Hernández: Proyecto suicida

SOFÍA ARAVENA/LA TERCERA

La Comisión de Minería del Senado discute el proyecto de royalty minero, un debate que podría extenderse por varias semanas en consideración, además, que no tiene urgencia legislativa. Desde la Sociedad Nacional de Minería han sido críticos a esta iniciativa, ya que señalaron que así como está no se adapta a la realidad y que es inaplicable en el país.

“Tal como está ahora es un proyecto suicida, que no considera la realidad de la minería chilena y no considera las posibilidades que tienen las empresas mineras para poder asumir ese tipo de tributos. Así como está ahora es algo inaplicable, y por eso creemos que en el Senado esto va a ser modificado (...) La realidad de las empresas chilenas no fue considerada en este proyecto de ley”, dijo el presidente de Sonami, Diego Hernández, a Pulso TV.

Asimismo, el líder gremial advirtió de las implicancias que podría tener para los proyectos mineros si se despacha tal como fue aprobado en la Cámara de Diputados.

“Sería inviable, y tendrías unas 10 empresas que tendrían que parar. No pararían inmediatamente, la mayor parte de las empresas tienen invariabilidad tributaria, tienen DL600 vigente en general hasta 2023, entonces este impuesto, cuyo objetivo por lo menos declarado es recaudar plata ahora por el tema del Covid, recién empezaría a recaudar plata en el año tributario del 2024, tampoco cumpliría con ese objetivo”, sostuvo.

En medio del trámite legislativo que está instalado en la cámara alta, desde el gremio minero esperan que el royalty se aplique al margen operacional y no a las ventas.

“El principal cambio es que no sea un impuesto a las ventas, sino que sea un royalty al margen operacional que es lo que existe hoy día, y eventualmente con una escala que contemple márgenes superiores en caso que efectivamente el precio del cobre pueda llegar algún día a US$5 o US$6, etcétera, que personalmente no creo, pero hay gente que sí cree y hay bancos de inversión que tienen esa teoría, y en caso de que eso suceda ahí el Estado puede recaudar más porque los márgenes van a ser muy altos, pero que no es la realidad hoy día”, indicó Hernández.

Además, sostuvo que en caso de que no haya cambios la futura administración del país tendrá que aplicar medidas para reactivar la inversión.

“Si no sucede eso, lo que el próximo gobierno va a tener que hacer es volver a un mecanismo parecido a los DL600, tal vez con otro nombre, y van a tener que hacer un mecanismo que le dé estabilidad tributaria a los proyectos de inversión por plazos de 10, 12 o 15 años, de manera de volver a atraer la inversión”, señaló.

Dijo, además, que “independiente de quién sea el próximo presidente, va a necesitar que el país tenga más inversiones, porque sino esto se va a reflejar en todos los males que todos los candidatos quieren evitar. Así que una cosa es la teoría, y otra la práctica. Como dicen por ahí, que la teoría en la práctica es otra”.

Precio del cobre

Si bien la semana pasada el cobre experimentó una brusca baja semanal, estos días ha venido subiendo tras las declaraciones del presidente de la Fed. Desde Sonami esperan que el precio del metal rojo se mantenga sobre los US$3,5 en el mediano plazo.

“Yo diría que en el corto plazo se va a mantener en un nivel bueno, cualquier nivel arriba de US$3,5 es bueno, y yo creo que con suerte el precio promedio a fin de año va a llegar a los US$4 en promedio, pero mirando al mediano y largo plazo somos optimistas porque creemos que la demanda va a seguir firme”, dijo.

Y agregó que “creemos que el precio en los próximos dos a tres años será relativamente bueno, o sea US$3,50 hacia arriba, considerando la demanda por nuevas aplicaciones. Hay que considerar también que el presidente Biden en EE.UU. volvió al tema del cambio climático lo que ayuda al consumo de cobre”.

El impacto para Chile

FABIÁN ANDRÉS CAMBERO/REUTERS

La polémica discusión en Chile para imponer regalías sobre las ventas de cobre y litio que se lleva a cabo en el Congreso ha dejado de lado hasta ahora los acuerdos de invariabilidad tributaria que otorgó el país para garantizar las inversiones extranjeras, lo que retrasaría la aplicación del tributo.

El proyecto impulsado por legisladores opositores y que el gobierno califica como inconstitucional, busca pechar de forma progresiva desde un 3% las ventas, lo que el gobierno y la industria señalan que elevaría exponencialmente la carga impositiva frente a otros competidores.

La Cámara de Diputados dio luz verde al proyecto en mayo, pero hubo escasa discusión sobre esos acuerdos clave, que evitan que el gobierno o los legisladores aumenten unilateralmente los impuestos.

Pese a que el proyecto de ley ha tenido un respiro en el Senado, que prolongó el debate hasta por un par de meses para escuchar opiniones de diversos actores vinculados, los expertos consideran inevitable el alza impositiva en medio de los máximos históricos que llegó a anotar el cobre este año.

La gigante Escondida, el mayor yacimiento mundial del metal y controlada por BHP, además de depósitos de Anglo American, Antofagasta Minerals serían los primeros en ser alcanzados por el tributo ya que sus pactos de estabilidad terminan en 2023. Aunque hay otros pocos, un 30% de las minas, que escaparían del ajuste, por ahora.

Debido al corto plazo para que expiren los pactos de invariabilidad para la mayoría es poco probable que los legisladores busquen una aplicación inmediata de la regalía.

Catalina Pérez, diputada del opositor Revolución Democrática e impulsora del proyecto, consideró que el gobierno podría convencer a las firmas de adoptar el nuevo esquema, como ya lo hizo una vez en 2010, durante el primer mandato de Piñera y luego de un devastador terremoto.

"El gobierno tiene todas las atribuciones en temas tributarios y puede negociar condiciones con las empresas que tienen contratos de invariabilidad tributaria vigentes, para acogerse, si se aprobara, al nuevo régimen de royalty, como se hizo con el impuesto específico a la minería el año 2010", dijo.

"Que no se haga ahora es porque este gobierno no tiene la voluntad ni la intención de avanzar con este proyecto, por eso, la presión ciudadana será clave. Se puede, pero no quieren", afirmó.

Pero expertos creen que cambiar las reglas del juego en lo inmediato empañaría la imagen de Chile como economía amigable con el libre mercado.

"Dado que la gran mayoría acaba en 2023, intentar imponer un nuevo esquema tributario y tratar de aplicarlo de inmediato, pasándose por alto esos contratos, ya llevaría a problemas mayores", aseguró Francisco Acuña, analista senior en Santiago de la consultora CRU.

"No solo sería un litigio internacional sino que la imagen país tendría un impacto importante", agregó.

Por esto, el experto cree que cualquier ajuste tendrá que esperar el vencimiento de los acuerdos, aunque llegará más temprano que tarde.

La discusión tributaria en Chile ocurre en paralelo con el cambio presidencial en el vecino Perú, donde el socialista Pedro Castillo ha prometido revisar los contratos con las mineras y retener mayor porcentaje de la renta, lo que incrementa el riesgo político en la clave región productora del metal.

Recientemente, RBC rebajó sus expectativas sobre Anglo American por el triunfo de Castillo en Perú, que agrega "complejidad" pese a tener un acuerdo de estabilidad fiscal y dijo que los cambios impositivos en Chile podrían afectar decisiones locales de crecimiento.

¿El mismo saco?

Pero Spence de BHP tiene estabilidad hasta 2032, Centinela de Antofagasta hasta 2031 y Quebrada Blanca II de Teck 15 años a partir de su arranque.

Esto contradice la idea de los legisladores de imponer el tributo para levantar recursos ahora para financiar programas de ayuda por el impacto de la pandemia de coronavirus.

"Una cosa muy peligrosa de tratar este tema de la invariabilidad sería meter a todas las compañías en el mismo saco, eso sería muy complejo. Se puede buscar una solución más de sector pero respetando las diferentes realidades", afirmó Juan Carlos Guajardo, jefe de la consultora Plusmining.

El analista recordó que los acuerdos están suscritos bajo rigurosos estándares internacionales por lo que no existe la posibilidad de un cambio de forma unilateral.

"Acá estamos hablando de un derecho que adquirieron las compañías cuando el país ofreció este marco para la inversión extranjera. Un derecho que las compañías pueden hacer prevalecer", subrayó.

Los arbitrajes internacionales pueden tardar años en resolverse.

De igual forma, Guajardo reconoció que el poseedor del derecho podría tener flexibilidad ante "condiciones razonables", pero la industria considera exagerado el proyecto como está actualmente.

Tras el devastador terremoto y tsunami de 2010, las mineras negociaron y aceptaron un alza temporal de impuestos a cambio de mayor plazo de invariabilidad en el vigente "impuesto específico" que establece un pago sobre el margen operativo de las empresas.

Sin embargo, Acuña de CRU, dijo que en lo personal considera que en la actualidad habría poco margen para un diálogo similar.

"Si bien se aceleró la discusión del royalty con el escenario de precios, que era inesperado, si era predecible que iba a haber algún tipo de discusión o cambio y quizás como ocurrió en 2010 esa discusión se pudo hacer de manera anticipada", opinó.

La tensión política en Chile ha crecido desde que estalló una ola de protestas sociales contra la desigualdad en octubre de 2019 a lo que se ha sumado la crisis económica por la pandemia.

A esto se agrega que los partidos políticos tradicionales fueron derrotados en la elección de los redactores de una nueva Constitución para reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, que estará dominada por independientes y una coalición de fuerzas de izquierda con el Partido Comunista.

El Consejo Minero, una asociación que agrupa a las mayores empresas privadas del país, declinó responder preguntas de Reuters sobre el tema. BHP, Anglo American, Antofagasta y Collahuasi tampoco respondieron a pedidos de comentarios.

Sin embargo, el organismo ha realizado un gran despliegue ante las autoridades para señalar la inconveniencia de elevar la carga impositiva en momentos en que muchas empresas deben hacer inversiones para enfrentar las menores leyes minerales de yacimientos maduros.

Un ejecutivo de la industria dijo en condición de anonimato que el sector ha evitado tocar el tema debido a las implicaciones legales.

El gobierno de centroderecha de Sebastián Piñera también ha defendido la posición de las mineras subrayando la pérdida de competitividad frente a productores rivales y poniendo en riesgo futuras decisiones de inversión.

Pero el gobierno ya ha sufrido otras derrotas ante cambios legales impulsados desde el parlamento, como el retiro parcial de los ahorros para pensiones.