La principal tarea es resolver los conflictos sociales
RICARDO GUERRA VÁSQUEZ
Luis Miguel Incháustegui es uno de los nuevos rostros en el gabinete ministerial de Walter Martos. Reemplaza a Rafael Belaunde Llosa como titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Anteriormente, Incháustegui –formado en derecho y con más de 15 años en el sector extractivo– se ha desempeñado como viceministro de Minas, ha realizado consultorías para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.
La principal tarea que debe abordar Incháustegui es resolver los conflictos sociales alrededor de los proyectos mineros, como el que ocurre en la actualidad en Espinar (Cusco), señaló María Chappuis, exdirectora general de minería del Minem, quién además saludó su designación por su experiencia en el sector público.
La importancia de encontrar soluciones a estas demandas responde a que se debe impulsar los diferentes proyectos de inversiones, dado que no hacerlo representa “un grave riesgo para los ingresos fiscales del país”.
“La producción que está saliendo [del país] está a un nivel muchísimo más bajo que el año pasado y, aún cuando los precios de los metales ha subido, la caída en las exportaciones es relevante”, indicó Chappuis.
Para ello, Guillemo Shinno, exviceministro de Minas, indicó que desde el Minem se debe optimizar los trabajos para lograr eficientes acercamientos con las comunidades y mejorar sus relaciones con las empresas mineras, mediante los diferentes niveles de gobierno.
Chappuis añadió que otro motivo para priorizar este sector es que los proyectos no requieren de inversión estatal, es decir, su ejecución no representa gastos al Gobierno, en un contexto donde este ya ha invertido miles de millones de soles para contener el brote del coronavirus.
Carlos Herrera, extitular del Minem, observó el plan de Gobierno anunciado en esta materia y dijo que debe adecuarse a la visión “de uno que está de salida y no entrando”.
Apuntó que algunas áreas donde puede enfocarse Incháustegui es en electricidad, “que hace años requiere modificaciones”.
“No es mucho lo que se pueda hacer, pero avanzar en algo sí”, remarcó Herrera.
En tanto, Shinno agregó que, considerando los plazos, se deben enfocar en “agilizar la entrada rápida de proyectos nuevos, mediante la optimización de los proceso burocráticos” y potenciar los relacionados a la inversión de proyectos sociales, lo que, a su vez, ayudará a mitigar los conflictos.
+ La Defensoría del Pueblo reportó que hasta junio se habían registrado 190 conflictos sociales en el país: 140 activos y 50 latentes. Casi el 70% fue de tipo socioambiental.
+ La inversión minera cerraría este año en US$4.800 mlls., por debajo del nivel alcanzando en el 2018.
LA REPÚBLICA
LUIS ÁLVAREZ
La relación de la provincia cusqueña de Espinar con las empresas mineras que explotan cobre en Antapaccay está marcada por el conflicto. Se extiende hace tres décadas.
El último episodio de desencuentro fue cerrado el viernes pasado con un acta de compromiso firmada por una comisión de alto nivel del Gobierno, actores sociales y representantes de la minera Antapaccay. En ella, la compañía acepta destinar de manera extraordinaria, y por única vez, S/ 44 millones para repartirlo entre habitantes mayores de 18 años. Cada elector accederá a una tarjeta de uso múltiple por S/ 1.000. Con dichos fondos, los espinarenses comprarán alimentos, medicina, abrigo, equipos de bioseguridad y pago de servicios. Los S/ 44 millones provienen de un porcentaje de las utilidades que percibe la minera y que destina a proyectos productivos de la comunidad.
En la sierra peruana Espinar cumple una función clave. Por su territorio circula el corredor minero transitado por camiones con mineral rumbo al puerto de Matarani (Arequipa). El bloqueo de la vía no solo afecta a Antapaccay, también a Las Bambas y Hudbay.
Los conflictos se remontan a inicios del milenio. Uno de los más frescos se remonta a 2012 cuando la operación minera la explotaba Xstrata–Tintaya. Este año, los espinarenses denunciaron contaminación por metales pesados según un informe de la Digesa. El 2010, Censopas halló metales pesados en pobladores. Los estudios no precisaron si la contaminación era de la minería o fuentes naturales. También se pedía reformular los aportes de la empresa a la comunidad. Para llegar a un arreglo hubo violentos enfrentamientos. El humo blanco llegó con la promesa de un millonario plan de inversiones y ambiental.
En 2016, nuevamente se prendió la mecha contra Glencore-Antapaccay a cargo de la explotación del yacimiento. Los compromisos asumidos no se cumplieron. El Gobierno envió una comisión de alto nivel que asumió estos y nuevos compromisos.
El conflicto del bono no parece cerrado. El comité de lucha se negó a firmar los acuerdos el viernes. Rechazan la entrega de tarjetas, quieren dinero en efectivo. Calificaron de traidores a las autoridades ediles y dirigentes que firmaron el acta.
El excongresista Rubén Coa, radicado en Espinar, refiere que la solicitud del bono fue coyuntural. Ante la pandemia y el fracaso de los bonos del Estado, los pobladores pidieron un apoyo a la empresa minera. La demanda fue denegada.
Argumenta que de haberse aceptado ese requerimiento, el pedido del bono no habría prosperado. Vale preguntarse si la ausencia del Estado contribuye a detonar conflictos.
