NÉSTOR O. SCIBONA *

La imprevisibilidad y falta de coordinación son el modus operandi del gobierno del Frente de Todos, que se acentuó después de las elecciones legislativas. Así, cualquier proyecto personal, familiar o empresarial puede cambiar de un día para otro a través de medidas aisladas y espasmódicas, que no solo van a contramano del sentido común sino de los objetivos que el propio oficialismo dice perseguir para “tranquilizar” la economía.

Sin un programa económico a la vista y con discrepancias indisimulables dentro del gabinete, el factor sorpresa produce invariablemente un deterioro de las expectativas a corto y mediano plazo.

Una prueba es la prohibición del Banco Central (BCRA) para la venta en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes al exterior y servicios de viaje, impuesta apenas cuatro horas antes del arranque del Blackfriday, con el cual las agencias de turismo preveían recuperar parte de las enormes pérdidas sufridas a lo largo de casi dos años por la pandemia de Covid.

A nivel microeconómico esta restricción produce múltiples trastornos. No distingue entre viajes en avión, ómnibus o barco ni sus destinos. Tampoco que los motivos sean de placer, estudios, negocios, tratamientos médicos o visitas a familiares típicas de fin de año. Pero también puede provocar una reducción en el número de vuelos –cuyas frecuencias son autorizadas mes a mes–, que afectará el flujo de turistas extranjeros y resultará contradictoria con la reciente autorización para que abran cuentas bancarias en dólares con un tipo de cambio más alto (dólar MEP, ahora en torno $203 tras el fin de las intervenciones oficiales), a fin de sumar reservas y evitar que se escurran en el mercado paralelo con una brecha cambiaria de 100%.

No solo eso. A nivel macroeconómico, el BCRA acaba de admitir implícitamente que se encendió la luz de alarma de reservas líquidas en el fondo del tanque, por más que la portavoz presidencial haya afirmado ayer que son “robustas” y la medida es “momentánea”, aunque no tenga límite de vigencia.

Con esta señal, sólo cabe esperar más restricciones a la salida de divisas, aunque ya se sabe que esto implicará cerrar aún más su entrada. Sobre todo, si no se logra cerrar el acuerdo con el FMI para fin de diciembre como prometió el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Mientras sobran pesos y faltan dólares, los mercados descuentan una próxima corrección cambiaria y la única duda es si será gradual o abrupta, con o sin acuerdo respectivamente. Incluso algunos analistas no descartan que el BCRA gestione un préstamo con la garantía de las reservas de oro depositadas en el Banco de Basilea (BIS) o busque convertir a dólares una porción del swap con China, como ocurrió en 2009 (US$500 millones), aunque ahora el gobierno de Pekín exige que haya acuerdo previo con el Fondo. Nada que ver con el deseable objetivo de movilizar al menos una mínima parte de los US$250.000 millones declarados y atesorados por argentinos, que se mantienen fuera del circuito económico por desconfianza, regulaciones, controles o históricas estafas estatales.

Otra contradicción del oficialismo es haber aprobado en Diputados, al día siguiente de las elecciones, el dictamen de la controvertida ley que crea una tasa de hasta 3% sobre todos los productos envasados que impactará en los precios, justo en pleno rebrote de inflación pese al teórico congelamiento hasta el 7 de enero de 1400 marcas y variedades.

Según el proyecto, dicha tasa será destinada a un Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (Fonager) administrado por el Ministerio de Ambiente, a cargo del camporista Juan Cabandié. Para más datos, esta iniciativa (plagada de buenas intenciones, siglas y exigencias burocráticas), fue presentada a fin de octubre por Máximo Kirchner y apoyada por Juan Grabois. Pero no oculta varios despropósitos a lo largo de su texto de 42 artículos en 33 páginas, un tercio de las cuales corresponde al anexo con los complejos criterios para determinar la Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (Tarep) y las sanciones por incumplimientos.

Uno de esos despropósitos es que, de ser sancionada, no se aplicaría sobre los envases sino sobre el precio mayorista de venta. Por ejemplo, dos marcas de bebidas con precios diferentes en similares botellas plásticas no pagarán lo mismo, aunque el costo de reciclado sea idéntico. Otro, que no se trata de una tasa (porque queda difusa cómo sería la contraprestación estatal), sino un nuevo impuesto distorsivo y en cascada como Ingresos Brutos, que se trasladará a los consumidores. Y un tercero, pero no menos importante, es que creará una nueva y fenomenal “caja política”: el economista Fausto Spotorno calcula que la recaudación anual podría ubicarse entre $ 300.000 y 420.000 millones, comparable con la del “Aporte Solidario” a las grandes fortunas que se aplicó este año.

El proyecto solo explica que 85% se destinará al Fonager, entre otros objetivos, para incluir a las trabajadoras y trabajadores recicladores en la gestión integral de envases post consumo y garantizar condiciones laborales óptimas para sus tareas; 10% al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), para fortalecer capacidades productivas de valorización y reciclado y el 5% restante al INTI para servicios de capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnologías de reciclaje.

Por lo pronto, el Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa) consideró inconstitucional el proyecto por ignorar la función de las provincias. En este sentido, advierte que el Ministerio de Ambiente asiste financieramente a sólo 3% de los municipios (70 sobre un total de 2170 en todo el país) y la ley significaría un avance del Estado nacional sobre los regímenes municipales.

De hecho, la autoridad de aplicación será asistida por un consejo consultivo ad honorem integrado por cinco ministerios nacionales, el INTI, más un representante designado en cada caso por entidades productoras de envases; de productos alimenticios; de trabajadores recicladores; de industrias recicladoras; de entidades de consumidores; del Consejo Federal de Medio Ambiente y de la Federación Argentina de Municipios.

Nueva burocracia

Tanta estructura estatal y complejidad burocrática, financiada con un impuesto específico, no parece ser el camino más recomendable para mejorar las condiciones laborales de 200.000 cartoneros que se ocupan de recolectar envases (en su mayoría con tracción personal a sangre, prohibida para los animales hace más de 60 años) y entregarlos a cooperativas encargadas de separarlos por tipo de material para su envío a plantas privadas de reciclaje. En España, por caso, esta tarea está a cargo de una ONG sin fines de lucro (Ecoembes) que negocia con municipios y recicladores privados.

La única buena noticia es que, pese al apuro oficialista, la ley difícilmente sea aprobada cuando el FdT pase a ser primera minoría en Diputados y pierda la mayoría en el Senado a partir del 10 de diciembre.

Con su nueva configuración, el Congreso deberá ocuparse de diseñar una nueva ley de alquileres, tras el fracaso de la sancionada hace 17 meses que desplomó la oferta de viviendas y elevó los precios debido al exceso de intervencionismo estatal. Sin embargo, la anunciada suspensión por 180 días deja al mercado inmobiliario en una zona gris. Otro tanto ocurre con la intención de reflotar en 2022 el blanqueo de dólares y pesos no declarados para destinarlos a la terminación o construcción de nuevos inmuebles. Este año rigió por cuatro meses, pero la AFIP lo reglamentó con tanta demora que también terminó en otro fracaso del Gobierno. Igual que el cepo a la exportación de carnes, que ahora se hace sentir en los precios.

* Periodista, consultor en temas de comunicación periodística e institucional