El impacto en las cuentas fiscales
ALEJANDRO BERESOVSKY
Fiel a una política que caracterizó al kirchnerismo desde 2003, el gobierno de Alberto Fernández mantiene contenidas las tarifas de servicios públicos a fuerza de subsidios. Las peculiaridades de este año signado por la pandemia de Covid-19, el consecuente freno a la actividad económica, la devaluación y la inflación exigen un enorme esfuerzo fiscal para sostener ese esquema.
El congelamiento tarifario se tradujo en un incremento de las transferencias de fondos a las empresas prestadoras con el fin de ayudarlas a cubrir, sobre todo, los gastos corrientes. Según el informe de ejecución presupuestaria de la administración pública nacional, correspondiente al periodo enero-junio, los subsidios al sector energético ascendieron en la primera mitad del año a $ 169.397 millones (u$s 2620 millones al valor promedio de la divisa en ese momento), esto es, $85.781 millones más que en igual período de 2019 o, en términos porcentuales, más del doble: 102,6%.
Cammesa, la compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, está a la cabeza de los destinos de los fondos, con $ 125.000 millones (un aumento del 240%). Exclusivamente en junio, las transferencias a todo el sector energético fueron de $ 53.725 millones, un 207,1% más que en el sexto mes del año pasado.
Las que tuvieron un aumento sensiblemente menor fueron las transferencias de fondos para gastos de capital de las energéticas: $ 4172,8 millones en el lapso enero-junio, es decir, $ 1235,9 millones o 42,1%, lo que denota una menor inversión.
De acuerdo con el Informe de Tendencias Energéticas de julio elaborado por el Instituto Argentino de Energía (IAE) General Mosconi –que toma como fuente el presupuesto abierto del Ministerio de Economía–, los subsidios energéticos continuaron la línea ascendente después del corte de junio: los montos devengados acumulados al 26 de julio solo para Cammesa fueron de $ 152.000 millones (u$S 2320 millones). Para comprender la dimensión de estos flujos, se puede decir que los montos se acercan a lo destinado a las provincias para hacer frente a la emergencia sanitaria, una contribución de $ 138.062,2 millones financiada con crédito.
En el sector del transporte, la tendencia fue menos marcada: $ 48.141,8 millones en la primera mitad del año, $ 17.295 millones más que en igual lapso de 2019, o sea, un incremento de los subsidios del 56,1%. Si se toma solo junio, se observa que esa actividad recibió transferencias por $ 12.762.6 millones, es decir, un 41,7 por ciento de crecimiento interanual. Junto con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), son los subsidios los que explican en mayor medida el aumento del gasto de la administración pública nacional.
“El Gobierno anterior terminó con subsidios del 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) y, si todo sigue igual y las tarifas se mantienen congeladas, las estimaciones para este año indican que representarán el 2,4 % del PBI, es decir, un punto más”, afirma el exsecretario de Energía, Daniel Montamat.
El economista Jorge Colina, director de la consultora Idesa, manifiesta por su parte que esta participación importante en las erogaciones convertiría a la reducción de subsidios en una de las formas más simples de bajar el déficit fiscal, lo cual, sin embargo, es una medida difícil de llevar adelante en términos políticos.
Camilo Tiscornia, director de CyT Asesores Económicos, remarca que el aumento de los subsidios fue más del doble que la inflación, que estuvo en 42,8% en el acumulado a junio, y que tampoco se explica por un incremento en el consumo de servicios públicos. En efecto, en mayo –y respecto de igual mes del año anterior– la demanda de energía eléctrica, gas y agua registró una caída del 5,4% y la disminución en el uso del transporte de pasajeros fue del 90%, al tiempo que el uso del transporte de carga cayó 12,8%, de acuerdo con el Indec.
Sobre la base de datos de Cammesa, en julio se verificó un incremento interanual del 13% en la demanda de energía eléctrica del segmento residencial, al tiempo que cayeron un 7,3% los consumos intermedios (comercios e industrias pequeñas) y la disminución llegó al 13% en las grandes empresas. En tanto, la demanda total de gas natural cayó un 7,9% en abril, respecto de igual mes del año anterior.
Esa tendencia se condice con el parate económico. El Estimador de Actividad Económica (EMAE) arrojó una caída del 20,6% en mayo en comparación con igual mes de 2019.
¿Qué explica, entonces, el aumento de los subsidios, fundamentalmente al sector energético? Por un lado, el atraso tarifario. De acuerdo con el informe del IAE Mosconi, el costo promedio de generación eléctrica se elevó en junio un 20,2% en relación con el mes anterior, al tiempo que se incrementó un 35,2% de manera interanual. En contraste, el precio promedio que pagan los consumidores disminuyó un 0,8 % respecto de mayo y aumentó apenas 0,8 % respecto del mismo mes del año anterior.
Además de esta brecha, se verifica una “baja cobrabilidad de las distribuidoras, por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), que deriva en deudas con Cammesa”, señala el trabajo del IAE Mosconi. En otras palabras: la tan temida ruptura de la cadena de pagos, que, señala el exsecretario de Energía Jorge Lapeña, presidente del IAE Mosconi, comienza en la morosidad de los usuarios y sigue con la de las distribuidoras.
“Las tarifas están congeladas y algunas distribuidoras dejaron de pagar, se genera una deuda y es, en definitiva, pagada con los subsidios de Cammesa”, asegura. “Si entre el 30 y el 35 % de la energía que se genera no se paga, es porque a las distribuidoras no les alcanza para pagar, eso podría provocar que las empresas fueran a la quiebra o, lo que sucede, que el Estado subsidie”, explica.
Otra opción –de no mediar los subsidios– sería el corte del suministro, lo que en este contexto de pandemia, ASPO y home office es impensable. “El precio promedio que paga la demanda alcanza a cubrir solo el 48% de los costos de generación en junio de 2020, valor que no se observaba desde septiembre de 2018”, dice el documento. “Esto implica que más de la mitad del costo de generación es cubierto con subsidios”, añade.
Precisa que en junio de 2019 el precio promedio pagado por los consumidores había cubierto en cambio el 65% de los costos de generación. En otras palabras: “Hubo un retroceso significativo en la cobertura de costos”.
¿Es sostenible este esquema? ¿Cuánto podría extenderse y con qué consecuencias? “No tenemos que engañarnos. La energía tiene un costo y ese costo lo pagamos; el subsidio no es un regalo, se cubre con el bolsillo del contribuyente de impuestos y, si con eso no alcanza, lo hacemos con papel pintado”, grafica Montamat, en alusión a la emisión monetaria.
El especialista recalca que la contracara del subsidio es la mayor inflación, la cual –recuerda– deteriora el salario. “Siempre digo que hay que resolver esto con un plan integral económico, en el que la energía tiene que tener un capítulo”, afirma.
Colina y Montamat remarcan además el impacto que tendrá sobre la infraestructura, porque el congelamiento de las tarifas, más allá de los subsidios para afrontar gastos corrientes, desalienta la inversión. “Si los precios de la energía quedan congelados o librados a subsidios que se financian con impuesto inflacionario, nos quedamos también sin producción de energía propia”, alerta Montamat.
“Está bajando la producción de petróleo y gas y, si continuamos así, tendremos que importar y la energía importada se paga a precios internacionales, en dólares”, razona. Y concluye: “Hay que tener mucho cuidado en no repetir errores del pasado. Los déficits energéticos pegan en las cuentas públicas, porque a los subsidios hay que financiarlos de alguna manera, y pegan también en las cuentas externas, porque hay que volver a importar energía en un país que tiene falta de dólares”.
El también exsecretario de Energía Emilio Apud se manifiesta “pesimista”. “Esto ya lo habíamos visto”, define. “El gobierno kirchnerista mantuvo congeladas las tarifas prácticamente por 12 años con una inflación que sumó más de 1000 por ciento en todo el periodo”, describe. “Eso hizo que las empresas hayan dejado de invertir. En el sector de la energía si se deja de invertir empiezan a verse los cortes de suministro por falta de inversión en las redes y mantenimiento”, anticipa.
“Además –añade– la generación de electricidad requiere de una inversión permanente para poder incorporar entre 1000 a 1500 megavatios por año por el crecimiento de la demanda”. Sin embargo, marca un aspecto que profundizaría el problema: la diferencia de la capacidad instalada en 2003 con la actual. “En ese momento, había un colchón –asevera–. Ahora, ese colchón es menor porque en los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri el problema se solucionó parcialmente”.
Enumera que en la gestión anterior “bajaron mucho los subsidios, se renegociaron los contratos, se hicieron inversiones, se empezó a exportar gas a Chile otra vez”. “Es decir, se ingresó en un camino de recuperación y entonces se dejó un pulmón, pero no como el de 2003, de tres o cuatro años, sino de un año o dos a lo sumo”, ilustra.
Apud adelanta que ya en el verano de 2021-2022 se van a notar los problemas “y sobre todo irán creciendo las importaciones de gas, produciendo un serio problema en las cuentas fiscales, porque debería ser un generador de divisas como lo es el campo”. “Los primeros problemas no serán para el usuario, sino para las arcas públicas, y eso de fabricar dinero para producir miles de millones de pesos para subsidiar tiene un efecto inflacionario muy fuerte”, completa.
José María Rodríguez, doctor en Ciencias Económicas y colaborador del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, apunta también que un atraso tarifario deriva en comportamientos de consumo que no guardan relación con el costo real de la energía, hábitos que, destaca, son difíciles de revertir.
El desafío de timonear la economía en un contexto de pandemia, en la que hay sectores que pugnan por flexibilizaciones y otros que ven en el aislamiento social la única opción posible para la sostenibilidad del sistema sanitario no parece ofrecer oportunidades de corregir estas distorsiones.
Aunque no todos coinciden con esa presunción. “Yo creo que siempre hay un margen para actualizar tarifas, lo que pasa es que hace falta coraje político y explicarle a la gente cuáles son las consecuencias de no hacerlo”, dice Apud, quien recomienda “un sendero de crecimiento” de los montos que se cobran a los consumidores.
