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Escribe Daniel Bosque: La anti minería y el manual de zonceras criollas

Continúa la polémica en el diario "Miradas Al Sur", en torno a la legitimidad de la Minería entre el director de Mining Press, Daniel Bosque, de un lado, y la socióloga Maristella Svampa y el abogado Enrique Viale, por el otro.

17/03/2011

Tras la primera dialéctica referida a la actividad minera y la protección de los glaciares, las dos partes sostuvieron una aguda e interesante discusión. "Es la reprimarización, la dependencia y la democracia, estúpido", dicen Svampa y Viale. "La Antiminería y su Manual de Zonceras Criollas", retruca Bosque.

A continuación los textos del debate.

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LA ANTIMINERÍA Y SU MANUAL DE ZONCERAS CRIOLLAS

Miradas al Sur

Por Daniel Bosque, director de Mining Press

Resulta saludable que los polémicos Svampa y Viale, en esto de “minería sí o minería no”, hayan decidido aparcar por un momento el tema medioambiental para ocuparse de una cuestión medular, como es la propiedad de los medios de producción (diría Carlos Marx, citado por mí “a ciegas” según los nombrados).

Es innegable – acuerdo con ellos - que la Argentina sufrió, desde comienzos de los ’70 una “reprimarización” de la economía, proceso que se ha profundizado en este siglo con la consabida dependencia del complejo sojero, lo que ha mutado incluso la esencia tradicional agropecuaria de la pampa húmeda. También es cierto que esta desindustrialización ha transformado de raíz nuestra sociedad y cultura política. Sin la desaparición de medio millón de empleos fabriles en la Dictadura no hubiera sido posible lo que vino después: el remate de la educación y la muerte de los ferrocarriles (dos emblemas de Sarmiento, cuyo Bicentenario ignoró el gobierno nacional), la venta de empresas públicas, la pérdida de la cultura del trabajo, por citar cosas. Hemos cambiado, colectiva e individualmente. Perón (disculpen, otra cita a ciegas), jamás hubiera imaginado que la fortaleza sindical justicialista estaría en los gremios estatales, archienemigos en los ‘40, o en los camioneros, expresiones de un país en el que predomina su sector de Servicios.

En este escenario ocurren cosas como estas: La Argentina no tuvo desarrollo minero importante en 170 años y sólo se vislumbró en los ’90, por la reforma del Código Minero del menemismo, y por la expansión de la industria minera mundial. En la próxima década el planeta demandará más minerales que en las cinco anteriores, traccionado por China, India, Rusia y Brasil, etc. El resultado aquí está a la vista: 60 empresas exploran en la Argentina, la minería es hoy un 5% del PBI, siete veces más que hace una década; sus US$ 3.000 millones de exportaciones desplazaron en volumen a las carnes, según el Grupo de Empresas Exploradoras (GEMERA).

La minería global es un negocio concentrado de capitales con epicentro en las Bolsas y centros financieros, que funciona con las reglas capitalistas de inversión, rentabilidad y especulación. Bajar costos, optimizar operaciones, valorizar acciones y contener salarios. Así se maneja una empresa, no sólo minera, aquí y en la China. Pero no es verdad que la minería es el prostíbulo vergonzante que el Norte pretende alojar en el Sur. El geólogo Pablo Marcet recuerda que la minería es más que protagónica en los países ricos occidentales: La mina más grande del mundo es Bingham Canyon, cobre a cielo abierto en Utah, Estados Unidos. Australia es el primer productor mundial de bauxita, segundo de uranio, plomo, zinc y litio, tercero en oro, diamantes, hierro, manganeso y níquel; cuarto de carbón y plata, y quinto de cobre. Estados Unidos es el segundo productor de oro y cobre y el primero de berilo, azufre y molibdeno. Sus exportaciones mineras superan los US$ 100.000 millones. California suma 629 minas y es el quinto productor de oro de EE.UU, detrás de Nevada, Alaska, Utah y Colorado. Produce diez veces más oro que Argentina. En Canadá operan 813 minas, 55 metalíferas, que exportan por más de US$ 50.000, un 15% del volumen canadiense.

Una decepción reciente para la antiminería, que tanto saqueo denuncia aquí: en la famosa Encuesta Fraser 2011, entre 500 mineras del mundo, Argentina es el país 60°, entre 79, en preferencias para invertir. Chile, por ejemplo, está 8°.

Pino Solanas acaba de decir en San Juan: “El hombre no puede vivir sin minería, sin agricultura, sin pesca...Sin agua no hay vida… Hay que crear un sistema que permita la continuidad de las actividades mineras, hay actividades mineras muchísimo menos contaminantes que otras, pero tiene que haber control social… Las mineras contaminan el medio ambiente, pero también a gobernadores, jueces y legisladores”.

¿Y si las minas fueran del Estado, del capital nacional, “de los argentinos”, como reclama Solanas, serían menos contaminantes? ¿Si Argentina, el pueblo de la Nación o una burguesía patriótica, lograran reunir los US$ 20.000 o 30.000 millones, mínimo, que hacen falta para desarrollar su minería, qué diríamos del cianuro y los glaciares?.

El PO, Quebracho, la CTA (que destroza a la minería pero armó un sindicato minero), la izquierda, muchos radicales, algunos peronistas, Greenpeace, actores y músicos famosos, le exigen a las provincias andinas que renuncien a cualquier proyecto de industria extractiva mineral en sus abundantes recursos, un capricho antihistórico en una geografía cuya tradición (como en Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja) fue minera. Nada dicen de la soja, la petroquímica, los efluentes industriales del área metropolitana. Paradójicamente, objetan a la única industria que tiene una ley ambiental específica, la L.N. 24.585. “El país necesita proteger los glaciares, pero no a costa de prohibir la producción”, reclamó en el debate Manuel Benítez, el líder de la central minera CAEM. La votación fue reñida y teñida de política: varios senadores K le dieron la espalda a la minería aterrorizados de que un empate erigiera al saltimbanqui Cobos en nuevo héroe ecologista.

“Lo que no queremos es megaminería” dice la sindicalista de ATE Raquel Blas mientras militantes dañan la Legislatura de Mendoza para impedir una mina de cobre. En la audiencia pública de Uspallata, por esta mina, dos humildes mujeres desafían a los activistas y vecinos verdes que no quieren minería a 40 km: “entonces dennos trabajo, paguen sueldos dignos, no oculten lo que pasa con la basura o las cloacas”. Lucha de clases, a escala vecinal, digamos.

Hay 800 minas en el mundo que usan cianuro, más de la mitad en el Norte rico, y sin accidentes, por eso la Comisión Europea rechazó la propuesta de diputados rumanos de prohibirlo en ese Continente (lo que no cuentan Svampa y Viale). Contaminante es el mercurio de los “garimpeiros” latinoamericanos, la más grave amenaza para el Amazonas y decenas de ríos.

Romina Picolotti, hoy procesada por malversación de fondos públicos, asumió en Ambiente de la Nación diciendo que “la minería genera pobreza”. Pero al menos en Argentina, la hidatidosis, la mortalidad infantil y el hambre existía en las comarcas andinas donde el Estado estaba sólo para la foto antes de que llegaran Barrick, Xstrata y compañía.

Otra cosa es discutir, como reclaman Svampa y Viale, la renta minera, regalías, impuestos, cánones, cuanto ganan las empresas, qué les queda a las provincias y sobre todo a sus gobernados. ¿Pero, cómo, no era una industria venenosa, homicida? Claro que debatir la macroeconomía, o de liberación o dependencia, requiere de cierta sensatez y lealtad de ideas. Más fácil es predicar que el agua o la energía del gas natural sólo son sólo para el consumo residencial o agrícola. Con esa premisa, no existiría este país y su tejido industrial.

En cualquier esquina de San Juan se puede preguntar por la minería. Salvo opiniones minoritarias, se recibirá el buen reflejo de un boom que movió 400 pymes y disparó el PBI provincial, con picos de empleo e inversión durante la construcción de las minas. Hasta comienzos de la década, la provincia languidecía, de crisis en crisis, mendicante de los auxilios de la Nación.

En Catamarca, un principio de acuerdo hará que los socios extranjeros de Alumbrera exploten, por 25 años, el proyecto Agua Rica. Para la electa gobernadora Lucía Corpacci, que reivindica el rol minero de su provincia, es la mejor de las noticias. La estatal YMAD, que se queda con el 20% de las ganancias de Alumbrera, salvó a la provincia del “crac” frente a la dura asfixia financiera del gobierno nacional que ya lleva cuatro años. El diario “El Ancasti” editorializó: “el acuerdo modifica en forma auspiciosa el panorama para Catamarca, por la participación de YMAD. Así, el Estado catamarqueño podrá sumar a los ingresos de Agua Rica por regalías, lo que pudiera corresponderle por las utilidades que arroje el proyecto”. ¿Qué hará el futuro intendente de Andalgalá? ¿Reclamará más mieles de la minería o adscribirá a los consabidos tips de la antiminería?

Hay quienes engañan a los jóvenes. Catamarca siempre fue minera. La historia de YMAD ilustra acerca de ciertas confusiones mentales criollas. El yacimiento fue descubierto por el geólogo Abel Peirano, quien donó sus derechos a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Catamarca y Tucumán casi fueron a una contienda violenta por su propiedad. Laudó la Nación y se creó YMAD, compartida por la UNT y Catamarca, pero Peirano testó que parte de las utilidades del Bajo de la Alumbrera irían a las universidades nacionales. Pero hoy una progresía infantil rechaza esos fondos en varias casas de estudio por provenir del “saqueo minero”. Peirano debe estar revolviéndose en la tumba.

Don Arturo Jauretche decía: “Hay zonceras políticas, históricas, geográficas, económicas, culturales. Algunas son recientes, pero las más tienen raíz lejana”.

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ES LA REPRIMARIZACIÓN, LA DEPENDENCIA Y LA DEMOCRACIA, ESTÚPIDO

Miradas al Sur

Por Maristella Svampa y Enrique Viale, Socióloga ,Conicet y Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas

En su artículo de la edición de Miradas al Sur del domingo pasado, Daniel Bosque, director de Mining Press, una de las revistas promineras más conspicuas, lejos de referirse a la discusión que planteamos en nuestro artículo (la aplicación efectiva ley de protección de los glaciares), corrió deliberadamente el eje, para hacer una defensa fervorosa de la megaminería a cielo abierto. En razón de ello, en este artículo quisiéramos responder desde una perspectiva más general los argumentos presentados por dicho periodista.

Es una falacia afirmar que América latina es mineral, ocultando los complejos procesos económicos y políticos que están detrás de ello. En términos geopolíticos, la opción “mineral” que hoy busca implantarse en la región latinoamericana, desde México a la Argentina, responde a una nueva división territorial y global del trabajo, basado en la apropiación irresponsable de los recursos naturales no renovables, que ha dado lugar a nuevas asimetrías económicas, políticas y ambientales entre el norte y el sur. Lo que sucede es que, más allá de las retóricas industrialistas y emancipatorias en boga, nuestros gobiernos tienden a aceptar como “destino” el “nuevo consenso internacional”, en nombre de las “ventajas comparativas” o de la pura subordinación al orden geopolítico mundial, el cual históricamente ha reservado a América latina el rol de exportador de Naturaleza, sin considerar sus impactos desestructurantes sobre la población ni los efectos socioambientales.

En este sentido, el extractivismo resultante no es un destino, es una opción política y civilizatoria, asumida por los diferentes gobiernos, que va reconfigurando negativamente nuestros territorios y economías y genera una nueva dependencia: cada vez exportamos más materias primas, lo cual aparece reflejado en la concentración económica, en la especialización productiva, así como en la consolidación de enclaves de exportación, rasgos que históricamente fueron criticados tanto por el desarrollismo como el marxismo. Hoy el proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas es tal que, como informa la Cepal, en un solo año (2009), en la Comunidad Andina, el porcentaje de exportación de productos primarios pasó del 81% a 82,3%, y para el caso del Mercosur el crecimiento fue aún mayor, ya que éstas pasaron del 59,8% al 63,1%.

Por otro lado, la historia mundial ha venido mostrando que ningún país del sur se ha desarrollado apelando a la explotación de sus recursos minerales. Como señala el geógrafo Marcelo Giraud, de la Universidad Nacional de Cuyo, en un documento colectivo en preparación (Los 15 Mitos de la Minería Transnacional), los procesos de encadenamientos productivos dinámicos a partir de la minería se dan únicamente en los casos de los países centrales (Estados Unidos, Canadá, Australia), que son aquellos donde están radicadas las grandes corporaciones transnacionales que controlan las cadenas de valor a escala global. En el caso de países especializados en la provisión de materias primas, como los nuestros, ninguno de ellos ha superado la pobreza gracias a la gran minería transnacional. Ésta puede generar fuerte crecimiento económico (aumento del producto interno bruto, PIB), como sucede en el Perú minero, pero éste es volátil, con escaso “derrame” y sin auténtico desarrollo para la población.

Respecto de la renta minera, las reformas de los ’90 y el régimen tributario permitieron que el sector funcionara con altas tasas de rentabilidad sobre el capital invertido, “mayores sin duda de las que se hubieran obtenido en caso de que la industria minera hubiera estado sujeta a las generales de la ley”, como afirma el economista de la Cepal J. Katz. No es que no paguen el impuesto a las Ganancias, pero tienen un régimen que les permite deducciones de todo tipo y alcance: pueden deducir el 100% de los montos invertidos en gastos de prospección y exploración; el 5% de los costos operativos que establezcan para prevenir y subsanar las alteraciones del ambiente. La Ley 24.228, de 1993, que consolida el denominado “Acuerdo Federal Minero” entre el Poder Ejecutivo y las provincias, les concede la eliminación de gravámenes y tasas municipales, del Impuesto de Sellos y se comprometen a “evitar todo tipo de distorsiones” en las tarifas de luz, gas, combustibles y transportes que pudieren afectar la actividad. Asimismo, la gran minería goza de reintegros de un porcentaje sobre el valor de las exportaciones realizadas a través de los puertos patagónicos, y están exentas del pago de derechos a la importación y de todo otro impuesto por la introducción de bienes de capital y todo insumo relacionado con la ejecución de sus actividades. Está previsión, además de discriminatoria, no contempla siquiera la necesidad de proteger e incentivar la industria local. En cuanto a regalías, la Ley 24.196 establece que las provincias no podrán cobrar un porcentaje superior al 3% sobre el valor “boca mina” del mineral extraído. En San Juan –paradigma de la megaminería–, en concepto de regalías, la empresa Barrick Gold, por Veladero (la mina más grande de la provincia), aportó en 2009 sólo el 1,7% en concepto de regalías del mineral extraído. Esto significó que del total de ingresos de la provincia haya sido menos del 1% del total (38 millones de pesos de regalías de un ingreso total de 3.960 millones de pesos).

En Chile y en Perú se levantaron fuertes voces críticas reclamando el cambio de la legislación tributaria para la minería y el pago de una renta extraordinaria. Éstas desembocaron, en el caso chileno, en la sanción de la Ley N° 20.026, que establece el pago de un impuesto equivalente al 5% de las Utilidades Operacionales para empresas (o grupo de empresas relacionadas) que venden más de 50.000 toneladas métricas finas de cobre al año, o su valor equivalente para otros productos mineros.

Asimismo, los daños ambientales que produce la actividad minera están suficientemente probados; tal es así que el Parlamento Europeo, en su resolución del 5 de mayo de 2010, recomendó la prohibición general el uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europa. Los fundamentos de esa resolución no se refieren solamente el uso del cianuro, sino al agotamiento de recursos hídricos; al carácter transfronterizo de los procesos contaminantes, al mal desempeño social, ambiental y económico de las empresas operadoras y a la irresponsabilidad ante el cierre de minas. Todo un decálogo que las empresas trasnacionales, muchas provenientes de esos países, transgreden cotidianamente en nuestras latitudes.

Hablar de “desarrollo total de las fuerzas productivas”, por más que se quiera citar ciegamente a Marx o a Perón, implica un gran retroceso e ignorancia; es volver a una concepción lineal del desarrollo, ampliamente cuestionada en vista de los costos sociales, sanitarios y ambientales que el planeta está afrontando. Muestra a las claras que, más allá del discurso y aunque hablen de “cuidado ambiental”, las grandes empresas (y sus representantes) conservan una concepción productivista, que identifica el desarrollo con el mero crecimiento económico, sin contemplar los indicadores sociales y ambientales, que continúan siendo desastrosos.

Veamos el caso de La Alumbrera, citada por el articulista de Mining Press, y pionera de la megaminería en nuestro país. Como afirma Horacio Machado, de la Universidad Nacional de Catamarca, allá por 1997, cuando arrancó La Alumbrera, “predominó la sensación de que, aun cuando las condiciones y concesiones otorgadas a las empresas mineras eran excesivas, se trataba de la única alternativa para aprovechar tales riquezas como ‘motor del desarrollo provincial’. Antes que nada, mejor era ‘algo’.” Sin embargo, la historia mostró que, a pesar de las innumerables promesas, y de ser una de las explotaciones más grandes del mundo, la mina no mejoró ni un ápice los niveles de indigencia, pobreza y exclusión social de los catamarqueños. Todo lo contrario. Con los años, a la par que fueron cayendo los índices industriales y de la construcción, los niveles de pobreza de los catamarqueños continúan siendo más altos que la media nacional (17,2% de pobreza en 2009 para el Gran Catamarca). Un estudio de una dependencia del propio Ministerio de la Producción del Gobierno de Catamarca, señalaba en 2005 al respecto: “La actividad extractiva metalífera, con el cobre como principal producto, se constituyó en el principal factor para el crecimiento de los indicadores macroeconómicos provinciales. No obstante ello, su funcionamiento con características de enclave, le impidió convertirse en motor de la economía provincial”. Hablando de la falta de legitimidad social de la minería y el incumplimiento de las promesas de desarrollo, el director del principal diario catamarqueño, expresaba, “El discurso antiminero, por otra parte, no tendría ningún margen para extenderse si los catamarqueños pudieran percibir que la explotación de sus riquezas tiene impacto concreto en su calidad de vida. Lo cierto es que esto no ha ocurrido. Por el contrario, se ha permitido el dispendio de la renta minera, dilapidada mayormente en aras del clientelismo y la corrupción”. (Silvio Zitelli, 17-06-10)

La minería a gran escala es ciertamente la figura más cuestionada dentro del modelo extractivista que hoy recorre América latina. Pero no es la falta de cultura productiva lo que lleva al cuestionamiento o a la “demonización” de esta actividad como “modelo de desarrollo”. Ésta es cuestionada porque resume un conjunto de elementos directamente negativos para la vida de las poblaciones afectadas: tiene un fuerte impacto ambiental y económico, ya que utiliza sustancias químicas contaminantes; consume enormes cantidades de agua y energía; compite con otras actividades económicas (agricultura, ganadería), por tierra y recursos hídricos; en fin, tiende a desestructurar la vida de las poblaciones, desplazando las economías regionales preexistentes, al tiempo que genera impactos negativos en la salud y el ambiente. Toda una síntesis de “maldesarrollo”.
Pero además, el modelo minero pone en jaque a la democracia, porque avanza sin consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales y violaciones de derechos humanos. Por ende, no se trata sólo de una discusión económica o ambiental, sino también política: de saber si queremos o no debatir lo que entendemos por “desarrollo sostenible”; si apostamos a que esa discusión sea informada, participativa y democrática, o aceptamos la imposición que quieren endosarnos nuestros gobernantes locales y las grandes corporaciones, en nombre de las “nuevas oportunidades económicas” y de un falso desarrollo.

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El diario de izquierda progubernamental, Miradas al Sur, invitó al director de Mining Press y a exponentes de la antiminería, a polemizar sobre el significado de la reciente movida de Greenpeace en San Juan, por la Ley de Glaciares.

 


 

 

LA PRIMERA POLÉMICA

MINAS: ¿EXPLOTACIÓN O SAQUEO?

Dos voces enfrentadas sobre el conflicto minero que hizo epicentro en San Juan.

¡ES LA MINERÍA, ESTÚPIDO!

Miradas al Sur

Por Daniel Bosque, director de la revista Mining Press

Como diría Clinton. Setiembre: en el debate de la Ley de Glaciares, la senadora giojista Marina Riofrío lanzó “acá no se está hablando de hielos sino de prohibir la minería”. Lejos de desmentirla, la mayoría de los que apoyaron la ley Filmus-Bonasso le dieron la razón. El más enfático fue Miguel Pichetto: “esto recién empieza, después iremos por la renta minera”.

Diciembre: Cristina Kirchner reunió a 200 actores de la minería para dar un fuerte respaldo a esta industria. “Toda inversión en minería con cuidado ambiental no solo es viable, sino aconsejable. El desarrollo minero es Política de Estado", dijo.

Empresarios contentos, siempre que olviden la Ley de Glaciares, el proyecto de ley No a la Minería de los 33 (Solanas y 30 más), que en siete provincias está prohibida la minería moderna, o las furibundas campañas “ambientalistas”, por ejemplo.

Cualquiera sabe que el mundo de hoy necesita, como el agua, minerales. No sólo oro, plata y cobre. Níquel, zinc, molibdeno, hierro, litio, manganeso, tierras raras, etc. Sin eso no funcionan chips, computadoras, autos, aviones, construcción, siderurgia, nada.

La mayoría de los argentinos suele creer que su país es un vergel, pero la geografía los desmiente: tres cuartas partes es desierto y una porción respetable, montañas. Repletos de minerales, que atraen inversión extranjera. La burguesía nacional, en minería, no existe.

América es mineral. Dilma prometió triplicar la minera brasilera. Chile y Perú pujan por liderazgos en cobre, plata y otros productos, Colombia está en fuerte despegue. Ecuador y Bolivia quieren más minería con más renta social. La Argentina minera, pese a las voces críticas, creció un 300% en la década y podría captar más de US$ 10.000 millones en nuevas inversiones en la década. Los empleos, directos e indirectos, suman 140.000.

A 15 años de Alumbrera y Cerro Vanguardia y cinco de Veladero, informes de Stamboulian y otros reputados afirman: la minería no causó cáncer en Jáchal, epidemias y sequías en Catamarca, etc.  Pero no hay razón que valga para quienes buscan votos progre castigando a la minería. “La prosperidad  de San Juan un día se va a acabar, los empleos y los sueldos mineros son mentira, los informes provinciales sobre sus glaciares son fraguados por la corruptela local”, etc, dice la versión local de la task force global de la Antiminería, que aquí sigue el manual del ecuatoriano Carlos Zorrilla: “hay que pegarles a los proyectos cuando están en germen; no importan los argumentos técnicos, es una cuestión política”.

Es curioso: Pino, Lilita, Filmus trinan por la minería pero hacen la plancha en el Riachuelo, que infesta a sus votantes. Y nada dicen del largo 90% del stock nacional de cianuro, que anida en Capital y GBA sin ningún control. “La minería es el demonio” y eso prende, como el rock, en los jóvenes sin cultura productiva, que desconfían del Estado y del capital.

“Hay un modelo transnacional de saqueo”, dice Maristella Svampa. Entonces, discutamos la renta minera. Pero a fondo, porque Alumbrera, por ejemplo, aporta a la Nación US$ 250.000.000/año en impuesto a las Ganancias, pero sólo el 2,54% vuelve a Catamarca por la perversa Coparticipación Federal. “La parte del león”, como de la renta sojera, la disfruta el ciudadano de Capital y GBA. Y sobre todo, los barones de la política que sostienen su carnaval de subsidios, planes sociales y gastos varios que mejor no revisar.  En pdfs, ppt y words, la Antiminería insiste en que las provincias mineras son suicidas o criminales ecológicas. E impone engendros, como que el IANIGLIA (de paupérrima estructura) cuente y cuide los glaciares argentinos.

Cualquiera sea la Argentina del futuro, no será posible sin minería. Una extraordinaria posibilidad que quisieran tener otros. Nadie dice que no se la controle. Ni que no se discuta su plusvalía, como acaba de hacer Chile con el nuevo royalty.

Pero eso es una cosa y otra desterrarla y constituir en la Argentina una inmensa reserva natural. “Desarrollo total de las fuerzas productivas”, Marx y Perón, dixit.

 

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GOBIERNO Y LEY DE GLACIARES

Miradas al Sur

Por Maristella Svampa, periodista, y Enrique Viale, abogado ambiental.

No es casual que el 22 de febrero activistas de Greenpeace hayan montado en San Juan un campamento en el acceso a las minas de Veladero y Pascua-Lama, explotadas por la Barrick Gold, para exigir la aplicación plena de la Ley Nacional de Protección de los Glaciares. Sucede que, mediante un gran esfuerzo –conjunto y coordinado desde diversas estructuras del Estado–, el Gobierno Nacional, algunas provincias cordilleranas y las grandes empresas mineras están demorando la efectiva aplicación de dicha ley. Recordemos que la norma protege las fuentes y reservas de agua dulce en los glaciares y el área periglacial, un bien común de todos los argentinos, más allá de los orígenes provinciales o los intereses corporativos.

Como era esperable, en la provincia de San Juan los intereses mineros obtuvieron medidas cautelares express por intermedio del juez federal, Miguel Ángel Gálvez, quien suspendió –solamente en dicha provincia– los artículos medulares de la norma, beneficiando a los emprendimientos mineros Veladero y Pascua-Lama, de la transnacional Barrick Gold.

A esto debemos sumar que, por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional se resiste a la obligación legal de reglamentarla, tal como lo establece la propia norma en su artículo 17. El plazo de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial para hacerlo se encuentra flagrantemente vencido y no hay ningún indicio de que el proceso de reglamentación se encuentre en marcha. Al contrario, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que reúne los representantes de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, estableció que “es voluntad del Cofema no reglamentar la ley de presupuestos mínimos. El camino considerado como oportuno avanzar sobre el inventario sin avanzar sobre la reglamentación por el momento” (Acta de la reunión del 8 de febrero). Sin embargo, es la propia ley la que ordena su reglamentación en un plazo –repetimos– ya vencido, por lo que resulta inadmisible esta resolución que proviene del máximo consejo ambiental de nuestro país.

En el mismo sentido, el propio secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, declaró que la aplicación de la Ley de Glaciares está demorada porque “hay presentaciones legales por parte de las provincias, especialmente de las mineras, y ante esas presentaciones a las cuales se le ha dado curso, nosotros no podemos actuar reglamentando una ley”. Pero no nos engañemos: las medidas cautelares son sólo aplicables a la provincia de San Juan, y no impiden la reglamentación de la norma, por lo cual no hay ningún impedimento legal para que el Ejecutivo Nacional cumpla con la reglamentación y avance ya con el inventario de glaciares y ambiente periglacial. Tampoco la Secretaría de Ambiente de la Nación definió las áreas prioritarias para realizar dicho inventario, donde actualmente se están desarrollando actividades extractivas, que debieran alcanzar, por ejemplo, a la zona de los emprendimientos mineros Veladero y Pascua-Lama.

Finalmente, esta estrategia se asemeja de modo deliberado a lo ocurrido con la Ley Nacional de Bosques, que tardó más de dos años en reglamentarse debido a la tenaz oposición de aquellas provincias que veían peligrar sus “negocios” en base a los incontrolados desmontes. Asimismo, aparece como la contracara de lo sucedido con la ley de medios: pero acá no son los intereses de los grandes grupos mediáticos los que aparecen expuestos, sino el de las grandes empresas trasnacionales, asociados a los gobiernos provinciales y avalados por el gobierno nacional.

La protesta de Greenpeace (a la cual se sumaron vecinos de las asambleas socioambientales) contra la Barrick Gold vuelve a poner en el tapete la necesidad urgente de reglamentar y aplicar la Ley Nacional de Protección de los Glaciares. Cada día que pasa, los proyectos mineros siguen avanzando ilícitamente sobre nuestras reservas y fuentes de agua dulce, sin el consenso de las poblaciones, y con la complicidad cada vez más insoslayable del Gobierno Nacional.

 


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