RICARDO GUERRA VÁSQUEZ
Un nuevo estallido social ha puesto, una vez más, sobre la mesa los temas pendientes por trabajar en el rubro petrolero. El último fin de semana, un enfrentamiento entre moradores de la comunidad nativa Bretaña, de la etnia kukama, ubicada en Loreto, dejó al menos dos muertos (versiones iniciales dijeron que eran tres) y casi 20 heridos.
El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, llegó ayer hasta la zona y dijo que “el objetivo es tratar de restablecer los canales de diálogo”. Expertos consultados remarcaron que, si bien esta es la arista más importante en la que se debe trabajar, no es la única.
A inicios del mes, alrededor de 400 comuneros del pueblo awajún ingresaron a la estación 5 de Petro-Perú, ubicada en la provincia de Datem del Marañón (Loreto). Su objetivo era exigir al Gobierno Central un nuevo contrato social y ambiental urgente, frente a la reactivación de operaciones hidrocarburíferas y la expansión del coronavirus en sus territorios.
La Defensoría del Pueblo reportó que, al cierre de junio, habían identificado 190 conflictos sociales. De estos, 140 estaban activos y 50 latentes. Asimismo, casi 130 son de tipo socioambiental.
Guillermo Ferreyros, presidente sectorial de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), reconoce que la mayoría de los conflictos en el rubro son por la existencia de brechas sociales, pero explicó que se han venido realizando trabajos para identificarlos.
Ahora bien, el problema –indicó Ferreyros– apunta a la demora en la ejecución del cierre de estas brechas.
“Muchos reclamos sociales se dan porque los gobiernos regionales o locales han hecho a las poblaciones distintas promesas, pero no las cumplen o, si lo hacen, están a medias. Esto, pese a que las empresas pagan sus regalías todos los meses. Para la demora en la ejecución urge que el Estado tome el control”, refirió.
A su turno, Enrique Bisetti, presidente del Capítulo de Ingeniería de Petróleo y Petroquímica del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), remarcó la necesidad de una “línea base ambiental social” para realizar los trabajos de identificación de comunidades.
“Los conflictos no se resuelven de la noche a la mañana. Acá no funciona el ‘déjalo que solo se arregla’”, dijo.
Según Bisetti, otro de los problemas del rubro es su capacidad de producción. En julio, el promedio fue de 35 mil barriles diarios. Esto representa el 60% de lo que se producía el año pasado. Además, este nivel es deficiente a escala regional, agregó.
En Colombia, el promedio en condiciones normales era de 800 mil, mientras que en Ecuador, 500 mil. Décadas atrás, por 1980, el Perú aventajaba a estos países, pero desde entonces entró en una caída significativa.
Bisetti dijo que esta situación responde a la falta de políticas de Estado y de compromiso sobre las etapas de exploración y producción.
En tanto, Anthony Laub, socio principal de Laub & Quijandría, añadió que se debe evaluar la normativa del rubro, pues existen requisitos innecesarios que aumentan la tramitología y que las regalías también deben revisarse para contrapesar los factores que complican el atractivo del país como destino de inversión.
LOURDES FERNÁNDEZ CALVO Y DANIEL CARBAJAL
Dos indígenas de la comunidad nativa Bretaña, de la etnia Kukama, murieron luego de enfrentarse con la policía afuera de las instalaciones de la compañía petrolera Petrotal, en Bretaña, región Loreto.
En un comunicado, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que los hechos ocurrieron el sábado 8 de agosto a las 11 de la noche y que 17 personas resultaron heridas. Este lunes una comisión de alto nivel del Gobierno, liderada por el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, e integrada por representantes de diversos sectores, llegó a la zona para dialogar con los representantes de la comunidad.
El lote 95 empezó a operar desde marzo del 2005, cuando se aprobó el contrato de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en esa zona. Estas actividades estaban a cargo de las empresas Perupetro S.A. y Harken del Perú Limitada. En el 2008, el Ministerio de Energía y Minas aprobó el estudio de impacto ambiental (EIA) para la perforación de los pozos y, posteriormente, en el 2011 se dio la cesión contractual a la empresa petrolera Gran Tierra Energy Perú S.R.L.
Siete años después, se informó del cambio de razón social de Gran Tierra Energy Perú S.R.L. a Petrotal Perú S.R.L.
Desde el 2016, los indígenas de la zona exigían el 10% de compensación por la producción de barriles de petróleo, además de la redistribución de canon petrolero y otras compensaciones.
En marzo del 2019, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) denunció que pobladores de la localidad de Bretaña (Requena-Loreto) tomaron las instalaciones de lote 95, operado por la empresa Petrotal.
Ellos reclamaban al Gobierno acceso a servicio eléctrico, seguridad alimentaria y otros asuntos relacionados a la salud y la educación de las poblaciones locales.
Desde hace varios años, los indígenas de Bretaña piden una indemnización y compensación por la explotación petrolera y una agenda de “proyectos inmediatos”, como la creación del Banco de la Nación y la construcción de un hospital intercultural rural.
El fin de semana decidieron protestar en la estación petrolera y se desató el enfrentamiento. El domingo, en un comunicado, Petrotal indicó que la empresa “se encuentra en medio de esta situación que es de exclusiva responsabilidad del Gobierno Peruano” y anunció la paralización temporal de sus operaciones en la zona.
El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, llevó a cabo ayer en Iquitos diversas reuniones con autoridades locales, luego del violento enfrentamiento ocurrido la noche del sábado entre indígenas kukamas de la comunidad nativa de Bretaña, en la provincia de Requena (Loreto), y policías apostados en los exteriores del lote 95, que opera la empresa Petrotal. El domingo, Neyra se había desplazado hasta esa comunidad, donde se reunió con dirigentes locales.
Según el Ministerio del Interior (Mininter), los indígenas estaban provistos de lanzas y retrocargas, y demandaban la paralización de las labores en el lote. Los dirigentes de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio) negaron el uso de escopetas y aseguraron que solo portaban “armas ancestrales”. También hay discrepancias respecto a las víctimas mortales. El ministro del Interior, Jorge Montoya, dijo el domingo que fallecieron tres civiles, pero ayer la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Requena informó que fueron dos.
Hubo también 11 indígenas y seis policías heridos, algunos de gravedad.
En Iquitos, el titular de Cultura visitó a los heridos que fueron evacuados a esa ciudad.
Luego se reunió con los representantes de las federaciones indígenas en el Gobierno Regional de Loreto. “La idea de escuchar a los representantes de las comunidades y a las organizaciones es atender sus demandas”, dijo tras la reunión.
El apu James Pérez Pacaya, presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (Aidecopab), dijo que entre sus demandas están el pago del 10% de compensación de la producción de barriles de petróleo por parte de Petrotal, además de servicio de energía eléctrica las 24 horas en Bretaña y los centros poblados aledaños, servicio de agua, alimentos y medicamentos.
“Nosotros estamos pidiendo una justa demanda del pago de compensación por la utilización de nuestras tierras. El Estado la conocía y la compañía petrolera también. Si se hubiera dado una mesa de diálogo, no estaríamos enterrando nuestros muertos”, expresó Pérez.
Daniel Saboya, representante de la Federación de Pueblos Indígenas Achuar y Urarina del Corrientes (Fepiaurc), exigió la presencia del primer ministro Walter Martos.
Al término de la reunión, Neyra informó que se acordó una agenda de diálogo en la cual se buscará retomar el denominado plan de cierre de brechas de la región. Este plan atiende las necesidades vinculadas a la salud, agua y saneamiento, además de infraestructura básica en las comunidades.
“El plan de cierre de brechas se había terminado casi para poner fin a muchos de los problemas que tienen estas comunidades, pero por la pandemia lamentablemente no se pudieron continuar. Hoy [ayer] tuvimos una reunión positiva con el gobernador regional, quien ha dicho que dará alcance de todas las propuestas”, explicó.
Neyra pidió a los representantes de los indígenas que esperen a que el Congreso dé hoy el voto de confianza al Gabinete del primer ministro Marco Martos para luego fijar el cronograma y la reactivación de la mesa de diálogo en Loreto.
En tanto, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Requena informó que, luego de viajar a la comunidad de Bretaña para indagar sobre los hechos, analizarán el video de las cámaras de seguridad de la empresa Petrotal en el que se observa a los indígenas kukamas en el lugar, y donde se ven los primeros instantes del enfrentamiento.
