A solo dos meses para el cierre del año, aún queda pendiente la ejecución de casi el 50% del presupuesto para inversión pública. Sin embargo, este no es un problema nuevo: entre el 2010 y el 2020, la tasa de ejecución promedio de la inversión fue 69%, por lo que se dejó de invertir más de S/ 147.000 millones.

La persistencia de este problema dejaría en evidencia la necesidad de centrar los esfuerzos en lograr el máximo aprovechamiento de los recursos actualmente disponibles.

En ese sentido, el análisis del desempeño de los gobiernos regionales, 26 entidades a cargo de casi un quinto del presupuesto para inversión pública, brinda lecciones importantes.

Baja ejecución

Los gobiernos regionales cuentan con un presupuesto de S/10.300 millones para ejecutar 6.192 proyectos de inversión. Sin embargo, la mayoría enfrenta dificultades para lograr dicha meta.

Según datos del MEF al 4 de noviembre, más de un quinto (1,419) de los proyectos registra una inversión de cero soles en lo que va del año. En general, más de un tercio (2,275) de los proyectos tiene bajo nivel de ejecución (menor a 30%) a la fecha.

Visto por regiones, los resultados son bastante heterogéneos. Los proyectos con baja ejecución representan menos de la décima parte del presupuesto de inversión en Cusco y Moquegua, mientras que dicha proporción supera la mitad en Puno, Cajamarca, Lima Metropolitana y Huancavelica. El caso del Gobierno Regional de Puno resulta emblemático.

Para el 2021, los seis proyectos con mayor presupuesto corresponden al sector salud y representan casi el 45% del monto total presupuestado para inversión, pero registran un avance menor al 25% en lo que va del año. Dos de estos proyectos -el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno y el Hospital de Apoyo Ilave (provincia de El Collao)- se encuentran paralizados, mientras que el Centro de Salud Zepita está pendiente de ser adjudicado.

Algunas causas y alternativas

Una de las principales causas en el retraso de los proyectos de inversión pública es la demora en el proceso de adjudicación de proyectos. Según el Consejo Privado de Competitividad (CPC), la etapa de formulación y absolución de consultas del expediente técnico es el principal cuello de botella y explica el 72% del tiempo de retraso promedio de las licitaciones públicas.

En esa línea, Anthony Moreno, Coordinador Académico del Programa de Inversión Pública de la Escuela de Gobierno de la PUCP, reconoce que el retraso en la adjudicación se explicaría por el trabajo desarticulado entre los profesionales que elaboran el expediente técnico y quienes finalmente ejecutan el proyecto.

Al respecto, Moreno señala que una lección importante de los proyectos trabajados bajo la modalidad Gobierno a Gobierno (G2G) es la inclusión temprana del equipo contratista en el diseño del expediente a fin de absolver dudas e incorporar recomendaciones.

Partiendo de esa lógica, el especialista propone implementar pruebas piloto en los que un equipo contratista interesado en ejecutar determinada obra forme parte de la fase de diseño. Posteriormente, dicho equipo, junto a otros interesados, podrían participar de la licitación del proyecto bajo la atenta supervisión de la Contraloría.

Por otro lado, las solicitudes regulares de adicionales de obra durante la fase de ejecución también podrían ocasionar retrasos o la paralización de los proyectos. Según Camilo Carrillo, economista senior del CPC, cuando dichos adicionales superan el 15% del valor inicial de la obra requieren la participación de la Contraloría (de acuerdo a ley), institución que demora cerca de 76 días para emitir su opinión.

Las opiniones negativas suelen generar la paralización de las obras. Al respecto, Carrillo refiere que esta intervención de la Contraloría no sucede en países como Chile o Colombia, donde los adicionales de hasta en un 35% y 50% son resueltos directamente por la entidad ejecutora.

Estrategia para el corto plazo

Según los datos analizados, cada gobierno regional tendría que destrabar, en promedio, 90 proyectos con baja ejecución en las siguientes semanas para utilizar la totalidad de sus recursos. Ello sería imposible de lograr en el corto plazo.

Una estrategia más eficiente podría ser centrar los esfuerzos en destrabar los proyectos más grandes. Del total de proyectos con baja ejecución, el 80% tiene un presupuesto menor a S/1 millón y representan menos del 3% del presupuesto total de inversión de los gobiernos regionales. En contraste, los cinco principales proyectos con baja ejecución de cada gobierno regional representan un quinto de su presupuesto para inversión.

Solucionar los problemas que retrasan su ejecución liberaría casi S/2.000 millones, más de un tercio del monto total invertido durante los 10 primeros meses del 2021.

Al margen de la necesidad de aumentar la recaudación en el Perú, tal como se ha venido discutiendo durante la semana pasada a partir del pedido de facultades legislativas del Ministerio de Economía y Finanzas, no se debe perder de vista la capacidad que tiene el Estado para utilizar adecuadamente los recursos disponibles. Si no se logran avances en ese aspecto, cualquier reforma tributaria estaría lejos de traducirse en una mejora del bienestar de los peruanos.