CARLOS PAGNI
El oficialismo sigue atrapado en un problema de difícil solución. Debe competir para las elecciones legislativas mientras continúa sacudido por causas judiciales que se abrieron a raíz de innumerables escándalos de corrupción ocurridos entre 2003 y 2015. Intentó eludir el obstáculo con un ardid: postuló a uno de sus acusadores, Alberto Fernández. Tuvo éxito. Sin embargo, impulsados por un caudal de pruebas indisimulable, los procesos siguen avanzando. Para este nuevo turno proselitista, la “presidenta”, como fue presentada ayer por la locutora oficial, ensaya otra salida: poner en primer plano la teoría del lawfare. Es decir, explicar que las escenas en las que aparecen funcionarios o empresarios amigos del poder apropiándose de recursos públicos, son un espejismo montado por el capital financiero internacional, los Estados Unidos, la prensa crítica y la administración de Mauricio Macri, a cuyo servicio se puso todo el sistema judicial.
Que los tribunales de Comodoro Py se parecen a una ciénaga, está fuera de toda duda. Que la señora de Kirchner ha sido allí víctima de arbitrariedades, también. Como tantos otros ciudadanos. Pero, aún así, la doctrina no funciona. Quien mejor desbarató la tesis de esa maquinación persecutoria fue Horacio Verbitsky refiriéndose a las peripecias de Amado Boudou. Explicó que en la totalidad de las instancias del proceso intervienen no menos de diecisiete jueces y seis fiscales. Más allá de la opinión que puedan merecer todos ellos, sostuvo Verbitsky, “nadie puede poner en duda con alguna seriedad que están dadas todas las garantías de transparencia y ecuanimidad”.
Estos argumentos son inocuos para impugnar la fantasía del lawfare. Esa teoría está a salvo de cualquier refutación porque es una papilla destinada a quienes ya creen en ella a priori, con independencia de evidencias fácticas o inconsistencias lógicas. Aun así, el abuso del concepto y su extravagante banalización, están produciendo un chiquero institucional frente al cual el Gobierno no parece invulnerable. Sobre todo el Presidente, que en una carrera acelerada hacia la autodestrucción va despojándose de los rasgos diferenciales por los que lo fueron a buscar.
Uno de los daños que el oficialismo se inflige a sí mismo deriva de la ocurrencia, formulada por la titular de la AFI, Cristina Caamaño, de codificar la figura del lawfare como un nuevo tipo penal a escala latinoamericana. Tal vez no sea la mejor estrategia que la vocera del saneamiento judicial sea la jefa de los servicios de Inteligencia. Queda mal. Hay otra razón por la que sería más conveniente cambiar de idea. Con ese cuchillo se pueden cortar. Si hay que legislar sobre lawfare, quiere decir que todavía no es delito. El día que lo sea, su aplicación no podrá ser retroactiva. Es decir, Macri y sus colaboradores estarán amparados de cualquier acusación. En cambio, podrán ser acusadores. Argumentos no les faltarían. Casi todas las denuncias que reciben están firmadas por dirigentes kirchneristas como Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau. Los planteos de esa “mesa judicial” son asumidos por jueces condescendientes. Por las dudas, desde su cuenta de Twitter la “presidenta” indica a los magistrados qué se espera de ellos. Los que no obedecen son denunciados en el Consejo de la Magistratura, donde existe una mayoría oficialista. Mientras tanto, una red de medios asociada al poder crea el ambiente para la “condena”. Es decir, para la difamación.
Para entender cómo la coartada del lawfare puede ser un búmeran para el kirchnerismo, basta detenerse en un expediente que ha quedado en primer plano en estos días. Es la causa en la que los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa se declaran víctimas de una extorsión por parte de Macri y varios colaboradores. El más destacado, el abogado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. López y De Souza fueron procesados por comprar compañías con los 8000 millones de pesos de la AFIP, que se quedaron ellos.
El caso está envuelto en un entramado de complicidades personales y políticas. Y deja al desnudo la pegajosa intimidad que existe entre el actual gobierno y el grupo de López y De Sousa. Hace falta remontarse mucho en el tiempo para encontrar, si es que se lo encuentra, un ejemplo semejante de contaminación entre el poder y los negocios. La ostentación de este vínculo desnuda un aspecto desagradable del Gobierno que hasta ahora Fernández consiguió disimular.
El corazón del desaguisado está en la obediencia con que la jueza María Servini de Cubría y el fiscal Guillermo Marijuan, conocidos desde hace unos días en tribunales como “Nu y Eve”, revisan las comunicaciones de Rodríguez Simón, y llegan de ese modo a unos 70 contactos, entre los que hay blancos predilectos del kirchnerismo. Entre ellos, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, viejo amigo de Rodríguez Simón; otro ministro de ese tribunal, Horacio Rosatti, con llamados anteriores a su designación como juez; directivos del Grupo Clarín, periodistas de ese diario y también de LA NACION. Entre los intercambios que se quieren investigar están los que mantuvo Macri durante los cuatro años en que fue Presidente. Se pretende saber, además, dónde se encontraban los titulares de esas líneas cuando conversaban entre sí.
El contenido de la investigación es publicado por los medios de López y De Sousa mucho antes de que se enteren los acusados. Lo que incluye comunicaciones de personas que ni siquiera están imputadas en la causa. Servini y Marijuan están practicando lo que en tribunales se conoce como “excursión de pesca”. Se piden informaciones en masa, a la espera de que aparezca algún dato político o procesal interesante.
No es la primera vez que Servini presta estos servicios. Apenas llegó Macri al poder, a pedido del jefe de la AFI, Gustavo Arribas, intervino durante cuatro meses el teléfono de Oscar Parrilli, en un expediente extraoficial. Así se conocieron las ya célebres conversaciones de Cristina Kirchner con Parrilli. El fiscal era Marijuan. Otra vez, “Nu y Eve”.
Servini explicó después que ella había ordenado la destrucción del material. Pero esas intervenciones fueron divulgadas por la prensa. Igual que los contactos de Rodríguez Simón. Parrilli, ya como senador, intentó penalizar la publicación de ese tipo de datos. Una aberración: el periodismo tiene la prerrogativa, y muchísimas veces la obligación, de dar a conocer informaciones, con independencia del modo en que sus fuentes las hayan obtenido. Esto vale para ambos casos. Como quedó consagrado en la memorable sentencia de “United States vs. The New York Times”, en un Estado de Derecho la responsabilidad es de los funcionarios que filtran contenidos resguardados por la ley.
Los intercambios telefónicos de Rodríguez Simón son detectados por una Dirección que depende de la Corte. La encabeza Juan Rodríguez Ponte, yerno de Alfredo Mangano, el crucial secretario de Servini. Más allá del orden formal, Cristóbal López estableció en su momento un productivo vínculo con Antonio Stiuso, de antigua convivencia con Servini. Máximo Kirchner fue, hace unos años, víctima de esa contratación.
Rodríguez Ponte es un protegido de Ariel Lijo y de Ricardo Lorenzetti. Esto no autoriza a afirmar que la maniobra esté alimentada por la legendaria rivalidad de Lorenzetti con su sucesor Rosenkrantz. Tampoco hay que especular con que detrás de Servini esté su amigo el binguero, Daniel Angelici, quien se odia con Rodríguez Simón.
Así como Servini ha sabido alegrar los días de sucesivos oficialismos, también conoce el mundo de los casinos, imperio de Cristóbal López. Ya en 2007 el Partido Obrero la acusó de ayudar a ese empresario, clausurando una sala de juego que podría ser tomada por trabajadores despedidos. En este caso Marijuan, cuya lucha contra la ludopatía es proverbial, estuvo ausente.
Los afectados por las indiscriminadas investigaciones de Servini y Marijuan sobre jueces y periodistas han pedido su nulidad a los camaristas de Casación Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani. Riggi y Gemignani fueron denunciados por el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura. Según la “presidenta”, sería un típico movimiento de lawfare.
Si el expediente de López y De Sousa tiene rasgos sorprendentes, se vuelve escandaloso cuando emerge su vinculación con la política. El abogado de De Sousa es Carlos Beraldi, el defensor de la señora de Kirchner. Fue el padrino de Marijuan en su ingreso a Tribunales. Son curiosidades al lado de este episodio insólito: anteayer, Aníbal Fernández apareció en C5N, el canal de López y De Sousa, para hacer una defensa desaforada de ambos empresarios. Y, de paso, pedir la captura de Rodríguez Simón, quien podría afectar la investigación ya que “se mete en la vida de los demás”. Este Fernández cruzó una nueva frontera. Porque, además de haber sido abogado de esos hombres de negocios, es funcionario del Poder Ejecutivo. Está al frente de la intervención de Yacimiento Río Turbio. Una curiosidad: Aníbal pidió cárcel para “Pepín” porque puede alterar las pruebas. Apenas llegó al poder, él pidió libertad para su amigo Julio De Vido, imputado por manejos en Río Turbio. De Vido puede, por lo tanto, influir en esa empresa. Con el criterio de Fernández, ¿no debería estar detenido? Siempre se sospechó sobre la calidad del título de abogado de Aníbal. Ahora hay quienes dudan, malvados, del diploma del colegio secundario.
El otro Fernández, el hijo del juez, el profesor de Derecho, guarda silencio. Sin embargo, debería explicar por qué un funcionario de su gabinete pide prisión para un ciudadano en defensa de empresarios que en su momento le pagaban el sueldo. Debería explicarlo sobre todo porque también él, el Presidente, cobraba honorarios de Cristóbal López. Pocas veces se vio semejante confusión entre lo público y lo privado, entre un gobierno y una empresa. Con un detalle: esa compañía pertenece a un sector, el juego, al que se benefició con dos reformas impositivas. Una de ellas está en curso: el actual proyecto de Ganancias elimina la tasa especial con que está gravada esa actividad.
Funcionarios que presionan, jueces que obedecen, medios que crean clima, empresarios que financian: el kirchnerismo se está convirtiendo en una usina de lawfare. Al coro se suman voces hora a hora. Ayer, cuando se conmemoraba el día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Estela de Carlotto aconsejó que “a Macri hay que meterlo preso lo antes posible”. Para alinearse con esta concepción hemipléjica de los derechos humanos, Alberto Fernández eligió la misma efemérides para abandonar el Grupo de Lima en solidaridad con la dictadura de Nicolás Maduro.
Como sostuvo Verbitsky, el sistema penal argentino, con sus imperfecciones, garantiza, por la sucesión de revisiones, una aceptable calidad en los procesos. Lo experimentó anteayer el juez Mariano Martínez de Giorgi, a quien los camaristas Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia ordenaron desarchivar las operaciones a través de las cuales el supuesto farmer Pedro Etchebest intentó corroer la causa por los cuadernos de Oscar Centeno. El famoso “Operativo Puf”. Etchebest es un personaje del submundo kirchnerista, asociado en su momento al falso abogado Marcelo D’Alessio. El modo en que montó su denuncia contra el fiscal Carlos Stornelli no fue bien investigado por De Giorgi, según los camaristas. Tampoco se sabe lo más interesante: si hubo empresarios procesados que financiaron la maniobra. Temas para Julián Ercolini, a cargo ahora del caso.
Sobre Martínez de Giorgi cae lluvia ácida. Como publicó en este diario Hugo Alconada Mon, llegaron desde Brasil pruebas sobre las coimas pagadas por Odebrecht, en una operación organizada por Ángelo Calcaterra y Jorge “Corcho” Rodríguez, para el soterramiento del Sarmiento. Para evitar que involucraran a sus hijos, el colaborador de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, había confesado ante el fiscal Franco Picardi cómo fueron las negociaciones. Vázquez quedó internado por un problema cardíaco. Martínez de Giorgi aprovechó para sobreseer a su familia. Cuando el exfuncionario llegó al juzgado, ya no era necesario ratificar su versión ante Picardi. Le dijo al juez que había mentido. El juez aceptó. Confiaba en que, como le habían prometido en el Gobierno, lo nombrarían camarista. El responsable político del caso era Arribas.
Alberto Fernández dialogó ayer con el presidente del Banco Mundial, David Malpass. ¿Sabrá que fue quien, desde la Subsecretaría del Tesoro, levantó el pulgar para que el FMI diera el crédito para la Argentina? Tal vez no está enterado. En el comunicado que emitió después de la reunión, Malpass comenzó consignando que, en el Día de la Memoria, el Banco reafirmaba su compromiso con la transparencia y la fortaleza institucional en la región. Se ve que él sí sabía con quién estaba hablando.
