El Gobierno continúa redactando el anteproyecto para establecer un nuevo Código de Procedimiento Minero en la provincia.
Del último borrador al que accedió este medio, se incluye la participación del Juzgado Electoral y de Minas dentro del procedimiento pero continúa con atribuciones administrativas el Ejecutivo. Además, el Gobierno modificó el apartado que disponía la distribución automática de las propiedades mineras a favor de la empresa Catamarca Minera y Energética (Camyen).
La modificación surgió luego de reuniones del ministerio de Minería con profesionales del sector. Estos últimos habían planteado que la distribución automática de propiedades, sin límites y garantías, podía configurar una falsedad ideológica.
En el borrador del proyecto se indica que en los casos de caducidad o vacancia de permisos o concesiones mineras, ahora se deberá notificar a Camyen para que en 60 días corridos exprese su decisión o no de declarar las áreas como de Investigación Geológica Minera a cargo del Estado.
Ahora bien, el último borrador del proyecto posee un sistema mixto de autoridades. En este sentido, detalla que son atribuciones de la Autoridad Minera Administrativa “atender y resolver sobre los asuntos, peticiones y cuestiones que versen sobre los derechos mineros en todo el territorio provincial, conceder o denegar derechos mineros y declarar la caducidad de los mismos”.
Paralelamente, esgrime que son atribuciones del Juez de Minas “entender en el recurso de revisión previsto en el Código, el que tramitará por el procedimiento previsto para los incidentes en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia; entender en primera instancia en las acciones por indemnización que se entablen de conformidad a lo previsto en el Código de Minería”.
Sobre la idea de que el Ejecutivo sea quien resuelva la concesión, rechazo y declarar caducidades mineras, hubo planteos. Para el caso, se observó que desde la perspectiva del inversor se genera incertidumbre sobre la sostenibilidad temporal de la política minera.
El Ancasti
Profesionales de los departamentos de Geología e Ingeniería en Minas de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA reunieron un grupo de especialistas en la materia para analizar el proyecto de Reforma del Código de Procedimiento Minero, que en un futuro próximo se tratará en Legislatura. La UNCA fue invitada a participar del análisis y observaciones del documento por parte del Ministerio de Minería.
Por parte del Departamento de la carrera Licenciatura en Geología, Alfredo Marchioli explicó: “Hemos reunido a un grupo de profesionales con vasta experiencia para hacer un análisis del Proyecto. Hay que destacar que así como existe un Código Civil, Comercial y Penal, también tenemos un Código de Minería, que cuenta con un manual o código de procedimientos”.
“El documento regula cómo se debe proceder y cuáles son los plazos y tiempos que deben cumplir las autoridades mineras y los concesionarios. El último Código es de la década del 60, por lo que necesita una reforma, modernización y adaptarse a las nuevas condiciones y demandas sociales, en cuanto a la distribución de la generación de riquezas, la participación ciudadana y la protección del medio ambiente”, detalló.
Indicó además que las principales observaciones que se efectuaron por parte de los especialistas catamarqueños fueron consideradas en la formulación del proyecto.“Hemos realizado sendas apreciaciones sobre la administración de los recursos y procesos mineros”, dijo.
Por su parte, desde el Departamento de la carrera Ingeniería en Minas, Reinaldo Herrera dijo: “Llegó a nuestras manos el Proyecto en forma institucional desde el Ministerio hacia la Facultad y bajado a los departamentos.
Es destacable que esto sucede por primera vez, ya que no hemos tenido anteriormente participación institucional”. “Hemos analizado una propuesta de modificación del Código. El mismo tiene muchas incongruencias, es decir, enfrentamientos con el Código de Minería de la Nación -que es la ley madre- sobre propuestas que se realizaban en el proyecto que analizamos, más que todo referidas a los derechos de las propiedades mineras, que es donde más hicimos énfasis para asegurar que aquellos que tengan derechos mineros tengan la posibilidad, en el caso que suceda algún tipo de conflictos, que sea justa la decisión de otorgar o denegar las propiedades mineras”.
Herrera indicó que esto tuvo muy buena recepción por parte del Ministerio de Minería y prevén tener participación en la Legislatura en el momento en que este proyecto se trate en ambas cámaras. “Tenemos una provincia con un alto potencial geológico minero y las carreras específicas en la materia están en nuestra Universidad”, destacó.
Por su parte, académicos de las carreras de Geología e Ingeniería en Minas conformaron una comisión de trabajo integrada por profesionales con experiencias en el ejercicio profesional y elaboraron un documento que quedó a consideración de las autoridades del Ministerio de Minería de la Provincia. Se desarrollaron las consideraciones sobre la reforma en orden de relevancia e incidencia en la política de Estado minera, en el que se reflexionan sobre los riesgos y las implicancias de adoptar un régimen centralista en una actividad que demanda calidad institucional, estado de derecho y seguridad jurídica.
Esas demandas también son exigidas por la sociedad a efectos de garantizar una minería ambientalmente sostenible, socialmente responsable y económicamente equitativa. Por otro lado, se advierte que la reforma del código excede al propósito de instrumentación de las cuestiones procesales mineras, extralimita y limita al derecho de fondo del Código de Minería, susceptible de ser declarado inconstitucional en cualquier instancia, incluso en una futura oposición con privados o, incluso, empresas del Estado, comprometiendo el interés público, la utilidad pública y la sostenibilidad de la política minera.
