“Estamos en la puerta de un desastre de magnitud”, expresó José Luis Gioja, ingeniero y político argentino, actual diputado nacional por San Juan, al advertir sobre la falta de agua en la provincia y la región Andina.

Las razones para declarar la Emergencia Hídrica en todo el territorio nacional que argumenta el legislador por el Peronismo sanjuanino se sostienen, por un lado, en la falta de agua en la zona mesopotámica, donde el caudal del Río Paraná mermó a niveles históricos.

Así también la falta de nieve en toda la zona cordillerana, de Norte a Sur, lo que ocasiona que los ríos que nacen en las cumbres andinas mermen sus niveles hídricos a niveles que se hace insostenible la provisión de agua para abastecer el riego de toda la producción agropecuaria de la región.

La iniciativa del ex gobernador de San Juan, que lleva el número de registro de entrada en Diputados 4444-D-2021, propone declarar le Emergencia Hídrica Nacional por 180 días y fue elaborado en consonancia con el Decreto del PEN 482/21, que declara la el Estado de Emergencia Hídrica en la cuenca del Río Paraná.

Gioja, en su proyecto, propone la sinergia público-privada para atender este crítico suscitado por la falta de agua, tanto en la cuenca del Paraná como en la zona cordillerana, para ello se prevé la coordinación, en las jurisdicciones implicadas, determinar la autorización de habilitación de nuevos pozos y la extracción de pozos acuíferos públicos y/o privados, en la medida que sea conducente para garantizar el bienestar de la población y la continuidad de actividades productivas.

El uso de pozos privados se realizará por razones de solidaridad, siempre que su titular hubiere satisfecho sus necesidades y contra el pago de los gastos de explotación que correspondan.

En tiempos difíciles, todos los actores, todas las provincias y todos los sectores deben proveer al bien común.

En paralelo y con la finalidad de facilitar trámites y descomprimir el peso bancario e impositivo para los afectados por la sequía, Gioja propone que, tanto el Banco Nación, como la AFIP instrumenten mecanismos que permitan a los productores, tanto el sostenimiento de las actividades productivas y de las fuentes laborales, como así también facilidades para cancelación de obligaciones impositivas y de la seguridad social.