La ex Secretaria de Ambiente de la Nación, hoy procesada por malversación de fondos y administración fraudulenta durante su paso por la función pública, opina sobre Minería y Glaciares, desde su reasumida función como presidenta de la ONG ecologista CEDHA.
Por Romina Picolotti, Presidenta de Cedha; ex secretaria de Ambiente de la Nación.
El rol del Gobierno nacional ha sido, hasta ahora, el de proteger los intereses de las compañías mineras extranjeras, por encima del interés público. Romina Picolotti.
Luego de que detuvieran a activistas pro glaciares en San Juan, de que los gendarmes desalojaran de manera brutal a activistas en Andalgalá, Catamarca, y de que nuestro Congreso debiera sancionar dos veces la ley de glaciares, el Gobierno nacional anunció con bombos y platillos la reglamentación de esa norma, en un intento por transmitir a la ciudadanía que su objetivo real es la protección de los valiosos reguladores hídricos.
Sin embargo, hasta ahora el rol del Gobierno en este tema ha sido el de proteger los intereses de las compañías mineras extranjeras, por encima del interés público de los argentinos.
Me temo que continúe por esa senda el anunciado reglamento de la ley, técnicamente llamada Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar.
Sin inventario. El objetivo esencial al reglamentar una ley es facilitar su aplicación. No obstante, el reglamento mencionado no avanza sobre una herramienta crucial para permitir la implementación efectiva de la protección de nuestros glaciares, que es la de inventariar su existencia.
El mentado reglamento se encuentra en flagrante contradicción con el artículo 15 de la ley nacional, ya que no establece cronograma alguno para la realización del inventario, ni plazo para su culminación, ni menos aún establece áreas prioritarias para comenzar a inventariar en virtud de la amenaza real del daño irreversible que representa la minería a gran escala en zona glaciar y ambientes periglaciares. Es evidente que el reglamento actual no hace más que perpetuar el estado de indefensión de nuestros reservorios hídricos.
Resulta oportuno aclarar que sí existen glaciares en nuestra cordillera en zonas de exploración y explotación minera. Es que, a pesar de las declaraciones altisonantes de algunos dirigentes y de la negación de su existencia por parte de las empresas mineras, que no los mencionan en las 20 mil fojas de evaluación de impacto ambiental, los glaciares no pueden esconderse.
Simplemente están allí, como lo demuestran las fotos satelitales del primer inventario de glaciares de roca de la sierra del Aconquija, realizado por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha). Este inventario muestra además, con fotos satelitales, la intervención de glaciares por parte de empresas mineras que operan en la zona.
Inventario sanjuanino. Quien sí ha demostrado una diligencia inusitada en avanzar con su propio inventario es el Gobierno de San Juan.
Lamentablemente, ese seudo inventario no cumple ni siquiera con lo estipulado en la misma Ley Provincial de Protección de Glaciares, que establece que el inventario deberá proporcionar su ubicación. En ninguna parte del inventario de glaciares de San Juan se menciona georreferencia alguna.
Es curioso, además, que el informe establezca que el área de trabajo enfocada empieza en el límite norte, latitud 28° 30’ S. Si utilizamos Google Earth y vemos latitud 28° 30’ S, nos encontramos con que el inventario termina 15 kilómetros antes de la frontera con La Rioja.
¿Por qué se estableció ese límite? Es porque en esa franja de 15 kilómetros existen glaciares que la provincia de San Juan prefiere obviar en su inventario. Por ejemplo, el glaciar El Potro, el más grande de la provincia. Al dejar fuera del relevamiento esos 15 kilómetros entre 28° 30’ S y la frontera con La Rioja, quedarían sin relevar los glaciares en torno de numerosos e importantes emprendimientos mineros; entre ellos, Vicuña, Filo del Sol, Maranceles, Batidero, Portones y José María. En definitiva, ese inventario favorece a varios proyectos mineros que comprometerían a glaciares de la zona.
Todos esos proyectos deberían, según la ley nacional de protección de glaciares, realizar nuevas evaluaciones de impacto ambiental para determinar su afectación a glaciares y ambientes periglaciares. Si esas empresas están violando la ley, deberían cesar sus actividades.
Los argentinos hemos demostrado una y otra vez en esta historia que no nos resignamos: luego del veto presidencial, exigimos que el Congreso sancionara otra ley de glaciares; los vecinos de Andalgalá no se amedrentaron frente a la fuerza de la Gendarmería y los activistas en San Juan no renunciaron a la protesta.
Reflexionaba Otto von Bismarck, considerado como el fundador del Estado alemán moderno, en estos términos: “Nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería”.
¿Será que es época de caza?
