Es una norma en un contexto de "emergencia", o al menos así lo declara el proyecto en su título. Aun así, la "Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva" ingresó en el Congreso tiene sus luces y sombras.
Luego del anuncio de Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán brindó una rueda de prensa en el Palacio de Hacienda, donde dio a conocer los detalles del paquete de medidas oficiales.
A juicio del titular del Palacio de Hacienda este proyecto de Ley es el “primer paso para resolver la crisis económica y social” que padece la Argentina. Explico que “el conjunto de medidas busca mantener el equilibrio y” que la intención es “que la economía deje de caer”.
A modo de resumen, el ministro enumero las principales medidas contenidas en el Proyecto de Ley de Solidaridad a saber:
+ Congelan por hasta 180 días las tarifas de los servicios públicos para redefinir otro esquema tarifario (no se refirió si se incluye las tarifas de combustibles)
+ Suspenden la fórmula de ajuste de haberes previsionales y planes sociales por 180 días para redefinir un nuevo esquema de ajuste.
+ Propone elevar las retenciones a la soja de 30% a 33% y trigo y maíz de 12% al 15%,
+ Premian los depósitos en pesos y se castigan los que se efectúen en divisas extranjeras,
+ Establecen una moratoria impositiva para las pymes y entidades sin fines de lucro
+ Modificarán la reforma tributaria vigente
+ Se establece la devolución directa del IVA a los sectores más vulnerables;
+ Se congela la reducción de aportes patronales;
+ Establecen un aumento sobre los bienes personales 0,5% a 1.5% y quienes tienen activos en el extranjero pagara un impuesto especial.
El ministro aseveró que “estamos buscando restaurar la consistencia macroeconómica, estas medidas al cuidar la situación fiscal, en un contexto en el cual ya no hay más financiamiento, necesitamos tener muy equilibrada la cuestión que si aumenta el gasto tiene que mantenerse la consistencia fiscal".
A grandes rasgos, Gabriel Caamaño, economista de la consultora Ledesma, calcula que, en caso de que el proyecto se apruebe tal como está, la recaudación aumentará alrededor de 1% o 1,2% del PBI. Además, su expectativa es que en 2020 haya equilibrio fiscal o un "pequeño déficit".
La decisión de suspender la movilidad jubilatoria (sancionada a fines de 2017) por 180 días es una de las que más polémica generó entre los economistas y especialistas en temas previsionales. Para Lorenzo Sigaut Gravina, de Ecolatina, la medida tiene su costado positivo por la decisión de desindexar el gasto previsional y lograr una pelea más rápida contra la inflación, aunque Caamaño argumenta que, en los primeros meses, el aumento decidido por el Ejecutivo podría ser mayor al que se hubiese dado con la fórmula original.
Para María Castiglioni, de C&T Asesores Económicos, los jubilados que no cobran la mínima se van a ver perjudicados y se volverá a la "industria del juicio" por el cambio en el cálculo de manera retroactiva, publicó La Nación.
Por otro lado, el impuesto del 30% sobre la compra de dólares para atesoramiento y para gastos en el exterior es "innecesario" con el precio actual del dólar y el cepo, dice Caamaño. "Genera un efecto indirecto que es la búsqueda de cobertura, sobre todo para la industria del turismo y servicios profesionales, pero mientras no haya Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI) el resto del mercado va por el oficial", describe.
Otro punto que señala como negativo es la falta de un "plan consistente". "Nos dicen que van a subir impuestos y van a ajustar el gasto, pero falta que nos digan con qué van a lograr el equilibrio fiscal. Es decir, una cuantificación y un norte, que también es necesario para sentarse con los acreedores", resume.
También señala con preocupación la discrecionalidad que esta norma le daría al Poder Ejecutivo. "En los últimos dos artículos se habla de darle más facultades para ir reasignando partidas presupuestarias, en un escenario peor que en 2002, y también para reestructurar todos los organismos descentralizados, donde hay una enorme caja. Es un retroceso institucional más allá de la macroeconomía", señala.
Finalmente, la decisión de congelar tarifas de luz y gas por 180 días también generó preocupación. "No es lo mejor en términos redistributivos: entiendo la tarifa social, pero que no le aumente a nadie el precio ya no tiene demasiado sentido", apunta Sigaut Gravina.
Entre los puntos positivos, los economistas señalan que la ley demuestra la voluntad de seguir pagando la deuda. Esa voluntad, dice Caamaño, se ve de forma concreta con la decisión de financiarse con reservas del Banco Central. El mercado lo valoró como positivo y se vio una recuperación de los bonos, añade. De hecho, hoy el riesgo país se desplomó 7,5% y cayó debajo de los 2000 puntos por primera vez en dos meses.
La afirmación de que no están dadas las condiciones para emitir es otro de los puntos que destacaron los economistas. "El ministro de Economía es consciente de que no puede seguir aumentando el déficit fiscal. Ahora hay que ver cómo van a ir manejando la coyuntura para que los números queden, al menos, como en 2019", dice María Castiglioni, de C&T Asesores Económicos.
