Según el reporte del 30° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú – OCM, en los últimos meses la naturaleza de los conflictos vinculados a la minería ha venido cambiando. Uno de esos cambios es la gran fragmentación de agendas y demandas, incluso entre los pobladores de zonas aledañas. 

Según concluyeron los expertos que participaron del conversatorio “Análisis de conflictos socio ambientales mineros y alternativas de solución”, La histórica ausencia, permisividad y desatención del Estado a las demandas de las poblaciones que radican en las zonas más alejadas del país y que exigen servicios básicos para mejorar sus condiciones de vida constituyen la causa principal de los conflictos sociales desatados en distintas regiones.

Por ejemplo, en el corredor minero del sur andino, cada 30 kilómetros se puede identificar expectativas que se expresan en demandas diferenciadas que generan movilizaciones con actores distintos que no tienen ni la capacidad ni el interés de articular entre sí.  En esta zona, el OCM identifica que se ha configurado una suerte de situación de conflictividad casi permanente.

Incluso se evidencia cierta competencia entre distritos, provincias y regiones; también compiten entre comunidades: lo que una comunidad consigue de una negociación con la empresa minera o con el Estado, puede terminar siendo el incentivo de nuevas demandas de las comunidades vecinas que terminen en nuevos estallidos. Ante este escenario, según los especialistas que participaron de la presentación del informe es urgente realizar un giro en el abordaje de los conflictos sociales

“Se hace necesario construir un sistema de gobernanza para los territorios, donde estén representados el Estado (nacional y subnacional), los actores productivos de la zona, incluida la minería y por supuesto los estamentos representativos de las poblaciones”, indicó Flores.

Al cierre de mayo, la Defensoría del Pueblo reportó 205 conflictos sociales, siendo Loreto la región con mayor incidencia, seguido de Cusco y Áncash.

De ese total, los casos de conflictividad vinculados a la minería ocupan un espacio central, y en el último semestre se han caracterizado por una situación de tensión casi permanente, sobre todo en el corredor minero del sur, y por una gran fragmentación de agendas y demandas por parte de las comunidades, según el último reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM).

“En el corredor del sur andino claramente Las Bambas es la empresa que tiene mayor cantidad de conflictos, no solo en la provincia de Cotabambas, donde tiene sus operaciones, sino a lo largo de la carretera por donde transitan sus camiones, estamos hablando de 400 kilómetros de carretera”, precisó a La República César Flores, investigador de CooperAcción.

En este corredor cada 30 kilómetros se pueden identificar diferentes demandas que provienen de actores que no están articulados entre sí, se advierte en el reporte.

“Estos actores compiten entre sí: hay competencia entre distritos, provincias y regiones; también entre comunidades. Lo que una consigue de una negociación con la empresa minera o con el Estado puede terminar siendo el incentivo de nuevas demandas”, apuntó.

¿A más concesiones mineras, más conflictos?
Apurímac es la región cuyo territorio está más concesionado a la minería: un 49,9%. Además se mantiene como una de las principales productoras de cobre y molibdeno del país. Hay 11 conflictos, de los cuales 6 están directamente vinculados al sector minero: a la empresa Las Bambas y al avance de la minería informal.

“Además es la región con el mayor porcentaje de territorio que le pertenece a comunidades campesinas. Entonces sí hay una correlación entre un alto porcentaje de territorio comunal que empieza a ser concesionado a empresas mineras, muchas veces sin su conocimiento”, explicó Flores.

El especialista agregó que la información de estas operaciones está en el portal del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), pero las comunidades no acceden a esa información con facilidad, por lo que muchas veces ni se enteran de que su territorio está concesionado a empresas porque el trámite se hace desde Lima.

Otro aspecto que se destaca en el reporte es que el precio alto de las mineras coincide con el incremento de los conflictos, asimismo con el avance de la informalidad minera que provoca tensiones con las comunidades.

“En este último ciclo de precios altos de los minerales, vemos que la minería informal de cobre también se está expandiendo de manera muy acelerada en el sur andino, con una serie de promotores de circuitos comerciales. Este es un tema que está generando ciertos conflictos en particular porque empieza a haber una superposición de la actividad -formal como informal- en las concesiones mineras”, explicó Flores.

Expectativas y cierre de brechas
“Las demandas sociales tienen que ver con la provisión de servicios públicos y el Estado evidencia debilidad para manejar esos temas”, comentó el sociólogo José Miguel Flórez, gerente de Gestión Social de la mina San Rafael, de Minsur. Prueba de ello, afirma, es el embalse de compromisos no atendidos por el sector público en las mesas de diálogo con distintas comunidades, demostrando la poca capacidad del Estado para brindar servicios básicos, según publicó Desde Adentro, el portal de la SNMPE

Ante este tipo de carencias Fernando Cillóniz, empresario y exgobernador regional de Ica, planteó la creación de una institución autónoma y descentralizada, con participación de las comunidades, por ejemplo, que brinde servicios de agua potable y alcantarillado, recoja la basura de las ciudades con profesionalismo y tecnología, y que, a la par, brinde servicios de salud y educación.

De esta manera, podría crearse un mecanismo de servicios por impuestos. “Creo en las Obras por Impuestos: un mecanismo que debería extenderse a los servicios”, comentó. Así, las empresas mineras y de todos los sectores —aparte de hacer colegios, postas médicas, comisarias, carreteras y puentes a través de Obras por Impuestos— podrían acceder a un nuevo mecanismo para invertir y operar sistemas de agua potable, hospitales y escuelas públicas a cambio del pago de sus contribuciones fiscales.

A su turno, Betty León, directora ejecutiva de la consultora ambiental Ingcam, comentó que el procedimiento de participación ciudadana, vigente desde hace 14 años, requiere de mejoras y de la actualización de su reglamento, con el aporte de los colegios profesionales y de la academia. Entre ellas, que la duración de los talleres y audiencias públicas de los proyectos permita hacer una explicación mayor y pormenorizada, dirigida a las comunidades, pues su desarrollo en una sesión de dos a tres horas no resulta suficiente. 

Prevención y seguimiento
Precisamente por ello, surge también la idea de generar espacios de diálogo preventivo y participativo con las comunidades. “De esta manera, podremos compartir la visión de los beneficios que genera la minería, pues la gente no tiene esa sensación”, comentó Eleonora León y León, directora ejecutiva de la Asociación Unacem y exdirectora de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (MINEM). “Necesitamos un mayor trabajo en materia de prevención de conflictos sociales entre todos los actores involucrados, a partir de una eficiente articulación de roles entre las diferentes instituciones del Estado”, propuso. 

Y tras la firma de acuerdos con las comunidades, “hacer seguimiento a los compromisos, que es tan importante como lograrlos”, indicó. La creación de Comités de Seguimiento puede dar continuidad a estos procesos y velar por el real cumplimiento de los compromisos.

La importancia del talento
En su presentación, Fernando Castillo, consultor y también exdirector de la Oficina de Gestión Social del MINEM, destacó, entre otros temas, la importancia de los funcionarios que deben ocupar los puestos claves de la Administración Púbica para resolver los conflictos. 

Pero no solo eso, pues invocó una mayor presencia de gestores y promotores sociales en las regiones para que el Gobierno disponga de información oportuna en la toma de decisiones y que generen las condiciones que promuevan más inversiones en el sector minero.

A su turno, Evelyn Torres, consultora en gestión social y desarrollo sostenible y exasesora del MINEM y del Ministerio de Economía y Finanzas, señaló que tener funcionarios competentes y capacitados para resolver diferentes situaciones permitirá superar la percepción de debilidad estatal ante los conflictos.

Comunicación para las comunidades
Como la desinformación es una de las causas de la conflictividad, León y León señaló que la comunicación es clave para superarla. “Hagamos de la comunicación una herramienta estratégica para que las personas sean aliadas de una visión compartida en el desarrollo de los proyectos mineros”, añadió. En ese sentido, destacó el fortalecimiento de los mecanismos de quejas y reclamos por parte de las empresas para canalizar cualquier inquietud que surja de la población.

José Salazar, fundador de la consultora de reputación y comunicación Proel, instó a las empresas a mejorar aún más sus procesos de comunicación con sus grupos de interés, aunque reconoció que la minería maneja altos estándares, debido a la fiscalización y supervisión del Estado, de los organismos internacionales y de sus propios accionistas.

“La tragedia es que las propias poblaciones alrededor de las operaciones [mineras] desconocen los impactos positivos o negativos de ellas y las medidas de mitigación [que se implementan]”, afirmó Salazar. Para el experto, esta situación propicia que las percepciones se alimenten de mala información en una coyuntura de desconfianza. “La falta de confianza genera conflictos, la falta de comunicación también”, expresó. 

En esa línea, refirió que el Estado debe promover el conocimiento de las leyes, de los permisos y de las licencias que otorga a las empresas, comunicándolos con mayor anticipación, y no cuando las empresas ya están a punto de iniciar sus trabajos. “La comunidad —además— tiene que saber cuáles son sus deberes o derechos respecto de su territorio y el subsuelo”, anotó. Ello, mientras que las empresas tienen el deber de comunicar cuál es el impacto de sus operaciones, de los beneficios que trae la inversión que realizan y de los proyectos de responsabilidad social que ejecutan. 

Campañas de comunicación con un lenguaje claro y empático para las comunidades y el hombre y la mujer del campo son las que mejor funcionan. Solo así, el poblador aceptará que la minería trabaja con altos estándares para cuidar el medio ambiente y que quiere el tan ansiado desarrollo al que todos aspiran.

¿LAS BAMBAS, RECTA FINAL?
El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez, informó que este jueves 21 de julio se darán a conocer las conclusiones llegadas entre el gobierno, las comunidades campesinas del distrito de Chalhuahuacho (Apurímac) y la minera MMG Las Bambas.

“En Las Bambas el 21 (de julio) es esta sesión donde finalmente se darán estas conclusiones. Hoy el equipo técnico está de avanzada llegando a Chalhuahuacho, nosotros desde aquí se ha conformado un equipo de ministros y técnico que ha estado trabajando con las mesas”, comentó en diálogo a Exitosa.

“Yo diría hoy, a la invocación para que el afán de solucionar logre revertir también algunos puntos de inflexibilidad. Es importante que MMG, la minera, considere también hitos importantes de flexibilidad para también llegar a acuerdos más allá que solo lo jurídico, lo legal, lo normativo. Es una nueva época, son situaciones muy particulares a las que hoy apuntamos. No es el año 19, es un año de pandemia donde estamos superando una cuarta ola, tenemos problemas también diversos. Hoy necesitamos un nuevo replanteamiento para asegurar estabilidad también en todo ese carril, en todo ese corredor de minería”, instó.

Asimismo, hizo una invocación a las diversas comunidades de Chalhuahuacho a que también sean dialogantes y flexibles. “Todos tenemos que salir ganadores”, aseveró Sánchez.

Por otro lado, el titular del Mincetur espera que en el discurso que brindará el presidente Pedro Castillo el próximo 28 de julio esté poner en agenda pública la implementación de una gran nueva minería social.

“Creo que es necesario y seguramente ahora que el presidente de la República está en diálogo con diferentes sectores, pensando en las sorpresas que anunciará este 28 de julio, estamos seguros que una de ellas ha de ser la necesidad de poner en agenda pública la implementación, el desarrollo de este concepto de gran nueva minería social en el país con el portafolio de más de 50 mil millones dólares que tiene la minería. En el plazo corto, inmediato, hay cerca de seis mil millones de dólares como necesidad de inversión en ese carril tan importante para el país”, explicó.

CUÁNTO PERDIÓ PERÚ POR CONFLICTOS
Debido a la detención forzada de las operaciones de Las Bambas y Cuajone, el Perú perdió US$800 millones en exportación minera y se dejó de comprar S/ 700 millones en insumos a proveedores, manifestó Rómulo Mucho, director del Instituto de Ingenieros de Minas.

“La actividad minera genera mayor dinero fresco al Perú, pero está siendo afectada por la inestabilidad política y jurídica, y por mensajes contraproducentes como la creación de una empresa nacional del cobre y la formulación de una nueva constitución”, declaró a Exitosa TV.

En ese sentido, mostró su preocupación por la posible desaceleración de la inversión minera a partir del tercer trimestre del 2022, producto de la ausencia de proyectos mineros nuevos en etapa de construcción y la finalización de la ejecución del proyecto de cobre Quellaveco. 

“Originalmente, se consideró para el presente año la construcción de Corani, San Gabriel y Yanacocha Sulfuros, pero no hay fecha de inicio. No nos imaginamos un desarrollo económico nacional ni en el corto ni en el mediano plazo sin la minería”, dijo el ex viceministro de Minas.