Las empresas mineras siempre han sido importantes. Sin el mineral de hierro y el cobre que sacan de la tierra, no habría acero para las construcciones ni cables para transportar la energía eléctrica. En la actualidad, las mineras tienen otra responsabilidad más.

Según Energy Transitions Committee, un centro de investigación, si el mundo busca descarbonizarse, necesitará 6.500 millones de toneladas de metales de ahora a 2050 y no solo de litio, cobalto y níquel, los tan mencionados metales de las baterías, sino también de acero, cobre y aluminio. Debido a que esa producción es varias veces superior a la capacidad actual, las mineras tendrán que invertir más y excavar más rápido.

Por desgracia, las mineras invierten mucho menos que antes, como lo confirman sus últimos resultados, publicados esta semana. La mayor minera del mundo, BHP, el año pasado invirtió menos de la mitad que hace una década. En parte, esto se debe a razones delicadas: las mineras tienen razón de estar preocupadas de que su industria es de altibajos.

La última vez que despilfarraron, durante la bonanza que encabezó China hace 20 años, llegó después un desplome espectacular. Los mercados son volátiles. Mientras que los precios del cobre se mantienen relativamente altos, los del cobalto, el níquel y el litio han bajado de forma dramática debido a que ha aumentado la oferta. Sin embargo, a últimas fechas, la burocracia también ha obstaculizado las decisiones de inversión. Los gobiernos insisten en que quieren fomentar la transición ecológica, pero sus acciones a menudo dicen lo contrario.

La retórica oficial se esfuerza en subrayar cuánto valor les dan los políticos a los metales críticos. Estados Unidos quiere almacenarlos en caso de que peligre el suministro en el extranjero, casi del mismo modo que ha acumulado una enorme reserva de emergencia de petróleo crudo.

Su Asociación para la Seguridad de los Minerales busca colaborar con los aliados para garantizar los recursos y canalizar la inversión hacia la extracción de metales. Otros países han ideado sus propias estrategias para los minerales críticos.

Sin embargo, el nacionalismo de los recursos y un ambientalismo mal informado están socavando todo este trabajo. Un problema evidente es que muchos países quieren controlar sus recursos, incluso a costa de ahuyentar la inversión privada. El año pasado, Chile anunció planes para que una empresa estatal produjera litio.

Otros países, como Kirguistán, Madagascar, México y Namibia, cobran regalías altísimas, prohíben las exportaciones y se permiten recurrir a otras formas de intervención estatal. Los políticos aseguran que quieren garantizar que se quede en casa una mayor parte de la riqueza procedente de sus materias primas.

No obstante, con demasiada frecuencia estas políticas corren el riesgo de ser contraproducentes, pues las empresas que están obligadas a competir con el Estado o a entregar sus utilidades deciden retirarse. En 2022, SQM, el mayor productor mundial de litio, pagó US$ 5.000 millones al erario chileno. Esto equivalía a 1.3 veces su utilidad neta. A largo plazo, estas medidas solo conseguirán que más proyectos dejen de ser rentables.

EL PREMIO MAYOR
Otro problema es que la lentitud del proceso para obtener permisos es escandalosa. Los plazos promedio de ejecución en las minas, desde descubrir un yacimiento hasta la producción comercial, se prolongan a lo largo de casi 16 años; tan solo conseguir un permiso puede tardar casi una década. Estados Unidos tiene una acumulación pendiente de casi 300 proyectos mineros y muchos de los grandes se han atascado durante años en el limbo de la concesión de licencias, sin una resolución a la vista.

Mientras tanto, en lugares como Chile, obtener permisos es cada vez más lento. Los gobiernos podrían optimizar el proceso reduciendo la cantidad de departamentos y organismos a los que se debe consultar. Volver previsible el calendario de aprobaciones también ayudaría a garantizar que los proyectos no se retrasen y que el capital no se inmovilice de forma innecesaria.

Una última dificultad es la multiplicación de normas en distintas jurisdicciones. El revoltijo de normas eleva el costo de la construcción de nuevas minas. A veces, estas requieren infraestructura periférica, como plantas desalinizadoras, las cuales pueden costar US$ 1.000 millones cada vez.

Por ejemplo, Anglo American, una minera mundial, debe cumplir al menos nueve normas sobre prácticas éticas en todo el mundo, algunas de las cuales pueden ser contradictorias entre sí. Lo ideal sería que los países pudieran recurrir a un conjunto unificado de normas de sostenibilidad y presentarlas como parte de su información financiera obligatoria.

El Reino Unido ha adoptado un enfoque de este tipo y otros países deberían seguir su ejemplo. Si las mineras no invierten, entonces la transición energética tardará más.