ROBERTO MALDONADO*

Ad portas de iniciar la celebración del bicentenario de nuestra república, y también de un nuevo año electoral, es importante hacer una verdadera reflexión sobre cómo enfrentará nuestro país los próximos años. Sobre todo, en un contexto complejo como el actual, marcado por la pandemia del Covid-19.

Una de las interrogantes es, cómo vamos a aprovechar mejor el aporte de nuestra minería que será uno de los pilares para sostener nuestro crecimiento económico, así como también para la generación de ingresos fiscales con los que se financiarán las principales políticas públicas.

Creemos que existe la necesidad de mejorar cuanto antes el tema de la permisología para poder sacar adelante más proyectos mineros, especialmente los cupríferos, ya que existen interesantes proyecciones que anuncian una brecha en la oferta mundial del metal rojo a partir del 2026 y una demanda creciente del cobre hacia el 2035.

Ello es una extraordinaria oportunidad para nuestro país, pues estos emprendimientos mineros impulsarían el despegue de otros sectores económicos como la construcción, y de sectores no primarios como el comercio o el transporte, que generarían miles de puestos de trabajos en distintas regiones.

Recordemos que al terminar la construcción de Quellaveco, no tenemos más proyectos de envergadura que nos brinden cierta tranquilidad económica. Existe incertidumbre en la proyección de inversiones mineras hacia el 2023-2024 y debemos prepararnos desde hoy y corregir urgentemente los cuellos de botellas que desaceleran las inversiones.

Si bien es cierto, recientemente hemos tenido avances como la aprobación del nuevo reglamento de procedimientos mineros, cuyo principal objetivo es uniformizar la maraña de trámites que abundan en el Estado Peruano, consideramos que todavía hace falta trabajar en otros temas vinculados a la exploración o la consulta previa para afianzar nuestra minería.

Debemos llevar esta simplificación a la realidad para lograr la reactivación que queremos, y que necesita el país, en medio de esta crisis. Creemos que el silencio administrativo positivo debería ser la regla y no la excepción, para generar sentido de urgencia para el impulso de las inversiones.

Dicho ello, quisiera cerrar este comentario resaltando que el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) como institución, tiene el firme compromiso de seguir apoyando la labor del gobierno en temas vinculados no solo al desarrollo de nuestra minería, sino sobre todo en el cierre de brechas.

Hoy más que nunca es importante enfocarnos en mejorar responsablemente los indicadores como salud y educación, para garantizar un mejor futuro para los miles de peruanos, que han sido los más golpeados por esta pandemia.

Esta semana se dio a conocer que el próximo lunes 9 de noviembre, se reiniciará la consulta previa del proyecto minero Integración Coroccohuayco, tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno peruano y las 11 comunidades originarias de la provincia cusqueña de Espinar que se encuentran en la zona de influencia directa.

Dicho proceso permitirá informar adecuadamente a la población de los pormenores de este emprendimiento minero y las múltiples oportunidades que se pueden generar con su puesta en marcha para mejorar la calidad de vida de los lugareños, sobre todo en una coyuntura adversa como la actual originada por el Covid-19.

Recordemos que Compañía Minera Antapaccay viene apoyando permanentemente en la reactivación económica de la zona. Este mes no solo informó sobre la inversión de más S/. 17 millones para la ejecución de una serie de proyectos de infraestructura en Tintaya Marquiri, sino también el inicio de la distribución de las tarjetas multiusos por un valor de 1 mil soles de consumo a los 44 mil electores de los ocho distritos de Espinar, en cumplimiento con el acuerdo firmado con la población de la zona.

A lo largo del Corredor Minero del Sur, donde también se encuentran operaciones mineras como Las Bambas y Constancia en permanente tensión, es necesario articular esfuerzos entre el Estado y las empresas, para cerrar las brechas existentes en esta zona del país, y prevenir futuros conflictos sociales. Debemos tomar en cuenta que nos encontramos en un contexto preelectoral donde se podrían usar los mismos con fines políticos, afectando a las poblaciones más vulnerables. 

Al respecto podemos decir que es relevante dar una mayor importancia a propuestas como la creación del Sistema Nacional de Transformación de los Conflictos Sociales, planteada por la la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible, para optimizar las funciones del Estado en la resolución de conflictos sociales en nuestro país.

Finalmente, debemos destacar la reanudación de reuniones de trabajo de la segunda etapa del proceso de diálogo multiactor que impulsa el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero Energéticas (Rimay), liderada por el Ministerio de Energía y Minas y que cuenta con el respaldo de Banco Interamericano de Desarrollo.

Esta iniciativa, en la que también participa el IIMP, en esta nueva fase contempla el desarrollo de diálogos regionales y la implementación de grupos de trabajo técnicos, con la finalidad de difundir y validar la Visión de la Minería en el Perú al 2030, así como planificar iniciativas específicas para su implementación. Un esfuerzo que debemos mantener por el bien de nuestra industria minera, y por supuesto, del país.

*Primer vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú