NARA ROMERO RAMS

El sueño de los bolivianos de industrializar el litio fue hecho realidad por el expresidente Evo Morales (2006-2019) y, tras el golpe de Estado de noviembre pasado, el retroceso de ese anhelo es inminente.

Bolivia cuenta con 21 millones de toneladas métricas del metal blando en el salar de Uyuni (Potosí), considerada la mayor reserva geológica del mundo certificada por la consultora estadounidense SRK sobre el 64 por ciento de su planicie, tras perforar pozos de 50 metros de profundidad.

Para consolidarse como un actor fundamental en el mercado internacional, el gobierno de Morales impulsó el proyecto de industrialización del litio en tres fases.

La primera, iniciada en 2012 con el proceso tecnológico y la producción de plantas piloto de fertilizantes, comercializados principalmente en el mercado interno.

En 2016 comenzó la segunda fase e implica la construcción de las plantas industriales de cloruro de potasio y carbonato de litio para exportación, con piscinas industriales que garantizan el insumo necesario para obtener sales básicas.

La tercera fase es la fabricación de baterías de litio a escala industrial, en alianza con la firma alemana ACI Systems para su comercialización.

En los próximos cinco años, la na la nación andino amazónica aspiraba a producir más de 150 mil toneladas de sales de litio con esas plantas, pero no todo fue miel sobre hojuelas cuando a menos de una semana de las elecciones generales del 20 de octubre pasado se convirtió en polémica.

Grupos minoritarios del Comité Cívico de Potosí (Comcipo) intentaron politizar el tema, considerado de vital importancia para el desarrollo económico de la región y mediante compromisos con partidos políticos de derecha defendieron sus intereses.

Por varias semanas acataron un paro por tiempo indefinido con la demanda de mayores regalías por la industrialización del litio y la modificación del Decreto 3738, mediante el cual se creó la empresa mixta YLB ACISA con la participación de la alemana ACI Systems.

Ese escenario también fue propicio para manifestaciones en contra del entonces binomio por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales-Álvaro García Linera.

Ante las demandas de Comcipo, autoridades y el propio presidente Morales dialogaron con los demandantes que, pese a la voluntad gubernamental, tenían intereses muy diferentes a los del pueblo boliviano con el asesoramiento del economista Juan Carlos Zuleta, participante activo en la Comisión Nacional del Litio de Chile desde 2014.

Tras el golpe de Estado contra el líder aymara el 10 de noviembre pasado, la figura de Zuleta se hizo más notoria al convertirse en el gerente ejecutivo de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), nombrado por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.

Con la designación de Zuleta como gerente ejecutivo de YLB, la industrialización del litio en Bolivia se convirtió en otra de las banderas enarboladas por el régimen golpista para, según analistas, desacreditar y desmoralizar al gobierno de Evo Morales.

La publicación boliviana Primera Línea, días antes de los comicios generales de octubre pasado, denunció que el economista era íntimo compañero de Samuel Doria, aliado del entonces candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, desde los tiempos en que estudiaban Economía en la Universidad Católica de Bolivia.

Asimismo, lo calificó de agente que trabaja para el gobierno chileno en sus planes de boicotear esta esfera del desarrollo boliviano y de actuar bajo las instrucciones de Saúl Lara, exministro del gobierno que presidió Mesa (2003-2005).

Con Zuleta al frente de YLB, se materializarían las denuncias hechas con anterioridad por diputados del MAS de derogar el decreto supremo que estableció la sociedad mixta entre Alemania y Bolivia, la cual garantizaría por 70 años el mercado de las baterías de litio.

En un artículo publicado en la Agencia de Noticias Fides el 4 de septiembre de 2018 titulado 'Un pésimo proyecto de industrialización del litio en Bolivia', Zuleta expuso sus dudas sobre la capacidad del gobierno de Morales para diseñar un plan de desarrollo del recurso natural.

El candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce Catacora, en entrevista al diario argentino Página 12 a inicios de este febrero aseguró que el gobierno de facto está deshaciendo los acuerdos hechos bajo la presidencia de Evo Morales.

'Teníamos avanzado un contrato con una empresa para hacer bicarbonato de litio y baterías de litio con un mercado asegurado en el exterior y que se ha eliminado', denunció el exministro.

Arce confirmó que las autoridades golpistas pretenden ejecutar proyectos con otras empresas que, a su juicio, no le extrañaría sean de Estados Unidos, además de renegociar los contratos de venta de gas natural con Brasil por 12 ó 15 años que 'jamás deberían realizarse'.

'Es un asunto donde el gobierno que se dice de transición no debería hacer nada hasta tanto haya otro que lo reemplace por el voto popular el 3 de mayo y tome las decisiones con total legitimidad sobre este recurso natural', acentuó.

Asimismo, cuestionó las atribuciones en esos temas tomadas por las autoridades golpistas por las que nadie votó, cuando sólo debían limitarse a realizar un cronograma electoral.

La industrialización del litio, su comercialización a nivel mundial y los acuerdos con Alemania, Rusia e India fueron iniciativas implementadas por el expresidente Evo Morales para beneficiar al pueblo boliviano que, durante 14 años, fue dueño de sus recursos naturales.

Tras el golpe de Estado contra Morales, el escenario en el país suramericano cambió y personajes como Zuleta, apoyados por el régimen golpista, buscarán enriquecer a una minoría y a las grandes transnacionales que hasta 2005 extrajeron sus riquezas sin importarles las necesidades de la población.

El ex vicepresidente Álvaro García Linera, a principios de 2019 calculó ganancias entre dos mil y dos mil 500 millones de dólares anuales por la industrialización del litio, y afirmó que era un sueño hecho realidad.

'Esto va a revolucionar el mundo científico boliviano, va a revolucionar la industria boliviana, los ingresos de Bolivia, este no es un sueño, ya hemos iniciado', sustentó.

Con el golpe de Estado, esa realidad se detuvo y con ella comenzó el retroceso a la etapa neoliberal para los bolivianos.