La extracción minera en los fondos de alta mar del Oceáno Pacífico producirá daños “amplios, graves y que perdurarán varias generaciones”, de acuerdo con un informe publicado por las asociaciones Deep Sea Mining Campaign y MiningWatch Canada, que compila más de 250 artículos científicos revisados por expertos.
El documento, titulado ‘Precedir los efectos de la extracción minera de nódulos polimetálicos en las aguas profundas del Océano Pacífico’, advierte de la “pérdida irreversible de especies” y la “degradación de los ecosistemas” de las profundidades marinas, cuya explotación perjudicará “al resto del océano” y también a la población humana ya que “forman un reino interconectado” según su autor principal, el doctor australiano Andrew Chin.
Además, amenaza a la propia salud humana debido a “la potencial toxicidad de los residuos mineros vertidos“, así como a la dependencia que los habitantes de las islas del Pacífico tienen respecto a los productos marinos según el texto. A todo ello añade el desequilibrio que supondría para el ciclo del carbono y su almacenamiento en un océano “que ya se encuentra al borde del abismo por los efectos del cambio climático” y otras presiones del ser humano.
Teniendo en cuenta que el Pacífico ocupa el 30 % de la superficie del planeta, esta actividad minera afectará a todo tipo de hábitats y especies como los petreles, las pardelas, los cachalotes, los zifios, los tiburones ballena o las tortugas laúd y perjudicará actividades comerciales como la pesca, incluyendo especies de alto valor comercial como el atún.
Estas conclusiones refutan las alegaciones que habían presentado las empresas mineras, planteadas en términos de beneficios sociales y económicos para la región, en especial en el entorno de las islas Cook, Kiribati, Nauru y Tonga, cuyos gobiernos han patrocinado prospecciones en la zona Clarion-Clipperton (unos 4.500 kilómetros entre México y Kiribati), mientras que el de Tuvalu también ha expresado su deseo de hacer lo mismo.
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, creada por la ONU, ya ha expedido de hecho hasta 30 licencias de prospección que cubren millones de kilómetros cuadrados no sólo de los lechos de aguas profundas del Pacífico, sino también del Atlántico y del Índico.
Los firmantes del estudio advierten de que “utilizando la COVID-19 como cortina de humo” los reglamentos correspondientes para facilitar la explotación podrían aprobarse “sin un debate público significativo”.
Ello, a pesar de que el entorno de aguas profundas constituye “la principal fuente de diversidad de especies y ecosistemas del planeta” y respalda el “buen funcionamiento de los sistemas naturales de la Tierra”, motivos por los que el texto justifica “la adopción del principio de precaución” y la introducción de una moratoria como “única vía de acción responsable”.
