El director de la SNMPE expresa su preocupación sobre las vinculaciones de candidatos al Parlamento con actividad ilegal
ALVARO REYES QUINTEROS
El director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, advierte sobre la penetración de la minería ilegal en los más altos estamentos del Estado. En cada contexto electoral parece que este flagelo tiene más promotores.
¿Le preocupa la presencia de representantes de la minería ilegal en el Congreso?
Por supuesto. Estamos sumamente preocupados por lo que viene sucediendo; ya es corroborable que la minería ilegal ha venido penetrando el mundo político, colocando congresistas y personas que representan sus intereses. Y no solamente se ve en el Parlamento, también por su estrecha relación con gobiernos regionales y alcaldías.
Hay ejemplos claros, como el del legislador Alexander Lozano (UPP), quien pretendió promover la minería aurífera aluvial en la Amazonía.
Tuvo que retirar ese proyecto nefasto que hubiera legalizado la minería aluvial, una actividad prohibida en este momento. Vemos que desde el Congreso se les da facilidades a los mineros informales para que mantengan sus ilegales trabajos a pesar de que afectan negativamente el medio ambiente. Los mineros ilegales vienen usando de manera indiscriminada el mercurio para extraer minerales.
La congresista Yessica Apaza, también de UPP, ahora plantea sancionar severamente a empresas por faltas administrativas. ¿Se le da más espacio así la minería ilegal?
Definitivamente. La minería responsable se adhiere a los más altos estándares en materia ambiental y de seguridad. Es una minería que genera empleos y que paga impuestos. Pero hay otra minería que es informal, ilegal, que depreda, contamina, que tiene nexos con otras actividades ilícitas y no tienen ningún tipo de supervisión pública.
¿Esa minería paralela es igual de rentable?
Actualmente hay entre 400 y 500 mil mineros informales que generan más de 3 mil millones de dólares, pero no son supervisados. Es importante no perder de vista dónde debemos desarrollar los esfuerzos de cara a los desafíos que enfrentamos.
ALVARO REYES QUINTEROS
Entre Madre de Dios y Puno suman apenas seis curules en el Congreso de la República. Su representación parlamentaria es mínima –solo el 4% de 130 congresistas–, pero suficiente para formar una bancada. Con ella, la minería ilegal se juega su supervivencia. Y eso se ha podido corroborar en este periodo legislativo pese a su brevedad.
En noviembre del año pasado, el congresista de Unión por el Perú (UPP) Alexander Lozano, el único representante de Madre de Dios, intentó a través de un proyecto de ley que esta actividad ilegal y tremendamente dañina para el medio ambiente se extienda en toda la Amazonía.
Su argumento fue que serviría como una actividad económica “alternativa” para que las familias generen ingresos en medio de la pandemia provocada por el COVID-19. Lozano planeaba así dar rienda suelta a la depredación indiscriminada de la selva. Su propuesta era tan nociva que, ante el escándalo y los cuestionamientos, él mismo la retiró.
Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), basado en 500 imágenes satelitales, la extracción ilegal de oro arrasó con 18,440 hectáreas en las regiones de Madre de Dios, Puno y Cusco entre 2017 y 2018. “Esto equivale a más de 25 mil campos de fútbol”, señala el MAAP en su informe. Eso sucedió sin una norma que lo avale, como la que tentó Lozano.
El fracaso del legislador, sin embargo, no ha hecho retroceder los embates de la minería ilegal, que así como lo hace con los suelos vírgenes, ya devora el terreno político. Las elecciones generales de abril marcarán una nueva pauta.
Saulo Nicolás Apaza Quispe es candidato al Congreso por UPP en Puno con el número 2. En noviembre de 2020, el militante upepista Julio Ortiz Quispe denunció que fue separado de la nómina de postulantes por la intervención de la legisladora Yessica Apaza Quispe, hermana de Saulo.
La congresista es una activa defensora de los mineros artesanales, a quienes ella llama “mis hermanos”. Se trata de mineros informales, algunos camino a la formalización y otros no.
En una reunión por Zoom, el 2 de junio de 2020, Apaza les ratificó su apoyo en nombre del Legislativo.
“Ha habido un abandono a este sector, pero hoy este Congreso, este nuevo rostro, está identificado con ustedes, porque el beneficio siempre ha sido para los grandes poderes económicos (...) mi despacho siempre será de puertas abiertas para ustedes”, comentó.
Hace cuatro días, el 22 de enero, la congresista presentó un proyecto de ley que busca poner trabas a las compañías formales. Su plan es que las empresas no reciban autorización para extraer minerales si incurren en faltas administrativas por contaminación ambiental.
Perú21 intentó comunicarse con Apaza Quispe para entender su postura, pero su celular figuraba apagado.
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Fuentes del Ministerio del Ambiente consultadas por este diario calificaron ese planteamiento de “populista”. “A todas las operaciones mineras con infracción no se les puede sancionar bajo la modalidad más severa, existe la proporción; técnicamente esa propuesta tiene problemas”, indicaron. Es una iniciativa condescendiente con la minería ilegal. De ser elegido, ¿Saulo Apaza seguirá esa misma ruta?
En Puno hay otro candidato al Legislativo que no oculta su defensa a los mineros. Paul Apaza Coyla es el postulante número 1 por el partido Victoria Nacional, de George Forsyth.
Apaza fue presidente de la Central de Cooperativas Mineras de La Rinconada y Lunar de Oro. Queda claro qué sector lo apoya. La Rinconada, conocida como una de las ciudades más altas del mundo (a más de 5 mil m.s.n.m.), es uno de los epicentros de la minería informal en el país. Incluso, la Fiscalía ha detectado explotación sexual en el lugar.
El año pasado, además, la Policía y el Ejército intervinieron 41 campamentos de minería ilegal en el distrito puneño de Ayapata. Es un flagelo desatado que resulta difícil de controlar.
En Madre de Dios también hay al menos un postulante que no ha sido reacio a la minería ilegal. Eduardo Salhuana Cavides quiere volver a ser congresista y se lanza con el número 2 por Alianza para el Progreso (APP).
Esta vez en su experiencia registra haber sido del círculo más cercano del exgobernador Luis Otsuka, quien siempre se opuso a los controles del Estado sobre la depredación de la Amazonía con fines extractivos.
Otsuka fue dirigente minero antes que gobernador y acataba paros en su región junto a Salhuana. En 2014, el hoy candidato al Parlamento rechazaba la ley que prohíbe el uso de dragas en aguas y ríos. Salhuana lo secundaba.
Son 72 los candidatos por Madre de Dios que pugnan por un solo sillón. En Puno son 108 los que se pelean cinco escaños. Pero lo que está en juego es la preservación de nuestro medio ambiente.
-DesdeVictoriaNacional indicaron a este diario que su candidato Paul Apaza es representante de mineros artesanales, y no de informales.
-Eduardo Salhuana Cavides, además, consignó en su declaración jurada una demanda de alimentos en su contra. Flavio Cruz Mamani (Perú Libre), postulante por Puno, también registra similar antecedente.
