Santa Fe no podrá disponer del ajuste tarifario que anunció que aplicará en la factura de luz para hacer frente a su plan de obras para 2012 porque deberá pagar más que las empresas porteñas por la energía que le vende el Estado nacional. Por el momento, no definió acciones formalmente para reclamar por su autonomía provincial, que advierte ha sido perjudicada. Pero empezó a buscar aliados.
El Gobierno del socialista Hermes Binner, a punto de pasar el mando a su delfín y sucesor, Antonio Bonfatti, se puso al frente una vez más de una cruzada en contra del Gobierno central. A fin de expresar su preocupación por un párrafo de la Resolución 8752 (de mediados de noviembre) de la Secretaría de Energía de la Nación, que dice que todo aumento tarifario que se aplique a la distribución se considerará parte de la compra mayorista de la energía, el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, comandado por Antonio Ciancio, lanzó la convocatoria regional.
Funcionarios de la Empresa Provincial de Energía (EPE), de la Empresa Provincial de la Energía de Córdoba (Epec), que reporta al Gobierno del justicialista Juan Schiaretti, y de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, y también del sector cooperativo y gremial de las tres provincias asistieron ayer a la Casa Gris y, aunque todavía falta definir acciones concretas, combinaron pedir a las autoridades energéticas nacionales una audiencia. Neuquén expresó su adhesión y se mantuvieron conversaciones telefónicas con autoridades entrerrianas.
Lo que acuerdan y no discuten es la necesidad de que gradualmente se dejen atrás los subsidios para la energía con el objeto de que el sistema recupere sustentabilidad. Aunque advierten que ese renglón resaltado de la medida tomada por la cartera que depende del Ministerio de Planificación de Julio De Vido afecta las autonomías provinciales.
«La previsión de los precios eléctricos está hecha en relación con los costos de distribución que planteamos para 2012, es decir a lo que proyectamos para nuestro plan de obras que requerirá unos 370 millones de pesos», explicó a este diario el titular del EPE, Daniel Cantalejo, y completó que «para eso subimos las tarifas (un 13,4% a partir de diciembre y un 9,8% desde marzo), pero si el mercado mayorista (por medio de Cammesa) nos cobra más cara la energía, no podremos cumplir con nuestra planificación».
La postura tomada por el Gobierno nacional no tiene en cuenta, según se argumenta en Santa Fe, las grandes diferencias y asimetrías que separan las realidades de las empresas de los Estados provinciales y las de las firmas privadas del sector, como Edenor y Edesur, con servicios acotados a grandes ciudades.
«Brindamos el servicio a 295 localidades santafesinas, contamos con más kilómetros de líneas eléctricas que Edenor pero tenemos la mitad de los clientes. Es por eso que el mantenimiento es más costoso, además de que la dispersión también requiere de obras de infraestructura mayores en envergadura y costo», comparó Cantalejo y cuestionó: «Sin embargo, los precios de compra para la energía que se nos imponen son más altos que los que se pagan en Capital Federal».
Así, un capítulo se agrega al estigma santafesino. Además de sostener históricos reclamos por considerar que aporta al Estado nacional más de lo que le toca de coparticipación, la provincia suma una denuncia nueva: la expansión del sistema de distribución eléctrico está a punto de quedar acorralada por la administración kirchnerista.
