Los Andes
Lo sucedido días pasados, en que un grupo de manifestantes ocupó el recinto legislativo, no es más que un ataque y un avance de personas hacia una de las instituciones de la República. Una actitud inaceptable y absolutamente criticable porque el pueblo debe gobernar pero a través de sus representantes.
La Legislatura constituye la institución ícono en un sistema democrático. En sus bancas se ubican quienes fueron elegidos libremente por el pueblo y son ellos los que representan a los electores en la discusión de las leyes. La Constitución Nacional es clara y concisa en ese aspecto, al señalar que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, en este caso los legisladores. No es casualidad tampoco que -por reglamento- nadie que no sea legislador puede ocupar una banca en el recinto y sólo pueden hacerlo los funcionarios que sean citados para informar, con la autorización precisa y expresa del cuerpo en su conjunto.
Los aspectos señalados tienen relación directa con lo sucedido días pasados, cuando integrantes de una manifestación que se movilizaba en contra de la actividad minera contaminante decidió “tomar” el recinto legislativo para -en una actitud absolutamente criticable- hacer “escuchar sus reclamos”, cuando en la realidad se pareció más a una actitud de “apriete” a los legisladores que dentro de algunos días deben comenzar con el tratamiento del proyecto de ley sobre declaración de impacto ambiental -en el caso de la minera San Jorge- enviado por el Poder Ejecutivo.
Quienes rechazan la posibilidad de la explotación minera han tenido numerosas oportunidades para hacer conocer su posición, como es el caso de las asambleas que se realizaron, tanto en la ciudad de Mendoza como en Uspallata o en otros lugares de la provincia. Sin embargo, más allá de esa situación, todo lleva a indicar que han priorizado el método de la protesta por sobre el de la discusión o el de la búsqueda de consensos. En ese marco, han realizado cortes de rutas, incluyendo el corredor internacional, sin respetar el derecho que tienen todos los argentinos de circular libremente por todo el país.
Quienes adoptan ese tipo de metodología, la de la presión y el apriete, deberán comprender que lo único que generan es el rechazo del grueso de la población que se ve afectada, más allá de si coincide o no con el planteo de los manifestantes.
Pero lo sucedido días pasados, con la ocupación del recinto legislativo, no es más ni menos que un ataque hacia una de las instituciones de la República: el Poder Legislativo.
Quienes intentaron una defensa de la actitud de los ambientalistas, adujeron que la virtual “toma” de la Legislatura había sido encabezada por “infiltrados” que nada tenían que ver con el reclamo ambientalista. Si nos atenemos a las banderas y las pancartas, podría aceptarse la teoría, pero tampoco puede desconocerse que esas pancartas y banderas vienen acompañándolos desde el inicio de los reclamos. Además, representan a agrupaciones políticas que, aún habiendo participado de actos eleccionarios, no han logrado obtener ninguna banca en el Poder Legislativo, por lo que no pueden aducir representatividad alguna, al menos en el marco de una democracia.
No es del caso establecer aquí una posición respecto de la declaración de impacto ambiental de la minera San Jorge, porque serán los legisladores quienes deberán definir la situación de acuerdo con su propio criterio y alejados de cualquier tipo de presión. Pero sí puede asegurarse que resulta inaceptable que un grupo de personas invada un recinto en el que sólo pueden estar quienes han sido elegidos democráticamente por el pueblo. Todos tienen el derecho y la posibilidad de reclamar, siempre que lo hagan dentro del marco de las leyes, sin invadir los derechos del resto de la población y mucho menos queriendo avanzar sobre las instituciones de la República.
