MARCIAL GARCÍA *

Las elecciones presidenciales y la racha alcista de las cotizaciones de los metales -en particular del cobre- han puesto nuevamente sobre la mesa la revisión del actual régimen tributario minero, que en octubre cumple diez años. Estas circunstancias se han prestado para que desde distintas tiendas políticas vuelvan a proliferar iniciativas que buscan colocar una mayor carga tributaria sobre las mineras, bajo el argumento falaz de que hoy pagan poco.

Las medidas planteadas van desde crear un nuevo impuesto a las “sobreganancias”, hasta volver a cobrar regalías en función a las ventas, pasando por la renegociación de contratos de estabilidad tributaria con grandes empresas. Todo esto para no hablar de los planes de las agrupaciones más radicales de estatizar los principales yacimientos mineros del país.

Estas propuestas tienen, a todas luces, tintes más ideológicos que técnicos. En contra de lo que quieren hacernos creer, lo cierto es que la minería ya aporta más al fisco que el resto de las actividades económicas, y tiene una tasa efectiva más alta que el promedio de la región.

Como toda empresa formal, las mineras pagan Impuesto a la Renta, pero a diferencia de las que operan en otros sectores, ellas además están sujetas a los gravámenes mineros (regalías, IEM y GEM), creados durante el gobierno de Ollanta Humala, en medio del último superciclo de los metales, para cumplir con su promesa electoral de gravar las “sobreganancias mineras”.

Estos instrumentos permiten capturar una mayor proporción de la renta minera en periodos de bonanza, asegurando a la vez un flujo razonable de ingresos fiscales en los años con pérdidas, mediante la aplicación de una regalía mínima igual al 1% de las ventas.

No hay, pues, ninguna necesidad de reformar el sistema tributario para que la contribución de la minería crezca en contextos de precios altos como el que estamos atravesando. Dado su diseño progresivo, a mayor rentabilidad, mayor la cantidad de dinero que recibe el Estado.

Este efecto ya se está viendo reflejado en las últimas cifras disponibles de la SUNAT. Ellas muestran que, en lo que va del año, la recaudación proveniente del sector minero se ha duplicado con relación al mismo periodo del 2020, impulsada por el fuerte repunte de las cotizaciones.

Pero eso no es todo. Un reciente estudio publicado por la CEPAL revela que el porcentaje de las rentas económicas generadas por un proyecto típico de extracción de cobre que se queda en manos del Estado (government take) estaría en torno a 59% en el Perú, frente a 46% en Chile.

Estas comparaciones sirven para poner las cosas en perspectiva y también para recordarnos que hay un límite a los tributos que podemos aplicar. Si la carga fiscal es muy alta, los inversionistas simplemente se irán a otro lado. Después de todo, nuestro país no es el único con yacimientos en el mundo.

Si el Perú quiere aprovechar la coyuntura de buenos precios internacionales para posicionarse como un país atractivo para la inversión minera, que a fin de cuentas puede y debe ser la base de la reactivación económica, lo mínimo que se le puede pedir a quienes lleguen al gobierno es que respeten las reglas de juego, la propiedad privada y los convenios firmados.