SQM le restó dramatismo a la decisión de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de retirar los recursos de casación ante la Corte Suprema, a raíz de un fallo del Primer Tribunal Ambiental con sede en Antofagasta, que obligaba a la autoridad a dejar sin efecto un Programa de Cumplimiento por US$ 25 millones que la empresa había presentado para evitar una multa.
La minera dijo que esta decisión se encuentra dentro de las facultades de la SMA y que “permite concentrar los esfuerzos de todos los involucrados en el cumplimiento de la normativa y en las preocupaciones de las comunidades”.
“Reafirmamos nuestro compromiso y respeto con la normativa vigente. Estimamos necesario precisar que, con esta decisión, se reabre plenamente el proceso ante la SMA, lo que se traduce en retomar la evaluación del programa de cumplimiento propuesto por SQM”, enfatizó la empresa.
Luego agregó en su declaración que “continuaremos trabajando en fortalecer nuestra gestión, integrando las medidas que las autoridades consideren necesarias en pos de una producción más sustentable. Respetamos y valoramos las mejoras que sean requeridas y que apunten a que nuestra operación esté cada día en mayor armonía con nuestro entorno”.
El Programa de Cumplimiento había surgido después que en noviembre de 2016, la SMA abriera un proceso sancionatorio tras detectar seis infracciones relacionadas principalmente a la extracción de salmuera fresca por sobre lo autorizado. Esto llevó a que en enero de 2019 se aprobara un plan para evitar una multa, que incluía medidas por un costo estimado de US$ 25 millones.
El caso llegó al Tribunal Ambiental luego que comunidades elevaran recursos para oponerse a la medida, los que fueron fallados el 26 de diciembre por la instancia, aduciendo que el procedimiento sancionatorio no había cumplido con los criterios de eficacia e integridad. Esto, teniendo en consideración la especial condición de fragilidad que presenta el Salar de Atacama desde -por ejemplo- un punto de vista ecosistémico, sumándose el estatus de protección jurídica del territorio donde se emplaza el proyecto en el que habitan comunidades del pueblo licanantay. De esta forma, el Tribunal dejó sin efecto la resolución de la entidad fiscalizadora que dio luz verde a este plan, retrotrayendo el procedimiento sancionatorio al estado en que se encontraba previamente.
Según explicó el miércoles la Superintendencia, el desistimiento se presenta considerando que "la SMA, paralelamente a la tramitación del procedimiento sancionatorio seguido en contra de SQM Salar, ha comenzado a desarrollar un trabajo amplio de gestión territorial de la cuenca del Salar de Atacama, especialmente referido al seguimiento ambiental del lugar".
Esto ha involucrado tomar una serie de acciones referidas a las principales empresas que tienen proyectos en el salar: Minera Escondida, Minera Zaldívar, Albemarle y SQM Salar.
Ahora, con la decisión se volverá a rehacer este proceso, lo que podría dar pie a un nuevo Plan de Cumplimiento o, si no fuera satisfactorio, a una multa.
Reuters
DAVE SHERWOOD
El regulador ambiental chileno desistió de una apelación ante la Corte Suprema defendiendo un plan presentado por la productora de litio SQM para resarcir incumplimientos, según un documento obtenido el miércoles por Reuters.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dijo además en el documento enviado al máximo tribunal que está en medio de un plan para avanzar en acciones sobre las cuatro empresas que tienen proyectos en el Salar de Atacama.
“El referido desistimiento se presenta considerando que la SMA, paralelamente a la tramitación del procedimiento sancionatorio seguido en contra de SQM Salar, ha comenzado a desarrollar un trabajo amplio de gestión territorial de la cuenca del Salar de Atacama, especialmente referido al seguimiento ambiental del lugar”.
Eso “ha involucrado tomar una serie de acciones referidas a las cuatro principales empresas que cuentan con proyectos en el salar”, agregó.
A inicios de mes, la SMA reabrió un proceso de sanción contra SQM, dejando sin efecto el plan de cumplimiento por 25 millones de dólares desarrollado por la firma durante tres años, exigiendo que lo iniciara desde cero.
El revés de SQM significa otro dolor de cabeza mientras busca expandir sus operaciones. La empresa no respondió inmediatamente una solicitud de comentario.
El agua en torno al vasto Salar de Atacama, tanto fresca como de salmuera, ha sido por mucho tiempo un punto de conflicto para las mineras que operan en el desierto más árido del mundo.
Además de SQM y su rival Albemarle, en el salar tienen derechos de agua las mineras de cobre Escondida de BHP y Zaldívar de Antofagasta.
A finales de julio, la SMA ya formuló un cargo grave contra Escondida, la mina de cobre más grande del mundo, debido al impacto por exceder niveles de extracción de agua desde 2005.
DF
La minera necesita una faja de tierra que está en manos de la aviación para su proyecto de US $ 350 millones, Tente en el Aire. El problema es que ese retazo fue declarado estratégico para la defensa nacional en 2001, y ratificado como intocable en 2019.
Un terreno frente al mar tiene enfrentados a SQM ya la Fuerza Aérea de Chile, en Iquique. La decisión del Ministerio de Defensa de declarar el paño como estratégico para el país obstaculiza la realización de un millonario proyecto de la firma, que la semana pasada apeló al fallo que le denegó ese permiso y que también fue cuestionado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Todo partió en octubre de 2018 como un casi habitual pleito por servidumbres mineras en el norte de Chile. Y uno de los tantos en que ha estado involucrada la firma, cuyo accionista más conocido es Julio Ponce. Pero esta vez era diferente: las ambiciones de SQM incluían usar propiedad fiscal y privada para hacer pasar un ducto y maquinarias para su proyecto de US $ 350 millones, Tente en el Aire.
La firma en la que también es accionista la china Tianqi planea construir entre Caleta Patillos y Pampa Hermosa, a unos 70 kilómetros al sureste de Iquique una mega planta de lixiviación de caliche que operará con agua de mar traída directamente desde la costa hasta Pozo Almonte a través de un tubo de 34 kilómetros.
De hecho, el viernes pasado en su cuenta pública, el presidente Sebastián Piñera mencionó a "Tente en el aire" como uno de los principales pilares de la reactivación económica del norte en los próximos meses.
Pero para que todo eso ocurra, la firma necesita el permiso de la FACH. Ya tiene autorizaciones para usar otras millas de hectáreas que son públicas y también le falta llegar a acuerdo con el empresario local Alexis Avendaño, quien también es dueño de algunas de las tierras en disputa.
Tente en el Aire es uno de los proyectos más innovadores de SQM. La operación pudó a la minera duplicar su capacidad productiva de yodo y sales de nitrato en Tarapacá, que alcanzó 11.000 toneladas y 2.050.000 toneladas al año respectivamente. Durante su etapa de participación ciudadana, la firma destacó que construirá un sistema de impulsión de agua de mar captada directamente desde la costa, bajo una modalidad que además no dañaría el hábitat marino de la zona.
La firma es dueña de miles de hectáreas en Tarapacá, pero como necesita instalar el tubo, en octubre de 2018 acudió al Primer Juzgado de Letras de Iquique pidiendo las servidumbres de paso al fisco, la Fach y Avendaño.
En su solicitud, SQM sostuvo que le resultaba “indispensable” usar esas tierras para la construcción. “El área de la servidumbre legal minera que se solicita constituir, corresponde a un área total de 269 mil hectáreas de superficie”, indica la firma en su primer escrito judicial.
Hoy, casi dos años después el caso recién entra a la Corte de Apelaciones y según pudo saber DFMAS las partes están dispuestas a seguir peleando. Al menos así fue como se interpretó la decisión del Consejo de Defensa de Estado (CDE) de apelar al fallo que en junio aprobó entregar algunas tierras a SQM.
Cuando SQM comenzó en el tribunal de Iquique los trámites para usar esas tierras, la firma confiaba en que sería un paso más. En todo caso, SQM dijo a DFMAS que el proyecto no está en riesgo. “Es parte del proceso normal en la constitución de servidumbre”, respondió la compañía y agregó que mientras salen los permisos, seguirán avanzado en “los trabajos de ingeniería básica y detalle”. Además están trabajando con los distintos servicios como el Sernageomin para conseguir los permisos sectoriales. “Esperamos poder dar inicio al proyecto a principios del próximo año”.
En noviembre, el Ministerio de Defensa emitió un informe declarando que el terreno de propiedad de la FACH es una destinación militar, aunque no se encuentra en uso activo.
Clave para ese pronunciamiento fue la pregunta que el 5 de marzo del año pasado, la Subsecretaría de Defensa hizo al Ejército, la Armada y la Aviación por “Yapes”, como en el mundo uniformado se conoce a ese enclave nortino. La respuesta de las dos primeras ramas fue que el ducto -que en esa zona iría subterráneo- se podía hacer.
Pero la Fach opinó distinto. Y más encima reclamó que SQM estaba pidiendo tierras que han sido declaradas como necesarias para la Defensa Nacional en julio de 2001 cuando un decreto estableció que se requiere del permiso escrito del Ministerio de Defensa para ejecutar labores mineras en zonas y recintos militares.
El decreto también exige el mismo permiso para obras ubicadas hasta tres kilómetros a la redonda de los terrenos, solo por seguridad.
Inscritos en 1919, los terrenos de la FACH en Yapes consideran dos lotes: de 2.090,50 y de 4.717,75 hectáreas.
Entre medio, la firma no ha dejado de tocar puertas. En los registros de la Ley del Lobby figuran tres reuniones de sus ejecutivos para conseguir el permiso de la Fach. La última de la que existe rastro se realizó el 24 de junio pasado. La firma ya conocía el fallo que le prohibía usar las tierras de la Aviación, pero a las 11 de la mañana de ese día y por Zoom, el abogado de SQM, Alfredo Cádiz conversó de todos modos con el Jefe de la División de Infraestructura del Comando Logístico, Germán Meneses Matus.
Casi un mes antes, el mismo Cádiz y otros dos ejecutivos acudieron donde la jefa de Asesores Jurídicos del Ministro de Defensa Nacional, Alicia De la Cruz por lo mismo y en julio del año pasado estuvieron con Juan José Obach de la oficina GPS, del Ministerio de Economía, encargada de “destrabar” las inversiones paralizadas por la burocracia. Además del abogado Cádiz estuvo el gerente de proyectos Davor Versalovic.
La minera sostiene que si el lugar fuera tan estratégico, no pasaría por ahí una parte de la ruta costera, la línea eléctrica de Transelec, el camino de la sal o hasta la antena de celulares construida en el sitio de Raúl Avendaño. “La FACH no se encuentra actualmente utilizando dicha área, así como no existe constancia física de que se haya utilizado este terreno para los fines propios de una destinación militar ... Así́ las cosas, mal se podría ver perjudicada o amenazada la seguridad nacional mediante el otorgamiento de la servidumbre de autos, que consiste en una tubería que impulsará agua de mar, el cual además irá soterrada en varios de sus tramos ”, sostuvo la firma al enterarse de la negativa.
Pero al tribunal no le importó y falló en junio.
A pesar de todo, el resultado judicial fue más que positivo para SQM: le entregaron 363,551 hectáreas de terrenos fiscales para usar por 50 años. Menos, la propiedad de la Fuerza Aérea, y la faja de “seguridad” de tres kilómetros en los terrenos adyacentes.
Además, el tribunal fijó una indemnización de 1.457,497 UF anuales ($ 41,8 millones) a favor del fisco por el uso de la tierra.
Durante todo el proceso, el CDE ha buscado “bajar” las peticiones de la minera. Tras el fallo de junio, la semana pasada acudió a la Corte de Apelaciones para reducir en 20 años los plazos de las servidumbres (pasando de 50 a 30 años) y aumentar los pagos al Estado hasta duplicarlos.
En la misma línea, pero más bien para defender sus propios ingresos ha actuado Alexis Avendaño Titiaro, el empresario local, quien es dueño de parte de las tierras. En sus alegatos ha dicho que le complican estas faenas, porque él explota su predio. Desde agosto de 2010 le arrienda un retazo de terreno de 400 metros cuadrados a Telefónica Móviles para antenas de telefonía celular. Su mayor temor es que ese cliente que le paga un alquiler mayor de que lo que pretende cancelarle SQM, se le vaya, debido a las obras.
De acuerdo con las bases del proyecto declaradas en el Sistema de Impacto Ambiental, en conjunto, la totalidad de las obras de “Tente en el Aire” abarcarán finalmente una superficie aproximada de 45 mil hectáreas.
Además, la fase de construcción durará 48 meses y se proyectan 1.403 trabajadores mensuales con un peack de 2.760.
El proyecto está considerado para durar 20 años, con un promedio de 717 trabajadores al mes y la firma ha promovido con especial fuerza su sistema de captación de aguas desde mar, que sería "amigable" con el entorno: una campana de succión instalada en el fondo del mar que permite a cualquier pez ingresar y salir con facilidad.
Si el proyecto se hace, esta zona estará demarcada por boyas para que los pescadores y naves circulen con tranquilidad.
