Cledis Candelaresi

Lidiando contra sus diferencias intestinas, el Gobierno analiza cómo estimular la producción de gas con el menor costo posible. Los aproximadamente US$1.300 millones anuales que costaría el Plan Gas 4, suspendido en el momento de su anuncio, serían un escollo fiscal y político insalvable para funcionarios con pudor otorgar esa ayuda directamente a las petroleras. Sin embargo, no todo está perdido para las empresas que ansían un empujón estatal, empezando por la propia YPF.

En las huestes oficiales hay consenso de que es necesario hacer algo desde el Estado para que se incremente la producción, que cayó en julio 12,2% en relación al mismo mes del año pasado. Si continúa esta declinación, se necesitarían millonarias importaciones el año próximo, con el consiguiente drenaje de dólares.

Luego de meses de negociación con las productoras, el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, afinó un complejo programa de cuatro años para animar la producción local, que en lo medular implicaría que las productoras cierto volumen de gas, cuyo valor surgiría de subastas. El Estado completaría el precio hasta un valor tope, que arrancaría en US$3,5 el MBTU, y podría terminar hasta un 50% arriba. Según cálculos de distintas fuentes, ese aún impreciso aporte estatal redondearía aquellos 1300 millones de dólares cada año.

Pero en el mismo momento que el alfil del ministerio de Desarrollo Productivo ultimaba detalles con las empresas, y poco antes de hacer lo propio con los gobernadores, fue notificado de que la secretaría de Energía sería dirigida por el legislador neuquino Darío Martínez y bajo la órbita de Economía.

El golpe de timón es unísonamente interpretado en el sector como la decisión de cuidar la caja pública y de contemplar con más atención los criterios sobre el rubro de la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Carbajales presentó su renuncia, que aún no fue aceptada, ejemplo del cuadro incierto. Y el secretario cuya designación aún no se formalizó empezó a reunirse con los líderes de las empresas, unas veces en Neuquén, donde tendrá su otra sede, otras por la web. Líderes de PAE (Pan American Energy), Shell, Tecpetrol y Total formaron parte de la secuencia de contactos de Martínez, que comenzó con Sergio Affronti, CEO de YPF.

La compañía mixta de gestión estatal fogoneó el Plan Gas 4 con el entusiasmo no sólo de reforzar ingresos sino de tener un sendero que le permitiera decidir inversiones sobre una base más sólida. En cualquier caso, ya paladea un reaseguro: una porción del bono sobre los grandes patrimonios que analiza el Congreso se destinará a aumentar la producción gasífera de la compañía, millonario espaldarazo que no tendrían sus competidoras. Bingo.

La mayoría de las productoras estaban entusiasmadas con la promesa del PG4, aunque proclaman el ideal de no depender de una siempre incierta subvención estatal. Las excita más la garantía de precios en dólares, tan libres como las exportaciones y la disponibilidad de divisas. Para su dicha, esos son puntos que ya contemplan hasta los funcionarios más cuidadosos a la hora de hacer concesiones a las empresas, el titular del Enargas, Federico Bernal, entre ellos.

Los críticos del ahora controvertido Plan Gas 4 ven que implica un esfuerzo fiscal importante, la posibilidad de consagrar precios crecientes y una zanahoria escuálida para las inversiones, ya que no premia a las nuevas sino que apaña a las ya ejecutadas.

La última palabra la tendrá el ministro Martín Guzmán, quien deberá disipar las tensiones permanentes entre las petroleras y las distribuidoras, que llegó al climax estos días cuando Metrogas anunció su imposibilidad de pagar por el gas que distribuyó en los últimos meses. Para que las tarifas estén congeladas, el Estado debe poner la diferencia, reforzando el enorme presupuesto para subsidios. Economía la tiene difícil.

Según el Enargas, el Estado debe subsidiar a los consumidores, eso sí, sobre nuevos cuadros tarifarios porque los actuales estarían inflados por un “deficiente factor de actualización”. Su recomendación es revisar contratos de transportistas y distribuidoras.

La ayuda bajo revisión a las petroleras podría expresarse en otro plan específico y/o en un conjunto de normas y medidas, incluida la sanción de una ley para promover toda la producción de hidrocarburos, con prerrogativas fiscales y cambiarias.

El análisis en el seno oficial también incluye cómo aumentar el consumo doméstico: obras de infraestructura para ampliar redes, nuevas usinas térmicas (¿en lugar de más energía verde?) y la imposición del gas natural comprimido para el transporte público. Lista de tareas que el Estado asumirá como propia.

Nadie en el gobierno de Alberto Fernández tiene voluntad de castigar a quienes pueden invertir para garantizar el autoabastecimiento energético o desarrollar Vaca Muerta, el enorme reservorio no convencional, devenido en la nueva joya de la abuela argentina. La cuestión es cómo hacerlo rápido. Para enfrentar el frío del 2021 con más carburante, habría que activar equipos ahora mismo, permitiendo que vuelvan al ruedo unos miles de trabajadores del sector hidrocarburos que están en su casa esperando la primavera sin despidos.