Dos miradas contrapuestas sobre las tarifas de gas
ROBERTO CARNICER *
El precio del gas pagado por “doña Rosa” (usuario residencial) está formado por tres eslabones de la cadena: el precio de gas en boca de pozo (que se establece por subasta entre las distribuidoras de gas y Cammesa con los productores), la tarifa de transporte por el servicio de transportar desde la boca de pozo por la red troncal de gasoductos a la distribuidora regional y, por último, la tarifa por el servicio de distribuir el gas a las viviendas de su región.
A las tarifas las regula el Enargas según el tarifario de la Revisión Integral de Tarifas (RTI) de 2017, exigido por la Ley de Gas de 1993. Desde la aplicación de la ley hasta el presente, solo se produjeron dos RTI (la primera en 1998, luego los gobiernos amparados en la ley de Emergencia Económica no las concretaron, y la segunda finalmente en 2017), cuando esta revisión debe generarse cada 5 años.
El precio del gas pagado por el usuario residencial, normalmente se actualiza semestralmente: en los meses de abril y octubre, quedando congelado en pesos de abril a septiembre y de octubre a marzo. El mecanismo para establecer el precio de gas en boca de pozo para la demanda prioritaria –residenciales (distribuidoras de gas) y centrales térmicas (Cammesa)– ha sido claramente establecido por el decreto 892/2020, y consiste en una subasta con precio máximo para los próximos 4 u 8 años, en dólares a tasa de cambio oficial. Las tarifas (transporte y distribución) se fueron actualizando por índices que acompañan a la inflación.
¿Qué es lo que sucede actualmente? Desde abril de 2019 hasta el presente no hubo ningún aumento de precios al sector residencial (debemos recordar las inflaciones de 2019 y 2020, en torno del 40%). No aumentó el precio de gas y tampoco se produjeron aumentos en las tarifas de transporte y de distribución.
Una vez entendido cómo se forma este nudo georgiano, podemos aportar una alternativa para desenredarlo. La realidad nos demuestra que, para seguir disponiendo de cualquier servicio, hay que actualizar el precio de gas y las tarifas, paulatina y sistemáticamente. Y, lo más importante, comunicar a la población sobre el impacto en la producción y en los servicios si no se reconoce el aumento genuino de un sector congelado desde hace dos años para la demanda residencial.
El costo de no aumentar las tarifas sólo provocará un atraso mayor, al que se le suman los dos años de atraso tarifario con inflaciones de 40%. La bomba que se está formando explotará en algún momento cada vez más cercano, y no tendremos ni producto ni servicio. Nuestra salida, entonces, será recurrir a importaciones con precios internacionales, que no sólo resultan más caros que el precio doméstico, sino que además serán subsidiados por el Estado -invisible directamente a la cartera de doña Rosa, pues los pagarán los que trabajan en blanco vía más impuestos-. Y el sistema de transporte y distribución dejará de ser eficiente para los sectores productivos, de los cuales el residente tampoco se enterará. Que el Estado subsidie a la demanda (letra chica del Plan Gas.AR) solo dejará la opción de emitir, generando más inflación.
El no cumplimiento del compromiso del Estado sobre pago del precio de gas en boca de pozo a los productores según el plan Gas.AR (noviembre 2020) implicará seguir viviendo en un eterno déjà vu de engaños del que no habrá ningún efecto y, de esa manera, destruir la confianza de los sectores productivos y provocando la caída de la producción de Vaca Muerta y del Off Shore de Cuenca Austral.
Solo la transparencia en la comunicación, sin adjetivación política, permitirá corregir los atrasos que impiden el desarrollo de nuestra potencialidad energética.
* Director del Área Energía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Austral
Radio El Destape
"El proyecto que se presentó ayer es un cambio de paradigma respecto a lo que hizo Juntos por el Cambio con las tarifas en cuatro años".
"Durante el macrismo se perdieron cerca de 800 mil beneficiarios de la tarifa social de gas; y eso en paralelo al incremento sideral de las tarifas y la pérdida del poder adquisitivo".
"El proyecto se basa en un mecanismo de financiación de un fondo fiduciario que permite generar los recursos para asistir a las zonas frías".
"El proyecto amplía ese beneficio en tres millones de personas: son tres millones de beneficiarios, de los cuales 2,6 millones recibirán un treinta por ciento de descuento en su factura y casi 500 mil recibirán un cincuenta por ciento de descuento".
"Esto no requiere de subsidios adicionales, porque se financia a través de un recargo de cuatro o cinco pesos de todos los usuarios del servicio público; el recargo es insignificante".
