la idea de cambiar la Constitución y hacerlo a través de una Asamblea Constituyente, de acuerdo a los resultados de octubre de la encuesta Termómetro Social.
El estudio es elaborado por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, el Núcleo Milenio en Desarrollo Social (Desoc) y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes).
Según la encuesta, un 85,5 por ciento de los chilenos está de acuerdo con las manifestaciones sociales ocurridas durante las últimas semanas, que tienen la oposición de solo un 7,3 por ciento.
Un 55,3 por ciento declara haber participado en las protestas, la mayoría a través de cacerolazos, marchas, concentraciones y redes sociales; mientras que un 44,2 por ciento dice que no lo ha hecho.
Del mismo modo, un 80,7 por ciento de los consultados cree que cambiar la Constitución es bastante o muy importante para el país. Un 9,5 por ciento lo califica como algo importante y solo un 6,5 por ciento indica que es poco o nada importante.
Interrogadas por la actual carta fundamental, el 76 por ciento de las personas se declara disconforme o muy disconforme, mientras que el grupo de conformes o muy conformes representa un 9,8 por ciento.
En cuanto a un eventual cambio constitucional, el 75,7 de los encuestados dice que debería realizarse por medio de una Asamblea Constituyente elegida por la ciudadanía; un 14,7 por ciento lo encomendaría a un grupo de especialistas; y el 3,4 por cierto lo dejaría en manos del Parlamento.
La encuesta también considera resultados en torno a temas como pensiones, salud y educación, además de la confianza en diferentes instituciones.
La Tercera
Además, el 87% de los entrevistados se mostró de acuerdo con que Chile necesita de una nueva constitución.
La aprobación del Presidente Sebastián Piñera bajó un punto, situándose en 13%, convirtiéndose en el peor registro de un Jefe de Estado desde el regreso a la democracia.
Así lo reveló una nueva encuesta Cadem, la que oficialmente se dará a conocer mañana. El estudio indica, además, que la desaprobación del Mandatario llegó a un 79%.
La valoración del mandatario ha bajado fuertementes desde que a mediados de octubre se desatara una crisis social en el país con diversas manifestaciones, las que obligaron al Jefe de Estado de decretar Estado de Emergencia e, incluso, realizar un cambio de gabinete.
Respecto del ajuste ministerial, Cadem mostró que un 64% de los encuestados consideraron que dicha modificación es muy negativa para Chile, mientras que un 24% lo valoró.
Respecto de la imagen de los secretarios de Estado, la nueva vocera y ex Intendenta, Karla Rubilar, es la mejor evaluada, con un 50% de imagen positiva.
La medición, en tanto, reveló un desplome de la valoración de algunos ministros, como Gloria Hutt, cuya imagen positiva cayó 42 puntos de septiembre a octubre, quedando en un 20%. O la del nuevo ministro Segpres, Felipe Ward, que pasó de 61% a 34% en el mismo periodo. Mientras que el secretario de Estado peor evaluado es el titular de Salud, Jaime Mañalich, con apenas 15% de respaldo ciudadano a su labor.
Hace una semana, Cadem daba cuenta que Piñera contaba con tan sólo un 14% de respaldo -y un 78% de desaprobación-, siendo el peor registro -hasta ese entonces- de un Presidente desde el regreso a la democracia.
La Cadem también consultó sobre las prioridades que la ciudadanía cree que debiera tener el gobierno de Piñera en el marco de las manifestaciones sociales.
En ese sentido, un 33% de los encuestados indicó que debería ser la salud, un 31% pensiones y un 26% apuntó a una reforma constitucional. Más atrás quedaron empleo, sueldos y calidad de vida (24); y desigualdad y educación, ambos con un 23%.
Además, el 87% de los entrevistados se mostró de acuerdo con que Chile necesita de una nueva constitución. Mientras que al ser consultados por la forma en que se debiera modificar la carta fundamental, un 46% se mostró a favor de una Asamblea Constituyente, un 13% opinó que por el Congreso y un 27% optó por ambos mecanismos.
Respecto de las manifestaciones, un 72% se mostró de acuerdo con la continuación de las movilizaciones y marchas y un 64% valoró el retiro del Estado de Emergencia y de los militares en las calles.
La nueva entrega de Cadem también consultó sobre el actuar de las FF.AA. y de orden durante las últimas semanas en el país, que estuvieron marcadas por un Estado de Emergencia en varias ciudades.
Es así como un 69% opinó que hubo un exceso y abuso de su poder por parte de las policías y militares, mientras que un 49% se mostró de acuerdo con la frase “durante el
Estado de Emergencia Carabineros y el Ejército violaron sistemáticamente los derechos humanos de los manifestantes”.
