AUDITORÍAS: OBSERVAN A TRES FIRMAS CAPITALIZADAS

Hidrocarburos. El Gobierno recibió ayer los informes de seis petroleras y hoy tendrán en sus manos tres más. Hay críticas a Andina, Chaco y Transredes

El proceso de auditorías a los 56 campos hidrocarburíferos dispuesto por el presidente, Evo Morales, concluirá este 31 de diciembre. Por ello, el coordinador general del equipo de fiscalizadores y auditores del Ministerio de Hidrocarburos, Enrique Mariaca, entregó ayer seis informes al Gobierno y hoy prevé enviar tres más.
Mariaca reveló a EL DEBER que las capitalizadas Andina, Chaco y Transredes son las que tienen más observaciones en sus inversiones realizadas.

"Hemos entregado los informes finales de las compañías Total, Vintage, Repsol YPF, Petrobras Energy, Petrobras Bolivia y Pluspetrol, y mañana (hoy) lo haremos de las empresas British Gas Bolivia y la capitalizada Andina. Los resultados de las auditorías de las otras dos capitalizadas Chaco y Transredes estarán el 31 de diciembre o el 1 de enero. Estas tres últimas son las más pesadas", aseveró el responsable de las auditorías.

¿Por qué demoran los informes de las capitalizadas, tomando en cuenta que ya se adelantó que eran las más observadas?, se le consultó al ejecutivo (Mariaca), a lo que argumentó que Andina y Chaco cuentan con más campos petroleros. Mientras que en el caso de Transredes obedece al complicado sistema de oleoductos y gasoductos.

"Dadas las características de los contratos que benefició a estas compañías, entonces hay que escudriñar a fondo toda la situación, pero es claro que las empresas capitalizadas son las que presentan más observaciones, por ello es que el pueblo ha reaccionado contra las petroleras, porque no estaban cumpliendo un rol positivo, éste es el asunto más delicado de los informes", sintetizó.

En el caso de Petrobras, agregó que también se presentan sugerencias y es delicado el tema, por lo cual dijo que es prematuro hablar del asunto ya que será el Gobierno el encargado de divulgarlo. "En su momento daremos a conocer la verdadera imagen de la situación", se limitó a señalar.

Tras la culminación de las auditorías, se abrirá otro proceso de 90 días con el objetivo de hacer los ajustes necesarios a los informes, por considerar que el estudio merece una revisión y un ajuste final para proceder a la firma definitiva de los contratos petroleros por el asunto de las inversiones.

Al respecto, el viceministro de Exploración y Producción, Guillermo Aruquipa, en contacto telefónico con EL DEBER comunicó oficialmente que recibió los resultados finales de seis auditorías. Sin embargo, criticó la demora de los resultados finales de las capitalizadas.

“Las consultoras están demorando. Hay una serie de argumentos de las petroleras y de las firmas auditoras que señalan que los paros y movilizaciones afectaron en la entrega de la documentación. Hasta el momento sólo hemos hecho un inventario, pero aún no hemos iniciado la revisión del contenido. El análisis será efectuado por un equipo del Ministerio de Hidrocarburos la próxima semana y después de ello será entregado a la Contraloría General de la República. Vamos a esperar todos los informes”, aseveró.

Por su lado, la petrolera Chaco aclaró no haber recibido ninguna comunicación oficial y está a la espera del informe para aclarar cualquier duda. "Hasta ahora (ayer) los consultores seguían solicitando información", indicó un alto ejecutivo de la compañía.
En tanto, la compañía Repsol se limitó a señalar que esperarán los informes del Gobierno para pronunciarse.

El gerente de Relaciones Externas de Transredes, Óscar Serrate, coincidió con las otras compañías.

Negociaciones serán en base a los informes
El Gobierno negociará los montos de inversión con las compañías petroleras que ya suscribieron 44 contratos con el Estado en base a los resultados oficiales presentados en las auditorías, admiten en el Ministerio de Hidrocarburos.

Los informes que contemplan análisis económico, técnico, financiero, medioambiental, el aspecto legal y todas las áreas relacionadas con el sector hidrocarburífero son consideradas ‘claves’ para cualquier relación y obligación contractual a efectuarse entre las compañías y el Estado.

Cabe recordar que en el caso de las capitalizadas Chaco, y Andina, YPFB busca la compra del tres por ciento de acciones para asumir el control y administración de las ganancias obtenidas. Mientras que en el caso de Transredes se torna más difícil porque está obligado a adquirir más del 14% del paquete.

En estas empresas el Gobierno intenta lograr el 51% para los bolivianos para poseer la mayoría accionaria y controlar realmente los hidrocarburos.