El Gobierno Nacional sigue dando razones para justificar la explotación de yacimientos no convencionales a través del fracking. Los informes recientes sobre las reservas petroleras y de gas de Colombia dibujan, en efecto, un panorama desalentador para la autosuficiencia energética nacional. Si en efecto la decisión es seguir adelante con la polémica práctica, no deben olvidarse las recomendaciones de los expertos.

Hace poco, la comisión asesora convocada por el Gobierno para estudiar el posible uso de fracking en el país entregó varias recomendaciones. Las dos más importantes, por sus efectos prácticos, fueron que deben llevarse a cabo programas piloto para poder estudiar los efectos del fracking en Colombia y que no puede olvidarse la carencia de licencia social en los territorios donde eventualmente se podrían permitir los nuevos proyectos extractivos.

Ahora que el Gobierno ha demostrado sus intenciones de seguir adelante con los planes piloto, el tema de la licencia social cobra especial relevancia. Si las comunidades siguen sin sentirse convencidas y partícipes de procesos que pueden ser muy perturbadores para su entorno, la división nacional en torno a los proyectos extractivos va a continuar.

El diagnóstico del problema parece claro. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) entregó un informe en el que cuenta que, por sexto año consecutivo, las reservas de gas natural se redujeron. Si la tendencia continúa de esa manera, para el 2022 el país tendría que comenzar a importar gas. Como explicó María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, “al depender de gas importado perderíamos, por primera vez en los últimos 40 años, la autosuficiencia energética y, adicionalmente a eso, (correríamos) el riesgo de que el gas prácticamente se doble de precio”.

En sintonía con la ministra, Luis Miguel Morelli, presidente de la ANH, dijo en El Tiempo que “cualquier actividad exploratoria, costa afuera, continental o yacimientos no convencionales, va a ser determinante para asegurar la autosuficiencia de Colombia en el futuro”.

Como las reservas de petróleo alcanzan para 6,2 años y las de gas para 9,8 años, la solución para el Gobierno es impulsar el fracking. ¿Cómo hará para ganarse la aprobación de las comunidades?

Un primer paso es ser transparente con los resultados de los planes piloto que se llevarán a cabo. Si bien es evidente que el Gobierno tiene el interés de utilizar el fracking en más ocasiones, si la ciencia demuestra que hay efectos negativos para el ambiente y la sostenibilidad del país, esa información deberá incluirse en cualquier deliberación que se haga.

Otro paso es impulsar con aún más vehemencia la transformación energética de Colombia. Aunque el fracking puede darles nueva vida a las reservas de hidrocarburos, el futuro está en otras fuentes de energía. Cuanto más tarde el país en entrar de lleno en ellas y en adaptar todo el territorio nacional, más difícil será garantizar la sostenibilidad energética.

Es cierto que el fracking ha sido un debate polarizado que debe darse con base en la ciencia, como ha dicho el Gobierno. Pero el componente social es también parte esencial de cualquier decisión que se tome.