ANTONIA LABORDE

Chile acumula 13 años de sequía: el periodo de tiempo seco más prolongado desde que hay registros. Los expertos describen la situación como “extremadamente grave” y las autoridades ya advierten racionamientos de agua en algunas comunidades. La crisis hídrica ha sido retratada en el Lago Peñuelas (Valparaíso, a 120 kilómetros de Santiago).

El Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea compartió hace unos días una antigua imagen de la albufera de la reserva nacional, que llegó a tener 1.700 hectáreas ocupadas por agua, junto a una actual, en la que el agua apenas llena una hectárea.

Transcurrieron solo seis años entre una fotografía y otra. El ejemplo es solo uno de los puntos críticos del país, que tiene en el horizonte un invierno poco lluvioso.

La escasez de agua afecta a casi la mitad de la población chilena —unos ocho millones—, con cientos de miles de personas obligadas a abastecerse de agua potable a través de camiones cisternas. El presidente, Gabriel Boric, firmó en su segunda semana de mandato el nuevo Código de Aguas, que llevaba 11 años de tramitación.

La normativa que regula el uso de los recursos hídricos del país busca priorizar el acceso para el consumo humano y, por primera vez, establece que el cambio climático es un factor que amenaza y limita la disponibilidad de agua. También pretende mejorar la información sobre los recursos hídricos, fomentar la colaboración entre usuarios del agua, mejorar la gestión estratégica de cuencas, entre otros pilares.

Para Alex Godoy, director del centro de sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, las medidas nunca van a ser suficientes porque la población sigue creciendo en zonas que no están acondicionadas para estos periodos de sequía.

“Lo primero es el racionamiento, que significa un coste de vida muy alto porque cambia la rutina. Lo siguiente es la migración. Cuando vives en una zona con racionamiento permanente te vas a sectores donde hay más agua”, señala el investigador, que trabajó en el sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

La correlación entre el aumento de la temperatura y el consumo de agua debería enfrentarse con una estrategia que sancione el sobreconsumo y premie la eficiencia, plantea Godoy. “Podría haber límites de consumo hídrico por número de habitantes de una vivienda. Una persona podría tener un límite de 80 litros diarios, por decir una cifra. Si lo sobrepasa, paga más, y si utiliza menos, se la premia”, propone.

Chile, que en 2021 vivió el cuarto año más seco de su historia, es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas, un factor extra de tensión en el complejo escenario actual. Ariel Muñoz, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, explica que a la sequía “extremadamente grave” hay que sumarle el sistema establecido en la Constitución de Augusto Pinochet, que da pie al “mercado” del agua, concentrado principalmente en la agroindustria. El Estado es el dueño del recurso, pero distribuye gratuitamente los derechos a privados que, a su vez, pueden venderlos. Incluso hay páginas web dedicadas al negocio. “Lo irónico es que con este nuevo escenario, el Estado le está comprando agua a las personas que obtuvieron los derechos gratis”, señala el académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Desde la década de los ochenta, las zonas centro y centro-sur del país han perdido alrededor de un tercio de las precipitaciones anuales promedio. “La mayoría de nuestro sistema de acumulación y distribución de agua no fue pensado para una realidad como esta. Tampoco nuestra agricultura o la planificación de la urbanización”, apunta Muñoz.

Bajo su punto de vista, para solucionar el problema se deberá, entre otras medidas, expropiar y volver a repartir varios de los derechos ya otorgados y determinar cuotas de uso. “Se van a generar grandes conflictos, pero si no tenemos esta conversación ahora, después va a ser mucho peor”, agrega el investigador.

Uno de los temas que están discutiendo los responsables de escribir una nueva Constitución —que se someterá a plebiscito el 4 de septiembre— es el marco legal para garantizar el acceso al agua, los derechos sobre ella y su distribución y uso. La Sociedad Nacional de Agricultura se manifestó esta semana en contra de la dirección a la que están apuntando el grueso de los constituyentes, como establecer límites anuales para los derechos de explotación de agua.

LA DESAPARICIÓN DEL LAGO PEÑUELAS
El lago Peñuelas era la principal fuente de agua para casi dos millones de vecinos de Valparaíso, pero desde enero de 2021 ya no se utiliza para ese fin. También se dejó de usar para apagar incendios forestales, cada vez más comunes en la región.

Y la fauna que sustentaba ha ido desapareciendo significativamente. Ya no se ven cisnes de cuello negro ni los coscorobas. Tampoco pescadores. Los peces se están muriendo debido a la falta de oxígeno y a las altas temperaturas.

Óscar Salazar, administrador de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, es pesimista sobre una posible recuperación del embalse —como ha ocurrido en el pasado— por las bajas precipitaciones. En 1997 cayeron 1.253 milímetros de agua. El año pasado no llegó a los 200. Además, Valparaíso ha presentado un 100% de déficit de lluvia en el primer trimestre, según el balance hídrico presentado esta semana por la empresa sanitaria Esval.

El concejal Vladimir Valenzuela, presidente de la comisión de desarrollo urbano de Valparaíso, describe la situación en la región como “muy crítica”. “Tenemos embalses a mitad de capacidad, los camiones cisterna no han podido suministrar agua a 30 campamentos y hay otras zonas, como Laguna Verde, donde para acceder al agua los vecinos deben pagar dos o tres veces el precio promedio”.

El pasado 22 de marzo, el día Mundial del Agua, las principales asociaciones municipales solicitaron al Gobierno de Boric que aplicara el Estado de catástrofe en cinco regiones del país, incluida Valparaíso y la región Metropolitana de Santiago.