El Ancasti
Más allá de la expresión de cambio democrático en términos generales, las elecciones del domingo pusieron de manifiesto también un "voto castigo" en las jurisdicciones consideradas mineras por excelencia. En efecto, todos los intendentes que recibieron la mayor cantidad de recursos de la minería en el último lustro fueron derrotados en las urnas. Parece paradójico: los que más posibilidades tuvieron de transformar el horizonte económico de sus comunas, con obras y trabajo, recibieron un mensaje de rechazo contundente de su respectivo pueblo. Sucedió en Andalgalá, el municipio más beneficiado en el reparto de las regalías mineras, donde el ganador no fue un candidato afín al desarrollo minero sino uno que encarnó el discurso contrario. Aquí el intendente José Perea pretendió dejar como sucesor a su asesor legal, Luis Garzuzi, pero éste cayó derrotado en forma estrepitosa por el representante de la antiminería, el radical Alejandro Páez, quien se presentó por el partido MST-Proyecto Sur. Perea, por su parte, se aseguró la banca de senador provincial, pero no por los votos de su distrito directo -de hecho, allí perdió- sino gracias a la diferencia que obtuvo en Aconquija.
En Belén sucedió otro tanto. El intendente Daniel Ríos (FCS), administrador de la segunda tajada más significativa de las regalías mineras luego de Andalgalá, cayó derrotado por el candidato del Frente para la Victoria, José "Nono" Ávila, un ex intendente. Otro municipio comprendido en el área de influencia minera y con buen margen de fondos mineros fue San José, en Santa María, donde la intendenta Mónica Hernández, del FV, perdió a manos del candidato del FCS. Es decir, en ninguno de estos casos se dio una lógica política pura relacionada con la supremacía de determinada fuerza, de nada importó la bandera que portaba cada intendente. Lo que hubo fue un claro castigo a la frustración de los sueños colectivos de progreso. Resulta evidente que estos intendentes, al margen de sus errores y peleas internas, fracasaron al no haber usado sabiamente los recursos mineros. No supieron aprovechar esta verdadera ventaja comparativa que representa un ingreso financiero constante y adicional a la coparticipación municipal para mejorar la situación de sus pueblos, con mayor infraestructura y creación de puestos de trabajo.
No lo supo capitalizar Perea en Andalgalá, donde buena parte de las obras que se iban a realizar con regalías quedaron inconclusas o teñidas de sospechas de irregularidades. Por cierto, la transparencia en el empleo de esos fondos no fue la característica de su gestión municipal. Ni tampoco lo supo hacer bien el belicho Ríos, quien destinó mucho de ese dinero para financiar un programa de becas a desocupados, en lugar de crear las condiciones para que trabajen con dignidad en emprendimientos productivos. Y todavía subsisten las dudas acerca de si no destinó también parte de esos recursos para pagar a artistas nacionales en un festival musical. Más aún, fue el propio Ríos quien, apremiado por las críticas respecto a la forma en que gastaba estos recursos, dijo que él lo haría como mejor quisiera. En otras palabras, lo tenía sin cuidado la letra de la ley provincial que establece cómo se deben usar los fondos de las regalías. El domingo le respondieron los ciudadanos de Belén.
Pero el fracaso de los intendentes no fue el único. El rechazo social expresado en las urnas responde también al fracaso de las empresas mineras en sus estrategias de inserción en las comunidades de influencia. Está claro que no supieron producir un mensaje convincente, como tampoco articular políticas conjuntas con los municipios que redunden en beneficios de esas jurisdicciones. La antiminería, con todo el fundamentalismo irracional que la caracteriza y su absurdo planteo de dar la espalda al desarrollo, les ganó la partida. Finalmente, el Gobierno provincial fracasó en su misión de demostrar que la minería supone más beneficios que perjuicios, no pudo contener la ola rebelde que se levantó en el Oeste contra la actividad, ni supo apoyar en forma inteligente y efectiva a los grupos sociales, proveedores de bienes y servicios y a las propias empresas mineras en la misión de desterrar los miedos y garantizar que efectivamente la riqueza se derrame sobre estos departamentos. Pero la minería sigue y hay posibilidades de nuevos emprendimientos. Ahora será el turno del nuevo gobierno electo de demostrar si es capaz de cumplir los desafíos pendientes.
