Para que entre en vigor, este debe ser ratificado por 11 estados y, a la fecha, cuenta con nueve
RICARDO GUERRA VÁSQUEZ
En setiembre del 2018, la extitular del Ministerio del Ambiente (Minam) Fabiola Muñoz suscribió el Acuerdo de Escazú, el convenio regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, junto a otros 21 países.
Para que entre en vigor, este debe ser ratificado por 11 estados y, a la fecha, cuenta con nueve. En el caso del Perú, el documento está revisándose en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, para posteriormente pasar al Pleno, lo que ha revivido su debate.
Monica Nuñez, profesora de derecho ambiental de la Universidad del Pacífico, explicó que este acuerdo es un “instrumento útil” porque aborda la defensa de los temas ambientales y la transparencia, además de resumir y enfatizar los aspectos urgentes en los que se tiene que avanzar.
“El Perú reconoce el derecho a la información pública. La pregunta es si esto se garantiza. Frente a las críticas que recibe Escazú, lo cierto es que es un gesto político para demostrar compromiso. Se le atribuye más poder del que tiene”, indicó Nuñez, agregando que a nivel de América Latina urge abordar el tema por la amplia brecha en acceso a la información.
No obstante, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), consideró innecesaria la ratificación del acuerdo “porque ya se cuenta con la figura de los defensores de los derechos humanos”.
Asimismo, mencionó que la confirmación de este acuerdo vulnera el principio de presunción de inocencia, pues las empresas que sean sindicadas de incumplir compromisos estarán obligadas a demostrar su inocencia. “Se invierte el orden”, subrayó De la Flor, añadiendo que también se obligaría a las empresas a proporcionar información aun cuando no esté destinada a ser pública.
Desde la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), consideró innecesaria la ratificación del acuerdo “porque ya se cuenta con la figura de los defensores de los derechos humanos”. (Foto: GEC)
Siguiendo esta línea, Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), indicó que “el sistema de consulta del Perú es uno de los más robustos y que se han suscrito una serie de leyes que garantizan la participación ciudadana en el proceso de consulta”.
Mientras que sobre Escazú, Cantuarias acotó se requiere “un debate profundo y desapasionado” que evalúe el impacto sobre el clima de predictibilidad del país y se asegura la inversión privada en línea con el respeto a las comunidades respectivas.
En tanto, Anthony Laub, socio principal de Laub & Quijandría, observó que con la ratificación de Escazú se generaría “una suerte de espiral no agotable”, lo que aumentaría el tiempo de la “tramitología” de los proyectos que hoy oscilan entre los 24 y 36 meses.
“El acuerdo no solo dice que cualquier persona, tenga legitimidad o no para hacerlo, puede exigir cualquier tipo de información, sino que las entidades públicas están obligadas a resolver todas y cada una de las observaciones. Es una especie de bolsillo sin fondo. Veo que Escazú va a complicar el desarrollo de los proyectos”, subrayó Laub.
“No le vemos ninguna utilidad, pues nos sometemos a la jurisdicción internacional”, agregó De la Flor.
En contraparte, Carol Mora, directora de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, rechazó que se “atente contra la soberanía del país”, pues el documento detalla que “las controversias se rigen en el marco de las instancias internas” y que –si bien se cuenta con normas en esta materia– “ello no significa la existencia de brechas”.
“No entendemos de dónde surge que se atenta la soberanía. Si se parte del ‘mero’ hecho de que se firma un acuerdo está mal porque constantemente estamos haciéndolo como país”, replicó Mora.
Así, señaló que la norma busca "promover la cooperación entre estos países", lo que se traduce en que posterior a la firma del acuerdo se realizan seguimientos entre estos para optimizar sus marcos normativos en la materia, pero no con fines contenciosos, sino más de índole de acompañamiento.
Desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental se rechazó que se “atente contra la soberanía del país”, pues el documento detalla que “las controversias se rigen en el marco de las instancias internas” y que –si bien se cuenta con normas en esta materia– “ello no significa la existencia de brechas”.
“Lo que busca la participación ciudadana es legitimar los procesos. La participación no es un requisito más, es un derecho”, subrayó.
Albina Ruiz, exviceministra de Gestión Ambiental, por su parte, dijo que debería ratificarse el acuerdo, argumentando que “si las personas tienen mayor información se reducen los conflictos”.
Además, Ruiz detalló que para la suscripción del convenio en el 2018 se contó con los informes favorables de los diversos ministerios, entre ellos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
El Comercio consultó al Minem sobre su posición al respecto, pero al cierre de esta nota no envió su respuesta.
Los nueve países que han ratificado este acuerdo son: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay.
Gestión
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) mostró rechazo al proyecto de ley 4044 aprobado por Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso, el cual declara la intangibilidad de los territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).
“No solo resulta innecesario, sino que, al prohibir todo tipo de actividad económica en los territorios de las reservas y sus zonas de amortiguamiento, cierra las oportunidades de desarrollo para las otras comunidades que residen en este amplio territorio”, dijo Pablo de la Flor, director ejecutivo de la SNMPE.
Según De la Flor, la ley PIACI del año 2006 quiere ser modificada por otra norma similar “sin haberse realizado un análisis técnico y desconociendo así que ya la Ley 28736 establece con claridad todas las medidas tendientes a resguardar la salud e integridad de los PIACI”.
El representante de la SNMPE aseguró que las empresas del sector hidrocarburos no están desarrollando ninguna actividad que implique contacto con dichas poblaciones, por lo que no se justificaría otra ley.
De aprobarse el dictamen en el Pleno del Congreso, el gremio consideró que se estaría descartando el desarrollo de cualquier actividad económica y de infraestructura, así como del aprovechamiento de los recursos naturales
“Si el dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos es aprobado por el pleno del Congreso, se afectará gravemente la seguridad energética del país porque no podrán seguir operando importantes yacimientos de gas natural ubicados en la selva peruana; y no sería posible otorgar la concesión de Siete Regiones”, puntualizó.
