Las movilizaciones sociales en Ecuador han provocado pérdidas millonarias en el sector minero durante los 16 días de paralizaciones, señaló el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera. Ayer (29/06), el gobierno reanudó el diálogo con indígenas con mediación de la Iglesia, al mismo tiempo que Guillermo Lasso decretó un nuevo estado de excepción.
Solo en la pequeña minería se registran afectaciones cercanas a US$ 13 millones hasta este sábado. Las pérdidas diarias son de más de US$ 1 millón. Esto debido a los bloqueos de vías que impiden que los minerales lleguen a los puertos para ser exportados.
La minería a gran escala también ha sido afectada, los cierres viales y el desabastecimiento de insumos para el proceso de producción minera han obligado a detener las operaciones.
Esto ocurre, por ejemplo, en la mina Mirador, que está a cargo de la empresa Ecuacorriente. Este gran centro de extracción de minerales está ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe. Las pérdidas diarias son de al menos US$ 5 millones, señaló la Cartera de Estado.
Además, no se ha permitido transportar el mineral concentrado a los puertos del sur del país, con lo cual se pone en riesgo las exportaciones de Mirador y Fruta del Norte, los dos minas a gran escala que hay en Ecuador, según informó Lucía Vásconez en El Comercio.
Asimismo, dos proyectos mineros fueron atacados e incendiados durante las manifestaciones, provocando importantes daños a las infraestructuras.
Uno de ellos está en la parroquia de Buenos Aires, en Imbabura. Según el ministro, desde que se iniciaron las manifestaciones, los trabajadores de la australiana Hanrine, concesionaria del lugar, han sufrido una serie de ataques y amedrentamientos.
Los manifestantes, que se oponen a la minería, utilizaron sacos con escombros para obstaculizar las vías desde el pasado 21 de junio y hasta este sábado permanece el acceso bloqueado.
También, la mañana del último martes (28/06), manifestantes quemaron un campamento de la empresa minera Lowell, subsidiaria en Ecuador de la empresa canadiense Solaris Resources.
La comunidad de Warints, en la provincia Morona Santiago, denunció la invasión de personas y organizaciones ajenas al lugar, quienes serían los responsables del vandalismo.
En este sitio se pidió a las autoridades una investigación urgente para que cesaran los actos de violencia, ya que la comunidad de Warints permitió las operaciones de la minera en el lugar, en el proyecto Warintza, el cual desean que continúe sus trabajos de estudio.
Por su parte, el gerente de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami), Julián Agurto, señaló que las protestas sociales han ocasionado un retraso en la ejecución de 14 actividades programadas en la agenda territorial de esta empresa pública.
Por ejemplo, en lo que respecta al área de Gestión Ambiental, se dejaron de ejecutar tres visitas técnicas a los proyectos: Muyuyacu (Azuay), Río Magdalena (Imbabura) y Espejo (Carchi). En estos dos últimos se había contemplado dar un acompañamiento al personal del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica en sus respectivos procesos de inspección.
El rechazo a la minería está entre los pedidos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que lidera el paro nacional.
El movimiento exige que no se amplíe la frontera extractiva minera y se protejan los territorios y fuentes de agua.
MINERÍA EN ECUADOR
Entre enero y abril de 2022, Ecuador exportó US$ 984,5 millones en minerales, esto representa el 55% más de lo exportado en el mismo período del año anterior, cuando se llegó a US$ 634 millones, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).
Así mismo, en el primer cuatrimestre del año, el Estado ha recibido US$ 146 millones en regalías, patentes y otros impuestos mineros, según el Servicio de Rentas Internas SRI, agregó Lucía Vásconez.
En cuanto a empleo, en 2021 las minas a gran escala y de segunda generación emplearon a un total de 29 882 trabajadores, de los cuales 7 421 corresponden a empleos directos y 22 461 a indirectos, según el informe del BCE. La mayor cantidad de empleos mineros está en la provincia de Zamora Chinchipe, donde operan Mirador y Fruta del Norte.
En el país existe una superficie total concesionada a minas y proyectos de 104.728 hectáreas, distribuidas en siete provincias; la mayor parte está ubicada en Morona Santiago y corresponde al proyecto de primera generación San Carlos Panantza, que está en fase de exploración, con 38.548 hectáreas.
GOBIERNO REANUDA DIÁLOGO CON INDÍGENAS CON MEDIACIÓN DE LA IGLESIA
El gobierno de Ecuador anunció que reanudará el proceso de diálogo con el movimiento indígena para intentar dar soluciones a sus demandas económicas y poner fin a las protestas sociales, tras aceptar la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, según informó EFE.
Así lo precisó el ministro de gobierno, Francisco Jiménez, en una rueda de prensa en la que explicó que el Ejecutivo se someterá a la metodología, lugares y tiempos que proponga la Iglesia católica en el proceso de diálogo.
"Hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la Conferencia Episcopal", como lo han sugerido las organizaciones del movimiento indígena, agregó Jiménez.
Con esa decisión, el gobierno reculó en su decisión anunciada este martes por el propio presidente Guillermo Lasso, de romper el diálogo ante un incidente violento registrado en la provincia amazónica de Sucumbíos, por el ataque de manifestantes a una caravana para el transporte de combustibles custodiada por militares y policías.
Según las autoridades, en el ataque murió un soldado, lo que derivó en la decisión de acabar con el primer proceso de diálogo que arrancó el lunes bajo la iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Virgilio Saquicela, y de la Iglesia católica.
Jiménez precisó que las condiciones han cambiado, luego que el presidente Lasso lograra salvar la noche de este martes una moción de destitución por parte de grupos de oposición, que el Ejecutivo había denunciado como un intento de desestabilización de la democracia.
El fracaso de esa "intentona golpista" ha consolidado al Gobierno del presidente Lasso, que ahora se esforzará por alcanzar la paz en el país, añadió el ministro.
El proceso de mediación de la Iglesia inició a petición de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), la Federación de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Negras (FENOCIN) y de Indígenas Evangélicos (FEINE), refirió Jiménez.
¿ESTARÁ LEONIDAS IZA EN LA MESA?
El presidente Lasso, cuando anunció el martes el rompimiento del diálogo, había asegurado que el Gobierno no dialogaría con el líder de la CONAIE, Leonidas Iza, por considerar que no era el interlocutor idóneo del movimiento indígena.
No obstante, Jiménez aseguró que el gobierno se someterá las consideraciones que determine el Episcopado para iniciar el nuevo proceso de conversaciones.
El ministro precisó que el gobierno tomará contacto con la Conferencia Episcopal para conocer aquellas consideraciones que la Iglesia proponga para iniciar los diálogos.
PRECIO DE COMBUSTIBLES, LA GRAN DEMANDA
El movimiento indígena, que cuenta con el apoyo de sindicatos y otras organizaciones sociales, ha expresado su intención de mantener las protesta de forma indefinida hasta que el gobierno dé soluciones a un pliego de diez peticiones, algunas de los cuales ya han recibido respuestas parciales.
Las demandas, sobre todo, se centran en la reducción de 40 centavos de dólar de los combustibles subsidiados, de consumo masivo, y el rechazo a la expansión de las actividades mineras y petroleras en zonas donde habitan comunidades campesinas e indígenas, sobre todo en la Amazonía.
Las protestas comenzaron el 13 de junio y de momento dejan seis fallecidos, de ellos un militar, así como alrededor de 500 heridos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
GUILLERMO LASSO DECRETA NUEVO ESTADO DE EXCEPCIÓN
El Gobierno de Ecuador decretó el estado de excepción en las provincias andinas de Imbabura y Azuay, y en las amazónicas de Sucumbíos y Orellana, ante una "grave conmoción interna" generada por actos violentos en el marco de las protestas sociales que llevan 17 días.
Mediante un decreto ejecutivo, el presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, declaró que el estado de excepción -que durará 30 días- busca garantizar la seguridad de la ciudadanía, la provisión de alimentos, combustibles y de otros servicios afectados por las protestas.
Dicho decreto establece como "zonas de seguridad" las instalaciones petroleras en las provincias de Orellana y Sucumbíos y faculta a las Fuerzas Armadas a apoyar la acción de la Policía en el control interno. Asimismo, restringe los derechos a la libertad de asociación y reunión en aquellas manifestaciones en que ocurran hechos violentos.
La promulgación del estado de excepción de ámbito parcial es el tercero que decreta Lasso desde el inicio del "paro nacional indefinido" que convocó desde el pasado 13 de junio la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) contra las políticas económicas del gobierno.
El movimiento indígena, que cuenta con el apoyo de sindicatos y otras organizaciones sociales, ha expresado su intención de mantener las protestas de forma indefinida hasta que el Gobierno dé soluciones a un pliego de diez peticiones, algunas de las cuales ya han recibido respuestas parciales.
Las demandas, sobre todo, se centran en la reducción de 40 centavos de dólar de los combustibles subsidiados, de consumo masivo, y el rechazo a la expansión de las actividades mineras y petroleras en zonas donde habitan comunidades agricultoras e indígenas, sobre todo en la Amazonía.
Lasso, que el pasado 23 de junio se sentó en una mesa de diálogo con la dirigencia del movimiento indígena para dar soluciones a las demandas, rompió el 24 de junio el proceso de conversaciones por considerar que el máximo líder de ese colectivo, Leonidas Iza, no era un interlocutor legítimo, luego de producirse la muerte de un militar en Sucumbíos.
De momento, la solución al paro se encuentra en un punto muerto, según han advertido los grupos indígenas, mientras que el saldo de las movilizaciones es de seis muertes y unas 500 personas heridas entre manifestantes y policías.
PETROECUADOR DECLARA FUERZA MAYOR A LAS EXPORTACIONES PETROLERAS
Petroecuador informó que ha activado las cláusulas de Fuerza Mayor en las exportaciones de crudo Oriente en el mercado internacional, debido al descenso en la producción de la empresa, producto de las paralizaciones y el intento de sabotaje en los campos petroleros de la empresa ubicados en la región Amazónica.
La petrolera estatal notificó a las empresas con las cuales actualmente mantiene obligaciones contractuales para la entrega de crudo Oriente, considerando que estos hechos están vinculados a una situación de fuerza mayor o caso fortuito, que afecta directamente a la ejecución y cumplimiento de la comercialización internacional de hidrocarburos, y que está estipulada en los contratos y adjudicaciones vigentes en el área de Comercio Internacional de Petroecuador y en el Código Civil, artículo 30.
Una vez superada la Fuerza Mayor, dijo Petroecuador, la empresa notificará oportunamente a las compañías el desarrollo normal de las operaciones, con el objetivo de coordinar las programaciones respectivas, tal como lo determinan los términos contractuales aceptados por las partes.
Según cifras de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, la producción petrolera llegó a 234.528 barriles por día, una reducción cercana al 60 % frente a la producción previo a las movilizaciones.
