JAVIER COURERA*, ROBERTO FRITZSCHE** Y JOSÉ DE CASTRO***

La minería es una actividad indispensable en nuestra sociedad y en nuestra economía. Los usos que hacemos diariamente de los metales que produce son múltiples y, con la tendencia actual del avance de la movilidad eléctrica y los cambios hacia una agenda sostenible, tales usos son cada vez más notorios.

Esta proyección y la urgente necesidad de recuperar empleos -en medio de una crisis global sin precedente- podría llevar a algunos a creer que ello puede ocurrir atendiendo apenas superficialmente una serie de profundos valores (ambientales, sociales, etc.) que han surgido en las últimas décadas en la sociedad global y local.

El cuidado del agua, de los glaciares, de la biodiversidad, una mayor participación social, la transparencia en la información, la zonificación, el trabajo integrado para mitigar y adaptarnos mejor a la creciente crisis climática, la inclusión de los pueblos originarios, los derechos de las comunidades locales involucradas y otros factores han ido creciendo en importancia en relación con los proyectos de desarrollo minero. Son valores que apuntan a integrar un progreso sostenible local con uno global, hoy sintetizados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Es indudable la existencia en el mundo, especialmente en países de América Latina, incluida la Argentina, de una serie de conflictos ambientales y sociales de larga data en la vida de la industria minera. Estos conflictos resurgen cíclicamente en algunas jurisdicciones y, recientemente, han sido objeto de denuncias públicas por parte de asambleas en Chubut, replicadas por conocidas organizaciones no gubernamentales, que mencionan detenciones y allanamientos en los domicilios de personas que impulsan una nueva consulta popular contra la minería en esa provincia.

En relación con tales denuncias y otras que se exponen regularmente en el ámbito provincial, cabe repudiar, si se confirman estos hechos, el uso de la violencia estatal o gremial sobre quienes reclaman en contra de los proyectos. Es una reacción inadmisible que debe ser investigada y, de existir, debería ser severamente penalizada. La nueva industria minera debería tender hacia una modalidad cada vez más sostenible, más innovadora y responsable. El uso de actitudes de siglos pasados para defenderla debería ser desterrado en forma definitiva.

Al mismo tiempo, cabe resaltar que la declaración de "territorio libre de minería" dentro de una jurisdicción, ya sea provincial o municipal, es, en el mediano y largo plazo, insostenible e incluso nociva. Pequeñas poblaciones de la estepa patagónica, muchas veces aisladas y alejadas de otras opciones, esperan desarrollarse con esta actividad y tienen derecho a hacerlo.

En Chubut, por ejemplo, los pobladores de la meseta central patagónica son objeto de egoísmo, de una falta de solidaridad social que se ha traducido en una histórica discriminación cuando aspiran a ser parte del desarrollo minero. En efecto, mientras que en el este y el oeste de la provincia hay más opciones, en la región central los pobladores tienen, ante la prohibición de la industria minera, una ganadería inestable como única forma para intentar salir del subdesarrollo.

Un ordenamiento razonado en el uso del territorio debe aspirar a incorporar la actividad minera allí donde sea viable desarrollarla sosteniblemente. La industria minera genera una cadena de valor que suele ser poco reconocida.

Los impactos ambientales y sociales de la industria minera pueden y deben ser resueltos. Un mayor esfuerzo en la incorporación de mecanismos independientes, transparentes y participativos de ordenamiento territorial, un mejor diseño de los proyectos y un control y monitoreo socioambiental que incorpore la participación de los grupos que se sienten afectados por los proyectos son parte de esa solución. Para alcanzarla también será necesaria una mayor inversión en educación e investigación científica y técnica.

La percepción pública sobre la industria minera no es satisfactoria. Medida en las grandes ciudades, los mismos habitantes que usan un teléfono móvil, un televisor, una heladera, un reloj, una bicicleta o un automóvil cargados de metales suelen opinar que esta industria avanza de modo irreparable sobre nuestros bienes y servicios ambientales. Mientras tanto, el consumo que hacen de esos metales genera una creciente presión de extracción. Podemos hacerlo mejor, y más respetuosamente, entre todos.ß

Fritzsche, economista, director del Observatorio Pyme Minero (OPM)-Universidad de Belgrano. De Castro, ingeniero químico, director del Posgrado de Minería y Sostenibilidad de la Universidad de Belgrano. Corcuera, biólogo y asesor en política ambiental, miembro del OPM-Universidad de Belgrano

* Biólogo y asesor en política ambiental, miembro del OPM-Universidad de Belgrano

** Economista, director del Observatorio Pyme Minero (OPM)-Universidad de Belgrano

*** Ingeniero químico, director del Posgrado de Minería y Sostenibilidad de la Universidad de Belgrano