MARTÍN BIDEGARAY

Con el dólar blue por arriba de los $ 130, en el país todavía hay una industria con otra cotización para la moneda estadounidense. Es la del gas: las operaciones de venta entre los productores de ese fluído y sus distribuidoras (MetroGas, Naturgy, Camuzzi) se celebran con un dólar a $ 41.

Pero esa no es la única distorsión en esa industria. El gas pasó de ser prioridad en la administración anterior -YPF logró exportar gas en barco por primera vez en mucho tiempo- a un desacuerdo constante en la actual gestión, donde la conducción política tripartita (el ministerio de Desarrollo Productivo​, el regulador Enargas y la estatal Ieasa -ex Enarsa) casi nunca está de acuerdo.

Se avecina el invierno, la época de mayor consumo de gas. Nadie -ni los productores, ni los distribuidores, ni el Gobierno- sabe cuánto se pagará por ese fluído. Es más, en el Poder Ejecutivo flota la idea de suprimir las negociaciones entre productores y distribuidores, para que el Estado se encargue de ser el protagonista y árbitro entre las partes.

¿Por qué el gas se comercializa con un dólar a $ 41? Ese era el valor de la divisa en abril de 2019. Desde esa fecha, no hubo ajustes de tarifas. Los productores les venden a los distribuidores en dólares. El millón de BTU -la unidad de medida del sector- se ubica cerca de los US$ 4,50. Con el dólar a $ 41, los distribuidores abonan $ 185 por esa entrega, que después les cobran a los consumidores a través de las facturas de gas.

Como desde abril de 2019, en invierno pagan $ 185, cuando el dólar subió a $ 60, los productores de gas recibían cerca de US$ 3, un valor que estaba bien para el verano, cuando la demanda es baja. Con el billete estadounidense a $ 70 (el tipo de cambio oficial), ya están cobrando menos de US$ 2,50.

Según el reglamento de concesión, las distribuidoras de gas revisan sus tarifas cada 6 meses. Pero la revisión no se hizo ni en octubre de 2019 ni en abril de 2020. En 2019, porque el gobierno anterior no quería aumentar las tarifas en medio de las elecciones. Este año, por la ley de Solidaridad que dictó la emergencia económica y congeló las tarifas por 180 días. En el verano, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero planteó la posibilidad de actualizar las tarifas, pero el presidente Alberto Fernández lo descartó al día siguiente.

En el medio, el Gobierno tomó algunas medidas para ganar tiempo. Los contratos entre productoras y distribuidoras se vencieron en marzo. La secretaría de Energía, que depende de Desarrollo Productivo, ordenó una prórroga por tres meses. Esa decisión tuvo distintas interpretaciones: el ente regulador (bajo la intervención de Federico Bernal, un exégeta de la gestión del ex ministro de Planificación Julio De Vido) quiso cambiarla por completo y lanzar nuevos contratos anuales, pero después anuló esa idea.

No obstante, los productores de gas acusan a las distribuidoras de estar muy atrasadas en sus pagos. Bernal los recibirá esta semana y les contará sus planes para las tarifas del invierno.

Las mayores productoras de gas para distribuidoras son YPF, PAE, Tecpetrol y CGC. Hasta la vigencia de la resolución 46 (que premiaba el gas "nuevo" de Vaca Muerta, una decisión de la administración de Mauricio Macri), la actividad en esa formación neuquina iba en ascenso. Ahora, está frenada. Casi todo el sector cree que habrá gas suficiente para este invierno. La preocupación es para el próximo.

El desarrollo de gas lleva tiempo y dinero. El sector acompañó la política de Cambiemos (estableció precios locales de gas en boca de pozo similares a los internacionales), hundió plata y hasta se pudo exportar gas. La producción quedó en marcha, y como tiene efecto extendido, está garantizado el abastecimiento de este año.

Pero si no se reanima la producción, habrá problemas hacia 2021, según todos los especialistas. El actual interventor, Bernal, siempre reivindicó las importaciones de gas que hizo De Vido. Entre 2011 y 2015, el kirchnerismo destinó US$ 51.000 millones a traer gas extranjero.

El ente regulador Enargas fue creado para recibir información, procesarla y arbitrar. Si las distribuidoras compraban gas a un precio determinado, el regulador trataba de que las tarifas lo reflejen, al menos en la anterior gestión.

Pero Bernal ya planteó que pateará el tablero. Quiere que los contratos entre privados pasen por su aprobación. Hasta se coquetea con una idea: suprimir la negociación productores-distribudores. El Estado sería el comprador -a través de Enarsa- y luego le asignaría su parte a las distribuidoras.

El esquema guarda similitudes con Cammesa, la mayorista del sistema eléctrico. Pero allí los privados tienen participación. En cambio, Ieasa (la ex Enarsa) es una empresa estatal.

Ieasa (Enarsa) se encarga de las importaciones de gas, que venían en caida entre 2016 y 2019. También cada año maneja la compra de gas para Camuzzi, ya que esa distribuidora aplica una tarifa especial (subsidiada) en la Patagonia. Cuando la secretaría de Energía le indicó a Enarsa que tenía que comenzar con la compra de gas para Camuzzi este invierno, en Ieasa hubo una negativa porque faltaban papeles.

La falta de sincronización entre la secretaría de Energía -el secretario Sergio Lanziani no participa de ninguna reunión-, Enargas y Ieasa/Enarsa hace suponer al sector que la idea de la "empresa estatal" que se encargue de todo no funcionará, porque las partes están lejos de entenderse.