El diario de izquierda progubernamental, Miradas al Sur, invitó al director de Mining Press y a exponentes de la antiminería, a polemizar sobre el significado de la reciente movida de Greenpeace en San Juan, por la Ley de Glaciares.

 

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MINAS: ¿EXPLOTACIÓN O SAQUEO?

Dos voces enfrentadas sobre el conflicto minero que hizo epicentro en San Juan.

 

¡ES LA MINERÍA, ESTÚPIDO!

Miradas al Sur

Por Daniel Bosque, director de la revista Mining Press

Como diría Clinton. Setiembre: en el debate de la Ley de Glaciares, la senadora giojista Marina Riofrío lanzó “acá no se está hablando de hielos sino de prohibir la minería”. Lejos de desmentirla, la mayoría de los que apoyaron la ley Filmus-Bonasso le dieron la razón. El más enfático fue Miguel Pichetto: “esto recién empieza, después iremos por la renta minera”.

Diciembre: Cristina Kirchner reunió a 200 actores de la minería para dar un fuerte respaldo a esta industria. “Toda inversión en minería con cuidado ambiental no solo es viable, sino aconsejable. El desarrollo minero es Política de Estado", dijo.

Empresarios contentos, siempre que olviden la Ley de Glaciares, el proyecto de ley No a la Minería de los 33 (Solanas y 30 más), que en siete provincias está prohibida la minería moderna, o las furibundas campañas “ambientalistas”, por ejemplo.

Cualquiera sabe que el mundo de hoy necesita, como el agua, minerales. No sólo oro, plata y cobre. Níquel, zinc, molibdeno, hierro, litio, manganeso, tierras raras, etc. Sin eso no funcionan chips, computadoras, autos, aviones, construcción, siderurgia, nada.

La mayoría de los argentinos suele creer que su país es un vergel, pero la geografía los desmiente: tres cuartas partes es desierto y una porción respetable, montañas. Repletos de minerales, que atraen inversión extranjera. La burguesía nacional, en minería, no existe.

América es mineral. Dilma prometió triplicar la minera brasilera. Chile y Perú pujan por liderazgos en cobre, plata y otros productos, Colombia está en fuerte despegue. Ecuador y Bolivia quieren más minería con más renta social. La Argentina minera, pese a las voces críticas, creció un 300% en la década y podría captar más de US$ 10.000 millones en nuevas inversiones en la década. Los empleos, directos e indirectos, suman 140.000.

A 15 años de Alumbrera y Cerro Vanguardia y cinco de Veladero, informes de Stamboulian y otros reputados afirman: la minería no causó cáncer en Jáchal, epidemias y sequías en Catamarca, etc.  Pero no hay razón que valga para quienes buscan votos progre castigando a la minería. “La prosperidad  de San Juan un día se va a acabar, los empleos y los sueldos mineros son mentira, los informes provinciales sobre sus glaciares son fraguados por la corruptela local”, etc, dice la versión local de la task force global de la Antiminería, que aquí sigue el manual del ecuatoriano Carlos Zorrilla: “hay que pegarles a los proyectos cuando están en germen; no importan los argumentos técnicos, es una cuestión política”.

Es curioso: Pino, Lilita, Filmus trinan por la minería pero hacen la plancha en el Riachuelo, que infesta a sus votantes. Y nada dicen del largo 90% del stock nacional de cianuro, que anida en Capital y GBA sin ningún control. “La minería es el demonio” y eso prende, como el rock, en los jóvenes sin cultura productiva, que desconfían del Estado y del capital.

“Hay un modelo transnacional de saqueo”, dice Maristella Svampa. Entonces, discutamos la renta minera. Pero a fondo, porque Alumbrera, por ejemplo, aporta a la Nación US$ 250.000.000/año en impuesto a las Ganancias, pero sólo el 2,54% vuelve a Catamarca por la perversa Coparticipación Federal. “La parte del león”, como de la renta sojera, la disfruta el ciudadano de Capital y GBA. Y sobre todo, los barones de la política que sostienen su carnaval de subsidios, planes sociales y gastos varios que mejor no revisar.  En pdfs, ppt y words, la Antiminería insiste en que las provincias mineras son suicidas o criminales ecológicas. E impone engendros, como que el IANIGLIA (de paupérrima estructura) cuente y cuide los glaciares argentinos.

Cualquiera sea la Argentina del futuro, no será posible sin minería. Una extraordinaria posibilidad que quisieran tener otros. Nadie dice que no se la controle. Ni que no se discuta su plusvalía, como acaba de hacer Chile con el nuevo royalty.

Pero eso es una cosa y otra desterrarla y constituir en la Argentina una inmensa reserva natural. “Desarrollo total de las fuerzas productivas”, Marx y Perón, dixit.

GOBIERNO Y LEY DE GLACIARES

Por Maristella Svampa, periodista, y Enrique Viale, abogado ambiental.

No es casual que el 22 de febrero activistas de Greenpeace hayan montado en San Juan un campamento en el acceso a las minas de Veladero y Pascua-Lama, explotadas por la Barrick Gold, para exigir la aplicación plena de la Ley Nacional de Protección de los Glaciares. Sucede que, mediante un gran esfuerzo –conjunto y coordinado desde diversas estructuras del Estado–, el Gobierno Nacional, algunas provincias cordilleranas y las grandes empresas mineras están demorando la efectiva aplicación de dicha ley. Recordemos que la norma protege las fuentes y reservas de agua dulce en los glaciares y el área periglacial, un bien común de todos los argentinos, más allá de los orígenes provinciales o los intereses corporativos.

Como era esperable, en la provincia de San Juan los intereses mineros obtuvieron medidas cautelares express por intermedio del juez federal, Miguel Ángel Gálvez, quien suspendió –solamente en dicha provincia– los artículos medulares de la norma, beneficiando a los emprendimientos mineros Veladero y Pascua-Lama, de la transnacional Barrick Gold.

A esto debemos sumar que, por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional se resiste a la obligación legal de reglamentarla, tal como lo establece la propia norma en su artículo 17. El plazo de 90 días desde su publicación en el Boletín Oficial para hacerlo se encuentra flagrantemente vencido y no hay ningún indicio de que el proceso de reglamentación se encuentre en marcha. Al contrario, el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), que reúne los representantes de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, estableció que “es voluntad del Cofema no reglamentar la ley de presupuestos mínimos. El camino considerado como oportuno avanzar sobre el inventario sin avanzar sobre la reglamentación por el momento” (Acta de la reunión del 8 de febrero). Sin embargo, es la propia ley la que ordena su reglamentación en un plazo –repetimos– ya vencido, por lo que resulta inadmisible esta resolución que proviene del máximo consejo ambiental de nuestro país.

En el mismo sentido, el propio secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi, declaró que la aplicación de la Ley de Glaciares está demorada porque “hay presentaciones legales por parte de las provincias, especialmente de las mineras, y ante esas presentaciones a las cuales se le ha dado curso, nosotros no podemos actuar reglamentando una ley”. Pero no nos engañemos: las medidas cautelares son sólo aplicables a la provincia de San Juan, y no impiden la reglamentación de la norma, por lo cual no hay ningún impedimento legal para que el Ejecutivo Nacional cumpla con la reglamentación y avance ya con el inventario de glaciares y ambiente periglacial. Tampoco la Secretaría de Ambiente de la Nación definió las áreas prioritarias para realizar dicho inventario, donde actualmente se están desarrollando actividades extractivas, que debieran alcanzar, por ejemplo, a la zona de los emprendimientos mineros Veladero y Pascua-Lama.

Finalmente, esta estrategia se asemeja de modo deliberado a lo ocurrido con la Ley Nacional de Bosques, que tardó más de dos años en reglamentarse debido a la tenaz oposición de aquellas provincias que veían peligrar sus “negocios” en base a los incontrolados desmontes. Asimismo, aparece como la contracara de lo sucedido con la ley de medios: pero acá no son los intereses de los grandes grupos mediáticos los que aparecen expuestos, sino el de las grandes empresas trasnacionales, asociados a los gobiernos provinciales y avalados por el gobierno nacional.

La protesta de Greenpeace (a la cual se sumaron vecinos de las asambleas socioambientales) contra la Barrick Gold vuelve a poner en el tapete la necesidad urgente de reglamentar y aplicar la Ley Nacional de Protección de los Glaciares. Cada día que pasa, los proyectos mineros siguen avanzando ilícitamente sobre nuestras reservas y fuentes de agua dulce, sin el consenso de las poblaciones, y con la complicidad cada vez más insoslayable del Gobierno Nacional.