DIEGO HERNÁNDEZ *

La minería ha jugado y jugará un rol clave en el desarrollo económico y social del país, y ello será aún más evidente en el periodo post pandemia con su relevante contribución y aporte a la reactivación económica del país. 

Sin embargo, el escenario inmediato es incierto por cuanto, en primer lugar, está latente la posibilidad de una nueva ola de contagios de Covid que obligue a la autoridad a aplicar nuevos confinamientos, como está ocurriendo actualmente con los anuncios de retrocesos en distintas regiones del país.

Adicionalmente, viviremos en los próximos meses el inicio de un proceso constituyente, que comenzará a partir de la elección en abril próximo de los constituyentes, que a no dudarlo abre una serie de interrogantes para todos los sectores productivos.

Estamos fuertemente comprometidos en participar activamente en el proceso, haciéndoles llegar a los constituyentes nuestra posición y la necesidad de mantener los elementos básicos que han permitido el desarrollo de esta potente actividad productiva.

En ese sentido, consideramos de vital importancia mantener las bases regulatorias que han permitido el desarrollo de los tres pilares productivos de la minería chilena, esto es el pilar estatal conformado por Codelco; el pilar de las empresas privadas de la gran minería, conformada por inversionistas nacionales y extranjeros; y los inversionistas privados nacionales de la pequeña y mediana minería.

Asimismo, consideramos este proceso como una oportunidad para precisar y mejorar la actual regulación constitucional de Codelco, que seguramente mantendrá su rango constitucional en la nueva Carta Magna. Por lo mismo, consideramos que los principios y bases aplicables al segundo y tercer pilar, conformados por la minería privada, debieran también tener una regulación de grado equivalente, a fin de proteger y fomentar su desarrollo. 

Para ello estimamos conveniente mantener en primer lugar las normas y principios fundamentales que regulan la actividad empresarial en general, garantizándosele un trato justo y equitativo por parte del Estado. Y creemos firmemente que la regulación de detalle de los principios fundamentales que permiten el desarrollo minero debiera quedar entregada a una ley de quórum superior, que dé una señal clara de certeza y estabilidad de su regulación, que permita a la minería jugando un rol activo en el desarrollo del país.

* Presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI)