Se reconocerá hasta $29.000 millones de la deuda por el decreto del macrismo
MARTÍN BIDEGARAY
El Presupuesto reconoce una deuda de $ 30.000 millones de 2018, que el bloque K del Senado había derogado. También da créditos en dólares para un plan de estímulo, pero solo para pagar impuestos.
El Gobierno incluyó, en el proyecto de ley de Presupuesto, el reconocimiento de una deuda con los productores de gas de 2018. Lo llamativo es que esa deuda -cercana a los $ 30.000 millones- estaba en un decreto firmado por la administración anterior, pero el oficialismo ya lo había derogado en el Senado. Ahora, el ministro Martín Guzmán avalaría pagar ese pasivo, el mismo que el bloque del Frente de Todos había dado de baja de manera parcial (nunca se derogó en Diputados).
Las dificultades del oficialismo para establecer reglas claras con respecto a la producción de gas se siguen acumulando. A las idas y vueltas por la compensación de 2018, se suman las dudas sobre el Plan Gas que anunció el Gobierno hace dos semanas. Nada hay en firme hasta ahora sobre cuánto cobrarán los productores. Lo que sí se plasmó en el Presupuesto es que las empresas podrán disponer de certificados fiscales nominados en dólares que les permitan pagar impuestos.
Las compensaciones a los productores de gas vienen de la administración de Mauricio Macri. Los productores les vendieron gas a los distribuidores -las que abastecen a hogares y comercios- a un dólar de $ 20, pero la divisa se fue a $ 32. Esa diferencia implicó que las distribuidoras tuvieran que pagarles a las empresas "compensaciones" por la devaluación, porque eso figuraba en el contrato de concesión.
Las distribuidoras decidieron trasladarlo a los usuarios, con la luz verde del entonces secretario de Energía, Javier Iguacel. Pero la situación generó un escándalo político, y el Poder Ejecutivo pactó que el Estado se hiciera cargo de esa deuda, a través de un decreto.
El Estado pagó la primera cuota de la deuda. Pero el interventor del Enargas, Federico Bernal, denunció a la administración anterior e impugnó todas sus decisiones. Por esa razón, el bloque mayoritario del Frente de Todos en el Senado anuló la decisión de pagar las compensaciones. Desconoció una decisión de otro poder del Estado, en un gesto jurídico pocas veces visto.
Las productoras -entre ellas, YPF- esperaban cobrar esos $ 30.000 millones. Diputados nunca convalidó la baja del decreto que promovió el Senado. Ahora, la nueva ley de Presupuesto les abre una esperanza: tendrán que renunciar a los derechos que les concedía el decreto de la administración anterior, el que se anula. Pero, a cambio, recibirán un título público por el equivalente a la deuda.
Con respecto al último anuncio del Gobierno sobre el plan Gas, los números del Estado para los productores siguen sin estar claros. Cuando se presentó, se dijo que les pagarían entre US$ 3,30 y US$ 3,50 por millón de BTU, la unidad de medida del sector. Las distribuidoras de gas pagarían una parte (cerca de US$ 2), y el Estado se encargaría del resto.
Pero la reglamentación de esos números, todavía no apareció. El presupuesto detalla que los productores de gas tendrán "certificados de crédito fiscal emitidos en forma electrónica y en moneda extranjera". Esos certificados serán aplicables a la cancelación de deudas impositivas.
Las compañías saben ahora que pueden pagar impuestos en dólares con esos certificados. Pero aún no está dicho cuánto cobrarán por el gas que extraigan, de cuánto se encargarán los privados y de cuánto el Estado. De todas formas, en el sector dicen que las dos empresas más grandes ya tienen esos números en sus próximas proyecciones
La Nación
SOFÍA DIAMANTE
Si bien todavía no se reglamentó el Plan Gas que el presidente Alberto Fernández anunció hace 11 días en Vaca Muerta, el Gobierno les hizo un guiño a las empresas petroleras al incluir en el proyecto de presupuesto 2021 la deuda de $29.514 millones que reconoció la administración de Mauricio Macri, por la diferencia que se generó por el precio del gas tras la brusca devaluación de 2018.
En un primer momento, el Gobierno había avanzado en desconocer esa obligación, al indicar que se trataba de un problema entre privados: el DNU 1053 que reconocía la deuda fue rechazado en el Senado y ahora se está avanzado en dejarlo sin efecto también en Diputados, según la modificación del proyecto de presupuesto que realizó la Comisión de dicha cámara.
Sin embargo, en el artículo siguiente del mismo proyecto se autoriza a emitir instrumentos de deuda pública por hasta $29.514.296.318, "a los fines de cancelar las obligaciones pendientes con las prestadoras del servicios de distribución de gas natural por redes".
Lo curioso es que también avanza en pagarles a "los proveedores de gas natural que hayan adherido a lo dispuesto en el artículo 7º del decreto indicado en el artículo anterior [el que buscan derogar] y, en consecuencia, hayan renunciado a toda acción o reclamo derivado de las diferencias diarias acumuladas entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019".
"Se deja sin efecto el DNU 1053/2018 por el que el Estado asumía las deudas por [las diferencias del] tipo de cambio en las tarifas de gas, pero en el artículo siguiente se reconocen hasta $29.000 millones de esa deuda, para las empresas que adhirieron al decreto que ahora se anula", dijo en Twitter el economista Nicolás Gadano, exgerente general del Banco Central durante el gobierno de Macri y experto en temas de esta industria.
Más allá de los detalles legislativos, la intención de volver a reconocer esa deuda es una buena señal para el sector petrolero de cara a que se reglamente el programa de estímulo a la producción de gas. Una de las mayores dudas de las empresas es la falta de constancia del Estado para pagar los subsidios, ya que todavía se adeudan transferencias por el Plan Gas III y la resolución 46.
Sobre todo es una buena noticia para las empresas con control estatal, ya que la mayor parte de la deuda de $29.500 millones es con Ieasa (ex Enarsa) y con YPF, a quienes les deben $8903 millones y $6795 millones, respectivamente.
Pero también tienen saldos a cobrar Total ($2356 millones); Pan American Energy ($2122 millones); Pampa Energía ($1218 millones); Wintershall ($962 millones); Tecpetrol ($635 millones); Pluspetrol ($476 millones); CGC ($409 millones), y Vista ($34,6 millones), entre otras.
El Ministerio de Economía les dará el dinero a las empresas distribuidoras de gas -Metrogas, Naturgy y Camuzzi, por ejemplo- para que cancelen lo adeudado con las petroleras -YPF, Tecpetrol, Total, Pan American Energy (PAE), entre otras-. Esa deuda se generó a su vez luego de que se decidiera no trasladar a tarifas el impacto de la devaluación.
Del total de la deuda, que la administración anterior había arreglado pagar en 30 cuotas, solo se efectuó una transferencia en diciembre pasado. Cuando la actual Secretaría de Energía decidió avanzar con el pago de seis de las cuotas atrasadas, a los pocos días tuvo que suspender la operación, ya que el Enargas inició una denuncia penalcontra los funcionarios del gobierno de Macri por diseñar los contratos que generaron esa deuda.
Otra duda que generará la derogación del DNU 1053 es lo que ocurrirá con su artículo 8, que prohíbe que las productoras y distribuidoras trasladen el riesgo cambiario a los usuarios. Es decir, con ese decreto se buscó prevenir que una situación como la de 2018 vuelva a ocurrir. Pero si el DNU queda sin efecto, también se elimina esa medida de contención. ¿Qué pasaría con las actuales tarifas de gas que están establecidas con un tipo de cambio de $41?
