El principal proyecto de inversión externa en la Argentina ha sido puesto entre paréntesis en estos días y, como bien refleja "La Nueva Provincia" en sus páginas, la eventual caída del proyecto Vale implicaría un verdadero mazazo para la relación con Brasil, ecuación en la que el país finca gran parte de su expectativas de crecimiento.
En el caso particular de nuestra ciudad, las consecuencias serían sumamente gravosas en términos de inversión y crecimiento, así como también de empleo y transformaciones urbanas largamente postergadas.
Desde el comienzo el proyecto se vio expuesto a una serie de tironeos y condicionamientos extraordinarios, fundamentalmente en el plano local, donde se pretendió modificar el lugar de ubicación de las instalaciones, vinculando la iniciativa, con permisos y autorizaciones ya otorgadas, al proyecto de dragado e instalación de una planta regasificadora en el muelle de Cuatreros.
En lugar de considerar este proceso inversor, como una oportunidad única e irrepetible para lograr que la adaptación del proyecto genere transformaciones en materia logística y de integración urbana y regional, la prioridad estuvo puesta en la búsqueda de ventajas en el mejor de los casos, sectoriales.
En el plano nacional, el kirchnerismo, fiel a su relato, pretende hacernos creer que las condiciones globales a que están sujetas inversiones de esta magnitud y previamente acordadas, pueden ser unilateralmente modificadas sin consecuencias de ninguna naturaleza.
En una economía cada vez mas cerrada, con intervenciones no virtuosas del Estado, y en la que la seguridad jurídica es considerada un pretexto corporativo, resulta insostenible confiar en inversiones externas como forma de impulsar el crecimiento económico, el empleo o el desarrollo de infraestructuras como la ferroviaria y portuaria.
Para hablar de las condiciones macro, luego de acordada la inversión, se tomaron decisiones como la prohibición de remitir utilidades al exterior, la obligación de liquidar divisas de exportaciones en el país, sumado a la aceleración de la inflación y a la brecha cambiaria que obliga a un inversor de esta magnitud a liquidar sus divisas al valor oficial y asumir los costos del proyecto al valor del dólar paralelo, superior a un 40%. Está claro que así es muy difícil sostener un proyecto inversor.
Todo ello, sin tener en cuenta el otro "costo argentino", conformado por canones especiales, "peajes", "estímulos para flexibilizar ciertas exigencias", costos extraordinarios para determinados permisos y licencias y exigencias extraordinarias amparadas en el concepto "total, en una inversión de esta magnitud, este porcentaje no tiene incidencia".
Sin embargo, el mismo gobierno que predica las supuestas bondades del cepo cambiario, el freno a las importaciones y otras medidas por el estilo, en el caso de otras inversiones a que se halla "urgido" el modelo autosuficiente, como en el área hidrocarburífera, las reglas fueron flexibilizadas de manera extraordinaria, con facilidades para exportar, acceder a un mercado cambiario especial, o girar utilidades.
Bastaría analizar los acuerdos de inversión pactados hasta el presente en torno a Vaca Muerta para poner en claro el nivel de arbitraria discrecionalidad con que el gobierno se maneja.
En síntesis, el principal proyecto inversor en nuestro país expuesto a modificaciones abruptas y unilaterales de reglas, a intervenciones oficiosas, y a exigencias extracontractuales y como si ello fuera poco, ante la tentadora opción de plantarse y reclamar con todo derecho, iguales condiciones que las brindadas a otras inversiones, como las hidrocarburíferas, que aunque escasas, evidencian en su afán por lograrlas, un doble discurso de nacionalismo de opereta, insustentable por donde se lo mire.
El país necesita de reglas de juego claras, instituciones confiables, predicibilidad a mediano y largo plazo y, sobre todo, respetar los acuerdos. Es impostergable asumir la necesidad de financiamiento, terminar con el relato populista y demagógico de "vivir con lo nuestro", integrarnos al mundo y en especial a nuestros vecinos regionales. Lo contrario ya lo conocemos, enriquecimiento para unos pocos, pobreza y falta de horizonte para el conjunto de la sociedad.
(*) Juan Pedro Tunessi es diputado nacional por la UCR.
