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ACTUALIDAD
Caso Las Bambas: Conflictos sociales y riesgo empresarial en Perú
19/06/2019

Según la Encuesta de Gerentes

MINING PRESS/Semana Económica

WALTER NOCEDA

La reciente situación de Las Bambas y el mal manejo de los conflictos por parte del gobierno explican la mayor preocupación de los gerentes generales.

Los  conflictos sociales son percibidos como el principal riesgo para la actividad empresarial, según la XV Encuesta de Gerentes Generales de SEMANAeconómica, pese a que éstos son menores que los registrados en el 2018. El mal manejo de los recientes conflictos mineros —Las Bambas y Tía María— por parte del gobierno explican esta percepción.

A abril del 2019, hay ocho conflictos sociales menos que el mismo mes del año pasado. Sin embargo, los niveles alcanzados este año en Las Bambas —que produce 2% del cobre mundial y aún no está del todo solucionado— impactaron de manera negativa en la producción de este metal, prendieron las alarmas del corredor minero y pusieron en riesgo futuros proyectos, lo que no pasó desapercibido por el empresariado.

ESTADO OBSERVADOR

La función reactiva del gobierno explica el desenvolvimiento de los conflictos sociales, pues aparece una vez que el problema ha escalado, en lugar de tomar medidas preventivas. “[En Las Bambas] el Estado no tuvo presencia física para resolver el conflicto hasta el día 40. Éste es un ejemplo de la demora al involucrarse en problemas complejos”, afirma Gonzalo Quijandría, director de asuntos corporativos de Minsur.

Dada la desidia del Estado, existe una falta de comunicación de los avances por parte de las mineras en cuanto a la solución de conflictos. “Debe haber un esfuerzo de compartir las buenas prácticas porque solo se publican los casos de no éxito. Ahí también el Estado debería tener un rol difusor”, señala Víctor Gobitz, CEO de Buenaventura.

La inestabilidad política mostrada por el actual gobierno también influye. “La situación de gestión de conflictos no ha cambiado, sobre todo si el desarrollo de políticas se ve obstaculizado por el Legislativo, y se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en las tensiones entre ambos poderes”, comenta Roger Merino, politólogo especializado en conflictos sociales y docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP).

Además, los lugares donde hay conflictos suelen ser desatendidos por el Estado, lo que genera más descontento social. “El Estado no ha tomado a la minería como parte de un plan de desarrollo regional. No tener esta visión hace que se trate a cada proyecto de manera desarticulada y no permanente. Se tienen conversaciones y se retoman cuando hay conflicto”, afirma Omar Narrea, experto en políticas de infraestructura y profesor de la Escuela de Gestión Pública de la UP.

Por su parte, las empresas están obligadas a repensar sus estrategias de relacionamiento comunitario si no quiere replicar casos como Las Bambas en sus propias operaciones (SE 1662, Management).

SECTOR GOLPEADO

Como ya lo advirtió esta revista, la falta de una resolución definitiva a Las Bambas pone en riesgo la estabilidad del sector, pues existe la posibilidad de un efecto contagio en el corredor minero del sur (SE 1664, SE Destaca). “Esto [el conflicto] se puede replicar en todo el país y por eso el sector empresarial está preocupado. Cualquier solución a un conflicto va a tener una reproducción en las demás comunidades mineras”, indica Guillermo Shinno, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y exviceministro de Minas. 

La incertidumbre sobre el desarrollo de proyectos como Tía María(SE 1668, La Voz de SE) también influye en la preocupación de los empresarios pues involucra una alta inversión —US$1,400 millones—, necesaria para el país, afirma Guillermo Loli, gerente de estudios de opinión de Ipsos Perú. Sin el proyecto, la percepción del país como plaza de inversión se vería afectada.

La prevención y manejo oportuno de los conflictos sociales es clave para el desarrollo de proyectos mineros. De persistir esta percepción, mostrada por los CEO en la encuesta de SEMANAeconómica, se concretaría una caída de futuras inversiones y, por lo tanto, un impacto negativo en el sector minero y en el país.


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