Joaquín Villarino*
DESDE 2008, Chile ha avanzado mucho en la regulación e institucionalidad para proteger a nuestros glaciares. Se creó la Unidad de Glaciología y Nieves, se impulsó el Inventario Público de Glaciares y se promulgó la Estrategia y la Política Nacional de Glaciares. Además se modificó la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente para exigir un Estudio de Impacto Ambiental para proyectos o actividades que tengan localización en o próxima a glaciares, siendo esto último reforzado por la modificación del reglamento que regula la ley anterior. Todos los chilenos valoramos estos avances por cuanto contribuyen a la protección de un activo ambiental que apreciamos y queremos conservar.
El proyecto de ley sobre protección y preservación de glaciares que se está tramitando en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados busca dar pasos adicionales en esta materia. Lo hace con buenas intenciones, pero con malas soluciones, al menos en su versión original, que establecía la prohibición de ejecutar cualquier actividad económica que pudiera afectar directa o indirectamente las funciones de un glaciar. Además, hacía extensiva esta restricción absoluta, con la misma fuerza, a todo tipo de glaciares (cualquiera sea su valor eco-sistémico), zonas periglaciares y permafrost. Esto, en la práctica, impediría el desarrollo futuro de la minería, ya que en Chile, por condiciones geográficas, los glaciares y la actividad minera se localizan en una franja común. Sólo Argentina y Kirguistán tienen legislaciones tan restrictivas.
Ante la iniciativa legal original, el Consejo Minero ha hecho ver que la sustentabilidad implica un equilibrio entre la protección del medioambiente y el desarrollo económico. Para ello no resulta conveniente establecer prohibiciones o restricciones absolutas y a priori a la afectación de los glaciares. Se requiere objetivar la discusión sobre la significancia hídrica de los glaciares, los reales impactos de potenciales afectaciones y las posibles alternativas de mitigación y compensación. En este sentido, señalamos que la evaluación ambiental debe hacerse caso a caso. No todos los glaciares son iguales y se comportan de la misma manera. Aplicando los principios y reglas de este sistema, se ponderan los distintos factores e impactos, determinándose si un proyecto de inversión puede llevarse adelante o no, y bajo qué condiciones.
Durante la tramitación legislativa, el sector minero sí ha apoyado las ideas de declarar a los glaciares como bienes nacionales de uso público, establecer una definición de glaciar a partir de consensos científicos internacionales, prohibir constituir derechos de aprovechamiento de agua sobre glaciares, subir a rango legal varias normas reglamentarias, entre otras. Por su parte, el Ejecutivo envió una indicación sustitutiva, pero aún se mantienen normas bastante restrictivas para la actividad económica.
En la discusión parece ignorarse lo que la ciencia nos dice claramente. La gran amenaza para la subsistencia de los glaciares en el mundo es por lejos el cambio climático. Algunos grupos ambientalistas extremos, con mala fe, han tratado de culpar de esto a la minería. Lo cierto es que el cambio climático está haciendo que los glaciares retrocedan aceleradamente en zonas sin y con actividad minera. El verdadero desafío es de adaptación. Por esto, también hemos dicho que deben invertirse más recursos humanos y financieros en I+D en esta materia. El sector minero ha avanzado bastante en esta área y está disponible para compartir su experiencia e intensificar sus esfuerzos.
*Presidente del Consejo Minero de Chile
