Lejos de las detenciones, la Justicia y la Policía no podían encontrar hasta ayer a los cinco primeros identificados
LUIS LEIVA Y HUGO ALONSO
Casi tres días después de la violenta irrupción de una patota gremial en la sede central del Diario RÍO NEGRO, la causa penal no sólo permanece sin detenidos: la Justicia y la Policía tampoco pueden encontrar a los cinco primeros identificados como partícipes del ataque, que permanecen sin siquiera notificarse de las imputaciones en su contra.
“Están borrados”, resumió ayer una fuente policial al tanto de las visitas a los domicilios de los sospechosos.
Dentro de ese grupo están dos hijos del referente de la Organización de Desocupados en Lucha, Miguel Báez.
Un hombre de apellido Parra también integra la lista de los primeros identificados como protagonistas de los graves hechos ocurridos en Roca, luego de la formulación de cargos a Báez, quien fue denunciado el año pasado por el delito de abuso sexual, que habría cometido contra una empleada de la organización que conduce.
Las fuentes consultadas por este diario advirtieron que si en las próximas horas no aparecen, se librarán órdenes de captura, para trasladarlos a una sede judicial y notificarlos oficialmente sobre las actuaciones en marcha.
Las primeras notificaciones intentaron realizarse el miércoles, después de que funcionarios del Ministerio Público y efectivos de la Policía analizaran las imágenes captadas el martes y se pudiera individualizar a los referentes de las protestas del martes.
Cabe recordar que ODEL -grupo que forma parte de la CTA Autónoma- desplegó ese día una importante movilización, a partir de la llegada de combis y colectivos desde diferentes puntos de Río Negro y Neuquén. El primer punto de concentración fue la Ciudad Judicial, donde se desarrolló la audiencia por la denuncia contra Báez, y más tarda marcharon hacia el centro roquense, donde ingresaron en forma intempestiva al edificio de RÍO NEGRO.
Allí agredieron a trabajadores, pintaron paredes, pegaron afiches y provocaron desmanes, exigiendo desde la renuncia de un periodista hasta la eliminación de notas relacionadas con el titular de la organización.
Por otra parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) exhortó a la Justicia a avanzar en la causa sobre el ataque que sufrió el Diario RÍO NEGRO.
Además, solicitó que las comisiones de Libertad de Expresión de las Cámaras de Diputados y de Senadores tomen intervención directa por el hecho.
"Es imperioso que la justicia determine y sancione rápidamente a los responsables del ataque", puntualizó la Asociación, que valoró el proyecto que ingresó ayer a la Legislatura de Río Negro para repudiar el ataque, pero solicitó que también intervenga el Congreso, a nivel nacional.
En ese sentido, la diputada nacional neuquina Alma Sapag presentó ayer un proyecto de resolución, para que la cámara baja exprese formalmente su repudio “a los actos violentos y antidemocráticos que se produjeron contra el diario RÍO NEGRO”.
La parlamentaria también propuso emitir desde el Congreso la “solidaridad con los trabajadores” y “solicitar a la Justicia que investigue y condene a los responsables de este flagrante atentado a la libertad de prensa”.
“La violenta agresión, sin precedentes en la región desde el regreso de la democracia, constituye un grave atentado a la libertad de prensa, y por ende, a todos los trabajadores de prensa y medios de comunicación social", refleja el proyecto.
Sapag recordó que “el derecho a la libre expresión forma parte de los Derechos Humanos y como tal es reconocido en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, y como tal debe ser protegido y defendido por los poderes del Estado y por la ciudadanía, ya que sin la posibilidad de informar y opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, el ser humano está condenado a la opresión y a la sumisión”.
Un proyecto formal para repudiar la irrupción de los integrantes de ODEL -organización que forma parte de la CTA Autónoma de Río Negro- al edificio del diario RÍO NEGRO ingresó ayer a la Legislatura provincial.
La iniciativa fue presentada por el legislador de Juntos por el Cambio, Juan Martín, quien consideró que “los hechos del 23 de marzo revisten una gravedad que va más allá del daño material ocasionado y de las amenazas a determinadas personas”.
“Lo que quisieron hacer los manifestantes de la CTA Autónoma fue presionar a un medio periodístico frente a la publicación de determinadas informaciones”, sostuvo el legislador roquense.
Martín afirmó que “claramente, esto constituye un ataque a la libertad de expresión, uno de los derechos fundamentales de la forma republicana de gobierno garantizada por nuestra Constitución Nacional”. Y luego recordó que “la agrupación ODEL de la CTA Autónoma, y particularmente su líder Miguel Báez, tienen una larga historia de episodios violentos”.
“Sin embargo, pese a estos extensos antecedentes, la Justicia se ha mostrado extremadamente pasmosa a la hora de sancionar de manera efectiva a los dirigentes e integrantes de esta organización, que incluso cuenta con el reconocimiento y aval del gobierno a través del manejo de planes sociales y subsidios”, agregó.
Ante ese escenario, el legislador reclamó “un fuerte pronunciamiento institucional” de la Legislatura, “que siente una posición por parte del Estado y marque claramente que el pueblo rionegrino no está dispuesto a tolerar y mucho menos apoyar la violencia de grupos de delincuentes camuflados como organizaciones sociales”.
